Buenos Aires — El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso argentino entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, modificaciones a la Ley de Glaciares, con el objetivo de destrabar inversiones mineras estimadas en más de US$20.000 millones. Se trata de proyectos ubicados en la Cordillera de los Andes que hoy enfrentan restricciones derivadas de la normativa vigente.
La comunicación se dio a conocer en el Boletín Oficial, mediante el Decreto 24/2026, que lleva la firma del jefe de Estado y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.
Qué prohíbe la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares prohíbe la realización de actividades mineras, hidrocarburíferas y de infraestructura sobre los glaciares y en las áreas definidas como ambiente periglaciar, al considerarlas reservas estratégicas de recursos hídricos destinadas prioritariamente al consumo humano.
La norma establece que estos territorios deben preservarse para garantizar el abastecimiento de agua y la protección de los ecosistemas de alta montaña, lo que dejó fuera de alcance a numerosos proyectos extractivos en zonas cordilleranas.
Reforma oficialista
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) impulsa la reforma de la normativa con el objetivo de promover inversiones, mientras que parte de la oposición destaca la importancia de conservar las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, que es el principal objetivo de la ley.
Así, el oficialismo intentará aplicar cambios en la ley para habilitar proyectos relacionados con la megaminería y, con ello, facilitar el desarrollo económico, particularmente en sectores como hidrocarburos.
Puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares fue promulgada en 2011, tras su sanción en 2010, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
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Sin embargo, el proyecto ya había sido sancionado en 2009 y vetado por la expresidenta. Tras un reclamo de Barrick Gold, en el marco de las operaciones del proyecto Pascua Lama, la Corte Suprema de la Nación declaró la constitucionalidad de la Ley en 2019 pero convocó a Nación y provincias a resolver controversias sobre esta norma.
Antes de que finalice el 2025 ingresó al Senado de la Nación el régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del ambiente Periglaciar, que modifica la Ley de Glaciares sancionada en 2010 y que busca establecer un marco que otorgue mayor seguridad jurídica para la explotación de los recursos naturales que tiene el país.
Se trata de un proyecto reclamado por la industria minera que cuenta con el respaldo del presidente.
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Se espera un fuerte debate entre el sector minero y el ambiental, en un contexto en el que Milei intentó -sin éxito- modificar la Ley de Glaciares en la Ley Bases y en el que la organizaciones advierten sobre el riesgo en las reservas estratégicas de agua dulce, que busca proteger la ley actual.
El Ejecutivo espera que una eventual sanción logre destrabar inversiones mineras por más de US$20.000 millones de proyectos ubicados en la zona de la Cordillera de los Andes y que encuentran hoy un obstáculo en la normativa vigente.
La iniciativa enviada por el oficialismo apunta a un articulado que sea compatible con “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”.
Las provincias determinarán la autoridad competente para la aplicación de la ley, mientras que el texto limita los alcances de la protección.
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Qué es el ambiente periglaciar
El ambiente periglaciar comprende áreas de alta montaña caracterizadas por suelos congelados o semicongelados, aun cuando no presenten hielo visible en superficie.
Su inclusión dentro del área protegida amplió de manera significativa el alcance de la ley y es uno de los principales puntos de controversia, ya que el sector minero sostiene que la definición vigente genera restricciones sobre extensas zonas con potencial productivo y eleva la incertidumbre regulatoria.
El Inventario Nacional de Glaciares
La ley creó el Inventario Nacional de Glaciares como herramienta técnica para identificar y delimitar las áreas alcanzadas por la protección. El relevamiento, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), es utilizado como referencia en la evaluación de proyectos y en la aplicación de las prohibiciones previstas en la normativa vigente.
