:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/EU5T5QX64NDYHAW6555O6ZV53M.jpg "del Consejo Privado de Competitividad (CPC)")
Se aproxima una de las decisiones económicas más importantes del año: la del salario mínimo. Y más allá de la disparada inflación que atraviesa el país o del indicador de productividad que se debe tener en cuenta, Ana Fernanda Maiguashca, economista, excodirectora del Banco de la República y actual presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), lanza una propuesta: que se incluya en la mesa de concertación una voz que represente a los desempleados y a los trabajadores informales.
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No en vano una de las recomendaciones prioritarias que hace el Informe Nacional de Competitividad, recientemente publicado, es ajustar las normas laborales y de seguridad social para lograr ofrecer empleos formales a la población desempleada y con empleo vulnerable en el país: lo que implica mejorar el mecanismo con el que se fija ese porcentaje del incremento.
“Creemos que en la mesa de concertación del salario mínimo tiene que haber una opinión que posiblemente tenga que venir de representantes de la academia o de tanques de pensamiento y que represente la voz de los desempleados y de los trabajadores informales. Cuando se sienta esa mesa están el Gobierno, las empresas y los empleados, pero ¿dónde están los desempleados y los informales? Que cada vez que se eleva el salario mínimo enfrentan peores condiciones de contratación formal. Tenemos que dar el primer paso para que alguien defienda al más pobre de los pobres”, destacó Maiguashca.
Asimismo, señaló que para la decisión se debe revisar el impacto sobre la informalidad fundamentalmente y se refirió a otro asunto: la necesidad de un salario mínimo rural, argumentando que se pretende ponerle la “camiseta urbana” a personas que no ganan plata al mes, donde se ven jornales y donde hay un modelo de trabajo integralmente distinto.
Frente a lo que se debe tener en cuenta para ello, habló de “modalidades de producción distintas, que no sean por mes por ejemplo, sino donde probablemente debamos pensar en jornales. Es una discusión que tenemos que arrancar, ahí debe haber una mesa de trabajo, hay que sentar a todos los gremios que recogen a los agricultores, voces expertas de esos sistemas de producción, no es una discusión fácil pero se debe tener la firme intención de hacerlo”.
La excodirectora del Emisor también dio su opinión sobre la reforma pensional, cuyo debate empieza a calentarse tras el anuncio del Ministerio de Trabajo del calendario del proyecto, que se espera se radique ante el Congreso de la República la última semana de abril de 2023. Y es que otra de las recomendaciones que dio este Informe fue lograr un gasto público redistributivo y sostenible, lo que implica reformar el sistema pensional para avanzar en cobertura, equidad, sostenibilidad fiscal y financiera.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/XLHA4ANXPFARZPVZLQBHUMLAJU.jpg "Salario mínimo en Colombia: la advertencia de la codirectora del Emisor frente a su incremento")
“Tenemos que pensar en que el sistema deje de ser tan regresivo, no podemos seguir subsidiando la parte alta de los ingresos del país, y pues lastimosamente el Gobierno Nacional abandonó la idea del impuesto a las pensiones, pero por lo menos que no haya subsidio”, expresó.
Y en esa línea agregó que es necesario reconocer que en este asunto el problema no es que el sistema sea público o privado, “sino que no ofrece cobertura porque tenemos ligados los aportes de la seguridad social al empleo formal y el empleo formal lo tenemos ligado al salario mínimo. Entonces, a las personas tenemos que permitirles que aporten para su vejez en la medida en que fluctúen sus ingresos”.
A lo que añadió que es relevante usar la Misión de Empleo, escenario donde ya se pensó en esta problemática profunda que no es un tema netamente pensional.
“Tenemos que ser pragmáticos buscando proteger nuestra macroeconomía, porque donde la macroeconomía se reviente no vamos a tener ni siquiera la opción de tener otras decisiones”
Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad
Contratos de explotación petrolera
Incentivar una transición progresiva hacia la neutralidad en carbono sin poner en riesgo la seguridad energética del país es otro de los postulados del Informe en mención. De acuerdo con este punto y al preguntarle a la economista ¿qué debe pasar con los nuevos contratos de explotación petrolera? La respuesta fue enfática: “Yo creo que la decisión en este momento debe cuidar nuestro balance macro y es que nosotros necesitamos, para poder hacer una transición ordenada de cualquier tipo, tener sostenibilidad fiscal y de balanza de pagos. Y ninguna de las dos cosas las vamos a lograr si continuamos con la idea de que no vamos a aumentar la exploración”.
Por lo que indicó que son factores determinantes cómo se hacen esos procesos, así como revisar otras fuentes de contaminación que, aseguró, vienen en buena medida del parque automotor y de la forma en la que la industria ganadera está establecida en el país.
“Le deforestación tiene que ser prioritaria en la agenda mientras que tenemos que ser pragmáticos buscando proteger nuestra macroeconomía, porque donde la macroeconomía se reviente no vamos a tener ni siquiera la opción de tener otras decisiones, si incumplimos esa promesa vamos a incumplir muchas otras”, concluyó.
¿Dónde están los desempleados y los informales? Que cada vez que se eleva el salario mínimo enfrentan peores condiciones de contratación formal. Tenemos que dar el primer paso para que alguien defienda al más pobre de los pobres”
Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad
