Buenos Aires — Una particular confesión de Sergio Massa puso en alerta al sector sojero y a la oposición en la Argentina. El martes pasado, apenas unas horas después de que entrara en vigencia el nuevo Programa de Incremento Exportador, que implica reconocer un precio de $230 por cada dólar que exporte el sector, el ministro de Economía cometió una suerte de sincericidio al indicar que le había pedido a una empresa “que saliera a romper el mercado” para que subiera el precio del commodity.
“En el día de ayer, las primeras dos operaciones marcadas por parte de dos de las grandes empresas fijaron un precio muy por debajo de lo que representaba el valor promedio de la tonelada. Y le pedimos a una empresa que saliera a romper mercado y subiera la oferta para que se acomodaran los precios para arriba. Porque si no, lo que termina pasando es que se ven beneficiados los exportadores y perjudicados los productores”, reconoció Massa en una reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA).
A confesión de partes, relevo de pruebas
La confesión no tardó en llamar la atención. Ese mismo martes, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) apuntaron contra lo dicho por el titular del Palacio de Hacienda.
“Un mensaje como el expresado hoy por el Ministro de Economía sobre el precio de la soja implica una indebida intervención del Poder Ejecutivo en el mercado de granos, que tiene las condiciones propias para fijar precios”, indicaron a través de redes sociales. “Cuando la oferta y demanda actúan libremente, el mercado crece”, agregaron.
Denuncia penal contra Sergio Massa
Todavía más allá fue un sector de la oposición. Desde Juntos por el Cambio no tardaron en ponerse en alerta respecto de lo ocurrido y el diputado nacional Pablo Torello presentó una demanda penal contra Sergio Massa. “Hoy presentamos una denuncia penal contra el Ministro de Economía, Sergio Massa, por haber afirmado que le solicitó a una empresa que “saliera a romper el mercado” de soja”, escribió ayer en su cuenta de Twitter.
Los hechos denunciados, agregó, encuadrarían en los delitos previstos en los artículos 248 y 300 del Código Penal. Dichos artículos refieren a presuntos abusos de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Como diputado nacional no puedo ignorar ni pasar por alto que funcionarios nacionales incurran en estas acciones y las informen con total impunidad en una actividad oficial. Ahora es la justicia la que debe actuar”, añadió Torello.
La denuncia, explicó Torello en diálogo con Bloomberg Línea, quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, la misma jueza que fue recusada por Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la tentativa de homicidio contra la vicepresidenta.
Consultado al respecto, Torello explicó que desde la oposición esperan que la causa avance rápido ya que de lo contrario el oficialismo seguirá incurriendo en esas prácticas. “El fiscal que tocó, según me informaron, es Carlos Rívolo. Y obviamente que lo que queremos es que se dilucide lo más rápido posible y que no sigan estas prácticas, porque lo único que hacen con esto es destruir mercado, destruir credibilidad”, dijo.
“Cómo vas a tener un ministro de Economía metiéndose en un mercado que ya de por sí solo es transparente?”, se preguntó Torello. Y cerró: “Lo único que hacen es corromperlos, porque la verdad es que esa es la palabra: los corrompen”.
