:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/KB2JNW3KWFBMXC3SR2NXO5LFBQ.jpg "El sistema de teleférico TransMiCable sobre el barrio de Ciudad Bolívar en Bogotá, Colombia, el jueves 30 de mayo de 2019")
Bogotá — Mucho antes de la campaña a la Presidencia, Gustavo Petro criticó el modelo de estratificación socioeconómica de Colombia y ahora en su Gobierno busca modificar esta clasificación social como base para el otorgamiento del subsidio público.
La estratificación es un modelo que clasifica a los hogares colombianos con números del 1 al 6 con base en las características de las viviendas y su entorno para el otorgamiento de subsidios sobre las tarifas de los servicios públicos.
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Mientras los estratos 1, 2 y 3 son beneficiarios de subsidios en las tarifas de estos servicios, la población catalogada en el 4 no obtiene estos beneficios, pero tampoco realiza contribuciones para aquellos de menores recursos.
En cambio, las personas de los estratos 5 y 6 tienen sobrecostos en las tarifas de los servicios públicos que se asumen como una contribución para sostener los subsidios.
Según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), si bien el “cobro de los servicios públicos domiciliarios en Colombia siempre ha sido diferente por grupos socioeconómicos o estratos”, “hasta 1990, la estratificación la realizaba cada empresa con criterios y metodologías distintas”.
Y fue solo a partir de 1991 que el Gobierno colombiano avanzó en “el diseño de políticas orientadas a unificar los procesos de estratificación de los usuarios residenciales de los servicios públicos domiciliarios”.
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El profesor de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, Esteban Nina, cuenta a Bloomberg Línea que hasta 1995 todos los estratos de Bogotá tenían subsidios de energía eléctrica y de agua.
“Lo que estaba pasando es que al haber subsidios para los estratos 6, 5 y 4, que tenían capacidad de pago, el Estado estaba asignando inequitativamente, por eso es que en 1996 se decide eliminar esos subsidios y ahora solo los tienen los estratos 3, 2 y 1″, señala el académico del Observatorio de la Deuda Social de esa universidad.
En la actualidad, este modelo de clasificación social también tiene otras aplicaciones como orientar la inversión pública y el ordenamiento territorial, así como priorizar programas sociales de infraestructura y servicios, entre otros.
En términos prácticos este sistema también es utilizado en el país para el cobro de las tarifas del impuesto predial, que asumen los propietarios de inmuebles.
Los cambios que busca Petro
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se ha mostrado crítico frente al modelo y a principios de este año llegó a comentar: “En mi gobierno se elimina la estratificación como base para el otorgamiento del subsidio público, para eso se tiene la encuesta Sisbén. Se acaban los estratos sociales”.
El Dane explica que estos instrumentos tienen enfoques distintos pues mientras la estratificación se centra en los servicios domiciliarios para asignar subsidios o fijar las contribuciones, el Sisbén se enfoca en los servicios personalizados de salud y educación.
“El Sisbén permite identificar a los hogares, familias o individuos que por sus condiciones de empleo, ingresos y características de las viviendas que habitan, califican para recibir subsidios”, señala.
A propósito de este tema, Petro llegó a decir en el 2014 que “la estratificación social en Colombia es un sistema de castas, antidemocrático, antirrepublicano y antihumano. Eso debe acabar”.
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La visión de la academia
Consultado al respecto, el decano de Economía en la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, afirmó que el modelo de estratificación socioeconómica fue bastante efectivo en sus inicios debido a que no se contaba con información completa sobre los hogares.
“De ahí que se estableció un sistema relativamente práctico para determinar quiénes pueden ser sujeto de subsidios o de contribuciones en servicios públicos domiciliarios a partir de las características de la vivienda y el entorno. Eso permitió en su momento mejorar el acceso a servicios públicos y focalizar subsidios y contribuciones”, explicó.
No obstante, “desafortunadamente el sistema en el tiempo no tuvo una dinámica de actualización suficiente y hoy está desactualizado, hay unos grandes errores de inclusión, es decir, mucha gente está recibiendo subsidios en servicios públicos domiciliarios, particularmente en estratos 2 y 3, que no deberían recibirlos”.
Es por esto que considera necesario que se haga una revisión de fondo del sistema que permita generar eficiencias.
Por su parte, Carlos Charry, director del doctorado en Estudios Sociales de la misma universidad, consideró que “con el tiempo esta medida se volvió un tanto regresiva dado que la gente la asumió como un patrón de distinción social. Entonces, entre más alto el estrato, más poder adquisitivo tiene en teoría y se es ‘de una clase social superior’”.
“La gente empezó a asumirlo así y quizá el error fue que se etiquetaron amplias regiones urbanas y eso hizo que la gente comenzara a autoidentificarse con ese estrato. ¿Qué pasó? Que hoy podemos ver que en un barrio de estrato 2 existen predios que valen $500, $600 millones o $1.000 millones, pero que pagan servicios públicos como si fueran de $100 millones o menos”, señaló.
Para Carlos Charry, “con esto de alguna manera el Estado se hizo un autogol en términos de no clasificar la vivienda individualmente, sino los barrios y regiones urbanas en concreto. Creería yo que para aumentar el recaudo, tanto de impuesto predial como por servicios públicos se debería generar un sistema de clasificación de la vivienda y de las condiciones socioeconómicas de sus habitantes y no de todo el barrio o de toda la zona”.
Esteban Nina, del Observatorio de la Deuda Social de la Javeriana, analiza que no se trata de eliminar el sistema de estratificación, sino más bien revisar esa información.
En este sentido, indica que una de las propuestas que tienen los técnicos es que se debe construir un indicador robusto combinando el Sisbén, dado que “el método de los atributos de la vivienda desconoce las características de la persona y del hogar”.
En la actualidad, indica el académico, “estos instrumentos no se hablan, son como el vinagre y el aceite”, lo que ha generado diversos errores para el análisis. “Yo no sé por qué han dejado que los dos instrumentos sean paralelos (…). Hoy en día tenemos la capacidad tecnológica como para fusionar los dos, eso básicamente es big data”.
“Yo creo que más que eliminar van a revisar (desde el nuevo Gobierno) y de pronto combinar con el Sisbén, que es lo que no se hizo. En lugar de tener dos instrumentos para medir pobreza, que son paralelos, deben combinarse, de manera que cuando se dice que un hogar es pobre es por varias razones, por ejemplo, porque tiene atributos de la persona como menos educación, está desempleada, tiene tres niños pequeños, y además vive en un vivienda de mala calidad. Estás combinando las dos fuentes de información”, ahondó.
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