Bloomberg — En los últimos dos años, todos los edificios que la agencia inmobiliaria de Margarita Gandía ha vendido en el Viejo San Juan, excepto uno, han ido a manos de un estadounidense o a un comprador extranjero. Todos los compradores citaron las generosas exenciones fiscales de Puerto Rico como la razón de su traslado.
La entrada de riqueza extranjera a Puerto Rico, en particular los que cuentan sus riquezas en bitcoin (XBT), ether (XET) y otras criptodivisas, ha alcanzado un máximo histórico. Igualmente ha causado frustración con un sistema de impuestos que, según muchos locales, está inflando una burbuja inmobiliaria que está haciendo insostenible la vida en la isla.
“Solíamos tener una comunidad vibrante aquí”, dijo Gandía sobre las calles empedradas y las fortalezas españolas de la ciudad colonial, donde ha visto los precios duplicarse o triplicarse en pocos años. “Desde que dejamos entrar a la gente sin restricciones, estamos perdiendo grandes partes del Viejo San Juan. Los puertorriqueños locales no pueden permitirse vivir aquí”.
Mientras tanto, en las calles de la capital, aparecen fotos de ricos inversores en criptomonedas e inmuebles con el pie de foto: “This is what our colonizers look like” (“Así se ven nuestros colonizadores”).
En el centro de la controversia está el incentivo al “inversor residente”, comúnmente conocido como Act 22 (Ley 22: Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico), que atrae a las personas ricas con la promesa de eludir legalmente el impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos. Una vez que son residentes de Puerto Rico, pagan cero impuestos sobre las ganancias de capital, los dividendos y los intereses, lo que resulta especialmente atractivo para los poseedores de criptomonedas.
Pero esas ventajas no están disponibles para los que ya viven en el territorio estadounidense, donde la mayoría de la gente paga impuestos sobre las ganancias de capital de alrededor del 15% y la economía ha experimentado dificultades durante una década.
“Hay un problema de competencia desleal aquí”, dijo la semana pasada el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández, al anunciar sus planes de examinar todos los incentivos fiscales de la isla. “El capital local no está sujeto a las mismas reglas. Tenemos que moderar esto”.
Los defensores de la Ley 22 y otros incentivos dicen que están atrayendo una oleada de continentales conocedores de la tecnología que están devolviendo a la comunidad a través de su poder adquisitivo, los impuestos sobre las ventas y la propiedad, y la creación de empresas. Los beneficiarios de la Ley 22 también están obligados a donar US$10.000 al año a organizaciones benéficas locales y a comprar una casa.
La isla necesita todos los ingresos posibles. El martes, tras un calvario de cuatro años, el gobierno salió de una bancarrota sin precedentes que le obligará a pagar unos US$3.400 millones al año para el servicio de su deuda y del sistema público de pensiones. Y a menos de que pueda encontrar nuevas fuentes de ingresos o poner en marcha la economía, el gobierno podría volver a tener déficits en 2035.
Mientras tanto, la llegada de ricos provenientes de los EE.UU. que se hacen con bienes inmuebles en la deprimida economía de Puerto Rico “parece un acaparamiento de tierras”, dijo Juan López Bauza, un escritor y traductor que vive en el Viejo San Juan.
“El negocio de la gente de la Ley 22 es comprar propiedades y convertirlas en Airbnb o especular con ellas”, dijo. “Están haciendo que ni siquiera pueda permitirme vivir en mi propia ciudad, el lugar donde llevo 30 años”.
Los precios de las viviendas en toda la isla han aumentado un 24% en los últimos dos años, según la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda. Pero en las zonas más populares entre los inversores de la península, como el municipio de Dorado, la comunidad de Condado y el distrito histórico el Viejo San Juan en la capital de San Juan, los valores se están disparando, convirtiéndolas en enclaves de habla inglesa para los más ricos.
“Varias fuerzas impulsan el auge, entre ellas el movimiento de work-from-anywhere (trabajo desde cualquier lugar o remoto), la falta crónica de vivienda y una explosión de Airbnb y unidades de alquiler a corto plazo”, dijo Raúl Santiago, profesor de planificación urbana en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras.
Pero los incentivos son un blanco fácil y fomentan la creencia de que el gobierno está extendiendo la alfombra roja para los provenientes de los EE. UU. a expensas de los puertorriqueños promedio. “Los incentivos son increíblemente impopulares”, dijo Santiago.
Sol, Diversión, Exenciones fiscales
Cuando la pandemia afectó a la ciudad de Nueva York en 2020, el comerciante de criptomonedas Mitchell Dong se puso a buscar un nuevo hogar. Visitó Florida, Alaska y Hawai antes de caer en Puerto Rico.
Dando un discurso al margen de una conferencia sobre criptomonedas celebrada en diciembre, Dong dijo que el territorio estadounidense de 3,3 millones de habitantes ofrece una mezcla de arquitectura colonial y encanto latino que le resultó irresistible.
“Obviamente, estamos aquí por los impuestos: Por eso todo el mundo viene aquí”, dijo Dong, fundador y CEO de Pythagoras Investments, un fondo de cobertura de criptomonedas que, según dice, tiene US$100 millones bajo gestión. “Pero enseguida hemos encontrado una comunidad de expatriados y criptomonedas superamigable. Nuestra vida social es bastante buena”.
Manuel Cidre, secretario de desarrollo económico y comercio de Puerto Rico, dijo que hay que distinguir entre aquellos que, como Dong, están creando negocios o produciendo ingresos gravables y aquellos que sólo buscan evadir impuestos sobre las ganancias de capital y los dividendos.
“Si vienen aquí sólo para comprar una casa, jugar al golf y disfrutar del clima, no quiero que paguen cero impuestos”, dijo. Sugirió que la isla podría empezar a cobrar algunas ganancias de capital en virtud de la Ley 22 y seguir siendo competitiva en comparación con el continente.
Al igual que muchas jurisdicciones, los incentivos fiscales de Puerto Rico están diseñados para apoyar a sectores estratégicos como la industria, la sanidad y el turismo. Muchos recién llegados también están aprovechando los incentivos diseñados para las empresas de exportación de servicios, que ofrecen una tasa de impuesto del 4% frente a la tasa estándar de la isla, que es de aproximadamente el 35%.
“A medida que Puerto Rico sale de la quiebra, es importante ver si todos los incentivos están funcionando”, dijo Jesús Santa, el jefe de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
“Si el incentivo es bueno, explíquenlo, muéstrenme los números, pero no vengan aquí con teorías y filosofías”, dijo. “Necesitamos saber qué incentivos deben permanecer, cuáles se pueden mejorar y cuáles hay que eliminar”.
En una isla que perdió un abrumador 12% de su población entre 2010 y 2020, más que cualquier otra jurisdicción estadounidense, los incentivos pueden detener la decadencia demográfica, dijo Santa.
“Durante décadas hemos utilizado nuestros incentivos para traer gente del extranjero”, dijo. “Eso no es malo, pero también tenemos que trabajar con la gente que ya está aquí”.
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Este artículo fue traducido por Andrea González
