Bogotá — Venezuela quedó excluida por falta de datos de un reporte reciente sobre inseguridad alimentaria elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Sin embargo, el documento revela con “especial preocupación” la situación en Colombia, donde habría 3,5 millones de personas con inseguridad alimentaria grave, entre ellos, un importante número de migrantes venezolanos.
La inestabilidad social y la crisis económica son, a juicio de las organizaciones, los factores clave de la inseguridad alimentaria que afecta a Colombia y a los migrantes venezolanos en el país.
“El número de personas desplazadas se duplicó con creces de enero a mayo de 2021 en comparación con el mismo período en 2020, y al menos 27.000 personas han sido confinadas debido a la inseguridad. La mayoría de los hechos violentos ocurren en áreas rurales y afectan a poblaciones campesinas y étnicas; podrían seguir debilitando las capacidades productivas de las comunidades vulnerables y aumentar la dependencia de la asistencia alimentaria”, se lee en el documento.
Colombia hace parte de un grupo de países con graves problemas para garantizar la alimentación, que incluye a Afganistán, Burkina Faso, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Haití, Honduras, Sudán y la República Árabe Siria.
Junto con Chad, la República Popular Democrática de Corea, Myanmar, Kenia y Nicaragua, el país suramericano se ha agregado a la lista de “puntos críticos” en comparación con la edición de marzo de 2021 del informe.
En el documento, se da cuenta de que Colombia no está garantizando no solo el acceso a los alimentos a su población, sino que tampoco lo está haciendo con los cerca de 1,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, de los que el 73 % estaba al borde del hambre en 2020.
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En este sentido, se sugieren acciones anticipatorias como “la distribución de efectivo a las personas más vulnerables en áreas rurales y urbanas para mitigar el impacto de los incrementos esperados en los precios de los alimentos”.
Para ello, “se necesitan US$34,6 millones que garanticen el acceso a la comida, la nutrición y los medios de vida con los que apoyar a los migrantes venezolanos y a las comunidades de acogida en las zonas rurales fronterizas mediante la rehabilitación de los sistemas de agua, la producción rápida de alimentos y forrajes, y la entrega de alimentos de emergencia”.
De otra parte, se tiene que Guatemala, Honduras y Nicaragua afrontarán la inseguridad alimentaria ante “una posible reducción en sus cosechas y los efectos socioeconómicos de la pandemia”.
“La falta de alimentos podría afectar a 3,5 millones de personas en Guatemala y a 3,3 millones en Honduras, mientras que en Nicaragua alrededor de 300.000 personas tienen un consumo de alimentos insuficiente y es probable que su situación empeore en los próximos meses”.
Entre tanto, alrededor de 4,4 millones de personas se enfrentaron a una inseguridad alimentaria aguda entre marzo y junio de 2021 en Haití, en donde “la inestabilidad macroeconómica” junto “al impacto de las condiciones secas en la temporada agrícola principal” y el “empeoramiento de la situación de seguridad en medio de la crisis política” son los detonantes de la situación.
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A falta de información oficial, en Venezuela se manejan cifras extraoficiales sobre este tema, como las recabadas por la Academia local en su reputada Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).
En su última edición, de 2020, se da cuenta de que de cada cuatro hogares venezolanos, en al menos uno hay Inseguridad Alimentaria Severa (IAS).
“En el 2018 de cada 10 hogares solamente 1 podía categorizarse como Sin Inseguridad Alimentaria (SIA) y según la última medición (ETA 2020) habría solamente 3% en esa condición. En contrapartida crece el porcentaje de hogares en Inseguridad Alimentaria Moderada (IAM) porque más allá de la preocupación por la falta de alimentos también hay ajustes en la disponibilidad de recursos que afectan la calidad de la dieta”, se concluye en los resultados de la Encovi 2019-2020.
