Bloomberg Línea — El Senado estadounidense debate una nueva vía para endurecer las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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La discusión en Washington ocurre mientras la Asamblea Nacional, afín a la pareja de copresidentes, está por aprobar una serie de reformas que limitaría aún más la participación de la oposición en los procesos electorales.
El proyecto bipartidista propone ampliar las sanciones contra funcionarios y sectores vinculados al régimen nicaragüense, y mantenerlas hasta que el gobierno se comprometa con elecciones competitivas, libres y justas.
La iniciativa fue presentada por los senadores Ted Cruz, republicano de Texas, y Tim Kaine, demócrata de Virginia, y retoma la Nicaragua Investment Conditionality Act, conocida como NICA Act, un proyecto que, desde 2018, permite al Departamento del Tesoro sancionar a cualquier persona no estadounidense implicada en graves abusos de derechos humanos y corrupción en Nicaragua.
La propuesta surge luego de que en julio, durante un acto en conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega, de 80 años, anunció que en Nicaragua “no volverá a haber más elecciones para que por ahí intenten ellos (los partidos políticos opositores) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.
Días después, su gobierno presentó una reforma constitucional, prevista para ser aprobada en septiembre, la cual propone ampliar de seis a siete años el período presidencial y restricciones para impedir que determinados sectores puedan participar en futuros comicios, así como una cláusula para dejar sin efecto leyes extranjeras que considere contrarias a la voluntad del país.
El proyecto de los senadores
El proyecto, denominado ‘Restoring Electoral Fairness and Opposition Rights through Mandates for Accountability Act of 2026′, propone renovar el marco de las medidas establecidas por la NICA Act y ampliar la imposición de sanciones.
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Uno de los principales cambios es incorporar sanciones al comercio de oro de Nicaragua. El metal se ha convertido en la principal fuente de ingresos por exportaciones del país y en una actividad de especial importancia para el gobierno.
La propuesta también contempla medidas contra funcionarios del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo de inversión privado del Ejército nicaragüense, que gestiona pensiones, bienes raíces y fondos de la cúpula militar.
Según Ramón Cuerda Riva, exmilitar y experto en Seguridad español, al sancionar dicha institución, “Estados Unidos busca romper la lealtad de los altos mandos, transmitiendo la idea de que mantener a Daniel Ortega en el poder puede terminar afectando directamente a sus fortunas personales y a su futuro económico.
El proyecto busca de igual manera sancionar a involucrados en la persecución de miembros de iglesias católicas o protestantes y de actores políticos o de organizaciones independientes de la sociedad civil, y a quienes proporcionen bienes, servicios o tecnología que apoyen a los gobiernos de Rusia o Irán.
“El régimen de Ortega en Nicaragua está cometiendo abusos contra los derechos humanos, persecución religiosa y represión política mediante la corrupción y la manipulación electoral”, dijo Cruz al anunciar la iniciativa.
Por su lado, Kaine dijo que “Estados Unidos debe hacer más para contrarrestar este creciente autoritarismo” que amenaza “la estabilidad de Centroamérica”. El senador agregó que la iniciativa otorgaría a EE.UU. mayor autoridad para sancionar a los funcionarios responsables de socavar los derechos humanos en el país.
Acciones en marcha
Las disposiciones propuestas por Cruz y Kaine expirarían en 2035 o 90 días después de certificarse ante las comisiones correspondientes del Congreso estadounidense que Nicaragua ha resuelto la crisis política, con un compromiso de celebrar elecciones competitivas, libres y justas, poner fin a la represión contra la sociedad civil y realizar investigaciones independientes sobre los asesinatos de manifestantes.
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La iniciativa ha sido remitida al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y aún debe avanzar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.
La iniciativa de los senadores coincide con algunas de las medidas de presión que organizaciones de nicaragüenses en Estados Unidos han solicitado a la administración Trump.
Días atrás, durante una conferencia de prensa en Miami, la presidenta de Nicaragüenses-Americanos Unidos por la República (NAUR), Aida Carrión, pidió al gobierno estadounidense considerar “todas las medidas legales disponibles” para propiciar la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mediante una “operación quirúrgica como ocurrió con Nicolás Maduro”, y que los responsables de graves violaciones de derechos humanos respondan ante la justicia.
Carrión también solicitó la aplicación firme de los instrumentos de presión contemplados por la legislación estadounidense, entre ellos la NICA Act y las sanciones Global Magnitsky, además de una revisión rigurosa de los beneficios comerciales de Nicaragua bajo el CAFTA-DR.
En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la semana pasada una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar en los próximos días a una reunión “urgente” de cancilleres que debata medidas frente al plan del gobierno de Nicaragua de eliminar las elecciones libres y con participación amplia.
