En Colombia, las elecciones primarias han dejado a los apasionados de la política en éxtasis y a los economistas intranquilos.
Los resultados, que han superado las expectativas, de la senadora de centroderecha Paloma Valencia han convertido la elección presidencial del 31 de mayo en una contienda a tres bandas, en la que el candidato de izquierda Iván Cepeda y el candidato de línea dura Abelardo de la Espriella también compiten por las dos plazas para una eventual segunda vuelta.
La llegada de Valencia da más emoción a una contienda que ahora parece totalmente abierta: quien suceda a Gustavo Petro podría ser uno de sus aliados ideológicos más cercanos, un protegido de su némesis, el expresidente Álvaro Uribe, o un outsider caricaturesco y ajeno al sistema, sin experiencia en cargos públicos
Para cualquier politólogo nórdico fascinado por la compleja dinámica electoral, esto resulta irresistible; garantiza una campaña apasionante hasta la probable segunda vuelta del 21 de junio.
Asimismo, la fragmentación de la política colombiana, como se refleja en el nuevo Congreso, donde ningún partido cuenta con más de una cuarta parte de los escaños en ninguna de las dos cámaras, deja entrever que, sin importar la orientación ideológica del próximo Gobierno, este deberá buscar el consenso si desea aprobar leyes y llevar a cabo reformas.
Es algo que debería preocupar a los inversionistas y a los responsables políticos, ya que Colombia se encuentra frente a una crisis fiscal inminente que, hasta el momento, ningún candidato se ha mostrado dispuesto a abordar.
Ante la ausencia de recortes presupuestarios significativos en una campaña enfocada en la inseguridad, la corrupción y la atención sanitaria, el próximo presidente no llegará al cargo con un mandato popular que le permita imponer la austeridad que el país andino podría pronto necesitar.
Las cifras son desalentadoras: Colombia concluyó el año 2025 con un déficit primario del 3,5% del PIB, el mayor déficit presupuestario de los últimos treinta años, exceptuando los periodos de crisis. Al incluir los pagos de intereses, el déficit asciende al 6,4% del PIB; podría haber superado el 8% de no ser por las maniobras de gestión de la deuda realizadas por el gobierno de Petro.
El CARF (Comité Autónomo de la Regla Fiscal), el organismo fisca- lizador del país, ha calculado que volver a cumplir con la regla de deuda de Colombia, suspendida por Petro en el 2025 en su intento por liberarse de las restricciones de gasto, requerirá un ajuste fiscal del 4,5% del PIB hasta 2028.
Esto implica que el próximo gobierno tendrá que invertir un capital político considerable para mantener un ajuste presupuestario confiable de más de un punto porcentual del PIB al año. La alternativa es arriesgarse a una crisis de confianza de los inversores.
Los swaps de incumplimiento crediticio a 5 años de Colombia, que ya cotizaban con diferenciales soberanos más elevados que los de países de la región como Chile, Perú, México o incluso Brasil, alcanzaron este 6 de marzo, justo antes de las primarias, su máximo en 10 meses, al situarse en 241 puntos básicos, si bien se relajaron ligeramente cuando los inversionistas reaccionaron positivamente a los resultados electorales.
Si bien el Ministerio de Finanzas declaró la semana pasada que su objetivo es reducir el déficit al 5,1% del PIB en 2026 mediante la disminución del gasto y del servicio de la deuda, ofreció pocos detalles sobre cómo lograría una meta tan ambiciosa.
La idea de que el derrochador Petro pueda implementar una fuerte contracción fiscal durante sus últimos cinco meses en el cargo también resulta inverosímil. Al parecer, en cambio, está eludiendo el problema para quien le suceda.
Es cierto que los problemas fiscales de Colombia no comenzaron con su extravagante y locuaz presidente. El país ha acumulado déficits estructuralmente más altos desde la pandemia y perdió su calificación crediticia en 2021 bajo el mandato del expresidente Iván Duque.
No obstante, Petro ha empeorado la situación, acelerando el gasto en medio de persistentes presiones inflacionarias.
Su administración se basó en proyecciones de ingresos optimistas, subestimó las presiones de gasto y adoptó políticas cuestionables, como elevar el salario mínimo muy por encima de la inflación e intentar socavar la credibilidad del banco central en la lucha contra la inflación.
La decisión en octubre de cancelar la línea de crédito flexible a dos años aprobada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) eliminó una salvaguarda financiera adicional.
Ciertamente, la posibilidad de un triunfo del centro o de la derecha incrementa las probabilidades de que se adopten políticas económicas más ortodoxas, lo que permite explicar por qué los mercados reaccionaron favorablemente tras los resultados de las primarias.
Aun así, ese giro hacia políticas favorables al mercado todavía parece un acto de fe. De acuerdo con Polymarket, Cepeda mantiene el liderazgo en las encuestas con un 43% de intención de voto.
Y aunque se instale un gobierno favorable a las empresas, sería políticamente arriesgado para cualquier presidente colombiano, limitado a un único mandato de 4 años sin posibilidad de reelección, dedicar una gran parte de su mandato a la aplicación de medidas de austeridad.
Hubo un tiempo en que la disciplina fiscal de Colombia era motivo de orgullo nacional. A diferencia de la mayoría de sus vecinos, no ha incurrido en cesación de pagos de su deuda soberana en casi un siglo.
Preservar ese impresionante historial recaerá ahora en el próximo presidente, quien pronto podría descubrir que sanear las finanzas de Colombia es mucho más difícil que ganar unas elecciones sumamente competitivas.
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