San Pedro Sula — El estado de excepción parcial estará vigente hasta el 6 de abril, luego de que el Gobierno de Honduras acordara extenderlo por 45 días y, además, amplió la medida de 75 a 123 municipios que estarán intervenidos por la Policía Nacional y otros entes de seguridad del Estado, ahora en los 18 departamentos del país.
Con este accionar, implementado desde el pasado 6 de diciembre de 2022 y su primera ampliación el 6 de enero de este año, las autoridades dicen que han golpeado a estructuras criminales que se lucran de la población hondureña mediante la extorsión.
Este flagelo ha sido una de las actividades criminales que más recursos económicos ilícitos ha generado a las maras, pandillas y otros grupos delictivos. Según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el 9% de los hogares fue víctima de ello en 2022.
La inclusión de 48 municipios obedece a que análisis estadísticos y de inteligencia policial los catalogan como territorios del país que pueden verse afectados por el fenómeno delictivo y la influencia de estructuras como maras y pandillas, así como, otras agrupaciones criminarles.
A través del estado de excepción, contenido en el decreto PCM 029-2022, se faculta a la Policía Nacional para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones con estructuras criminales, principalmente de maras y pandillas.
Lista de municipios en estado de excepción
Los siguientes son los 143 de 298 municipios de Honduras incluidos en el estado de excepción parcial:
Resultados del estado de excepción
De acuerdo con la Policía Nacional, la implementación del estado de excepción parcial ha permitido la identificación y captura de integrantes de estructuras criminales que también se lucran de otros delitos conexos como el tráfico de armas y drogas, robo de vehículos, homicidios, femicidios y lavado de activos.
Sin embargo, las autoridades reconocen que desde la implementación de la medida han observado una mutación en el actuar de las estructuras criminales, “las que ahora se mueven desde áreas urbanas a las rurales, en aquellos municipios que no se encuentran contemplados en los PCM 029-2022″.
Al respecto, consideran “la importancia de su ampliación no solo en tiempo sino en más municipios debido a que esta estrategia solo afecta al crimen organizado, maras y pandillas”.
Conforme a estadísticas oficiales, por primera vez en 18 años, Honduras logró contraer la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, cerrando el 2022 en 36,7%. Durante los 30 días de vigencia del estado de excepción, principalmente en diciembre, se registró una reducción de muertes violentas y de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023, la Policía Nacional capturó a 4.233 personas.
Además, las acciones policiales dejaron el decomiso de 836 armas de fuego, la eliminación de más de 42.000 arbustos de coca, la incautación de 80 kilos de cocaína y cerca de 3.000 libras de marihuana a nivel nacional.
Coordinaciones entre la Secretaría de Seguridad, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) permitieron bloquear 523 billeteras electrónicas y decomisar 237 SIM card utilizadas por criminales.
Reacciones con la medida
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) instó a Honduras a evitar “el uso prolongado” del estado de excepción y abogó por una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos.
Además, reiteró la importancia de justificar la proporcionalidad y estricta necesidad de la restricción de derechos constitucionales para responder al fenómeno de la extorsión y delitos conexos.
La Oacnudh dio “su solidaridad” a las víctimas de la extorsión y su disposición a brindar asistencia técnica al Estado de Honduras para fortalecer sus políticas de seguridad y lucha contra la criminalidad con un enfoque de derechos humanos.
También consideró fundamental que el Congreso Nacional realice un “control legislativo” de los decretos emitidos por el poder Ejecutivo en los tiempos establecidos en la Constitución de la República debatiendo la suspensión de garantías y pidiendo información sobre los resultados de estas medidas.
