Prueba de fuego para la reforma del Estado de Bienestar de Petro en Colombia

Bogotá — Los planes del presidente Gustavo Petro para reformar el estado de bienestar colombiano se enfrentan a su primera gran prueba cuando sus seguidores salen a las calles para presionar a los legisladores que debaten su controvertido proyecto de ley de salud.

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Las propuestas enviadas al Congreso el lunes buscan recortar el papel de las aseguradoras privadas de salud y convertir al gobierno en el principal administrador del sistema de salud de US$15 mil millones al año.

Si Petro puede aprobar el proyecto de ley, facilitará la aprobación de sus propuestas para el sistema de pensiones de Colombia y las leyes laborales, que han alarmado a algunos inversionistas.

Una derrota, por otro lado, debilitaría seriamente al Gobierno tras seis meses del líder izquierdista, socavando sus posibilidades de llevar a cabo las otras reformas.

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“Petro está tratando de obtener una demostración de fuerza en las calles para legitimar algunos de sus puntos de reforma muy amplios y radicales”, dijo Sergio Guzmán, director de Análisis de Riesgo de Colombia. “El gobierno necesita urgentemente una victoria en el Congreso porque gran parte de la agenda que está tratando de promover en el Congreso es bastante ambiciosa”.

Después de enfrentar un importante rechazo a su plan de salud, incluso dentro de su propio gabinete, Petro convocó manifestaciones callejeras masivas el martes para respaldar los cambios.

El gobierno apunta a aprobar reformas de salud, pensiones y laborales en la primera mitad del año antes de las elecciones regionales en octubre.

Prueba de fuerza

La aprobación del proyecto de ley ayudará a los inversionistas a evaluar la capacidad del gobierno para aprobar su proyecto de ley de pensiones, según Felipe Campos, economista jefe de la corredora Alianza Valores, con sede en Bogotá.

La propuesta de reforma de pensiones de la administración representaría un gran aumento en el papel del gobierno, al desviar las entradas a un sistema público en lugar de a las administradoras de fondos de pensiones privadas.

A los inversionistas les preocupa que esto socave la demanda de acciones y bonos de la nación al reducir el papel de algunos de los principales actores del mercado.

“El apoyo que reciba el proyecto de ley de salud será un indicador del capital político y la fuerza en la legislatura que tiene la nueva administración”, dijo Campos.

Aseguradoras Privadas

En Colombia, las aseguradoras privadas de salud, conocidas como EPS, obtienen dinero del gobierno, en un sistema financiado en parte por las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y los empleadores. Actúan como intermediarios entre pacientes, hospitales y profesionales de la salud.

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Prácticamente todos los colombianos cuentan con cobertura de salud bajo el sistema actual, que fue creado hace tres décadas. Las filiales de Grupo de Inversiones Suramericana SA y la chilena Banmedica SA, junto con el grupo de salud Keralty SAS, se encuentran entre las mayores aseguradoras privadas de salud del país.

En cambio, el gobierno crearía un fondo público que pagaría directamente a médicos, enfermeras y hospitales. También busca construir miles de centros de atención médica en todo el país, incluso en áreas rurales remotas, y enfocarse mucho en la medicina preventiva al hacer que los médicos de familia visiten los hogares con regularidad.

Poner a los trabajadores de la salud en la nómina pública podría costarle al tesoro US$ 700 millones adicionales por año, estima el Gobierno.