Cuando Markwayne Mullin asumió el cargo de secretario del problemático Departamento de Seguridad Nacional hace dos meses, les dijo a sus antiguos colegas del Senado que su objetivo era asegurarse de que “no fuéramos la noticia principal todos los días”. Hasta ahora, en gran medida lo ha logrado.
Las imágenes de agentes federales de inmigración sacando a la fuerza a personas de sus vehículos y hogares ya no son virales. Las “deportaciones masivas” sin distinción que prometió el presidente Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca se han atenuado en favor de operaciones más dirigidas y menos ostentosas.
Y, si bien el miedo y la ira persisten en las comunidades de inmigrantes, las protestas diarias que se extendieron por Minneapolis y muchas otras ciudades han disminuido notablemente.
Sin embargo, todavía no está claro si el giro estratégico de Mullin es temporal o permanente. Lo que suceda durante las próximas semanas será determinante para aclararlo y, al mismo tiempo, para saber si la administración Trump perderá aún más popularidad de cara a las elecciones de mitad de mandato.
Una reciente encuesta de Politico reveló que el 50% de los estadounidenses, incluido el 25% de quienes votaron por Trump en 2024, considera que la campaña de control de la inmigración del Gobierno ha sido demasiado agresiva y que está aumentando la inseguridad en las ciudades.
Únicamente el 11% opina que los agentes federales no han sido lo suficientemente agresivos. Por lo tanto, no es de extrañar que el 50% de los estadounidenses también apoye la abolición del ICE.
Cabe destacar, y tal vez como era de esperar, los índices más altos de desaprobación provienen de los latinos, un bloque de votantes que Trump se ganó con un 46% de apoyo en las recientes elecciones, el mejor resultado para un candidato presidencial republicano en la historia moderna.
En la actualidad, solo una tercera parte de los votantes latinos valora de forma positiva sus políticas, lo que eleva las probabilidades de que se den casos de manipulación electoral (dummymander) en algunos de los estados donde los republicanos se han precipitado a rediseñar sus distritos electorales a pedido de Trump.
Sin embargo, Trump ha fijado el 1 de junio como fecha límite para que el Congreso apruebe un proyecto de ley de conciliación presupuestaria que destinaría unos US$70.000 millones al DHS para financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza hasta 2029.
Esto se sumaría a los US$170.000 millones que Trump envió a estas agencias el año pasado como parte de la “One Big Beautiful Bill” (Ley fiscal).
Además, a finales de la semana pasada, el Washington Post informó de que el Departamento de Seguridad Nacional está retomando los planes para convertir depósitos en centros de detención para decenas de miles de inmigrantes.
En uno de sus primeros actos oficiales como secretario, Mullin suspendió la compra de nuevos almacenes y anunció una revisión, en parte para abordar la fuerte reacción pública y las demandas presentadas por al menos cuatro estados.
Que desde entonces haya cedido es solo un ejemplo de la inevitable incoherencia de las políticas migratorias de la administración Trump, constantemente divididas por fuerzas políticas contrapuestas.
Después de que agentes de inmigración mataran a dos estadounidenses en Minneapolis a inicios de este año, Trump prometió una política de control más flexible. El director interino de ICE, Todd Lyons, renunció, seguido más recientemente por el jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks.
Mullin ordenó que los agentes de inmigración recibieran más capacitación. Y Trump ha estado impulsando el cambio de nombre de ICE a NICE, siglas de National Immigration and Customs Enforcement (Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas).
No obstante, a inicios de este mes, el asesor fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, lanzó un discurso alarmista en la Exposición de Seguridad Fronteriza en Arizona, alardeando de que “se avecinan deportaciones masivas” y que todos los inmigrantes indocumentados, no solo los que han cometido delitos, son un objetivo legítimo.
“Para aquellos que dicen que ‘el presidente Trump se está ablandando en materia de deportaciones masivas’, no tienen ni idea de lo que están hablando”, afirmó.
Mullin, quien se vio en la necesidad que explicar los mensajes contradictorios y habló con Newsmax el mismo día que Homan estaba en Arizona, insistió: “Estamos tratando deliberadamente de ser un poco más discretos”.
Resulta difícil imaginar cómo el uso de miles de millones de dólares de los contribuyentes para abrir y administrar centros de detención en suburbios y pueblos pequeños de todo EE.UU. contribuirá a lograr ese objetivo.
Consideremos una encuesta reciente de AP-NORC, que reveló que los estadounidenses que se han visto afectados personalmente por la campaña de control migratorio de Trump tienden a tener una opinión más negativa al respecto, llegando incluso a considerar que está convirtiendo a Estados Unidos en un lugar menos atractivo para los inmigrantes.
Aproximadamente un tercio de los ciudadanos de EE.UU. ya se encuentran en esta situación, afirmando que ellos o alguien que conocen ha empezado a portar prueba de su ciudadanía, ha sido detenido o deportado, o ha cambiado sus planes de viaje. Estos estadounidenses son, en su gran mayoría, demócratas.
Al abrir centros de detención en lugares, usualmente rurales, que históricamente están muy alejados de la lucha nacional por la aplicación de las leyes de inmigración, la administración Trump está exponiendo la realidad de sus políticas a más estadounidenses, muchos de los cuales resultan ser republicanos.
La semana pasada, por ejemplo, Social Circle, un suburbio de Atlanta que apoya a Trump, demandó al DHS por su plan de convertir un almacén en un centro de detención.
Los residentes se quejaron de que los hasta 10.000 inmigrantes que serían retenidos allí no solo triplicarían la población del suburbio, sino que saturarían el sistema de alcantarillado local, lo que representaría un riesgo para la salud pública.
Estos residentes podrían descubrir, al igual que las autoridades de California con los centros de detención de su estado, que las condiciones son inhumanas y que carecen de acceso a alimentos, agua y atención médica.
El Departamento de Seguridad Nacional también anunció hace poco el cierre de la oficina encargada de investigar las quejas sobre dichas condiciones, eliminando así un mecanismo de supervisión.
Cuanto más ignore la administración Trump la opinión pública al redoblar sus esfuerzos por las deportaciones masivas, más difícil será para los republicanos evitar una derrota en las elecciones de mitad de mandato, incluso con la manipulación de los distritos electorales. Sin duda, Mullin preferiría no leer esa noticia principal.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
Lea más en Bloomberg.com
