Bloomberg Línea — Colombia depende fuertemente del impuesto sobre sociedades dentro de su estructura tributaria, representando a 2023 (última fecha disponible) un 32,4% de la recaudación total, el mayor peso en la OCDE y muy por encima del promedio del 11,9%.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) explica que la estructura tributaria en Colombia se caracteriza por ingresos sustancialmente más altos provenientes de impuestos sobre la renta y ganancias corporativas.
Esto tiene que ver con “el monto recaudado como proporción de los ingresos fiscales y el esquema de cobro, que determina cuánto se reduce la evasión”, según el analista financiero Gregorio Gandini. “En general, refleja la dependencia de los ingresos tributarios del país de esa fuente en particular (impuesto sobre sociedades)”.
Asimismo, la estructura colombiana se caracteriza por tener unos ingresos más altos provenientes de impuestos a la propiedad, al valor agregado y a bienes y servicios. En contraste, el impuesto sobre la renta representaba solo el 7% de todos los ingresos fiscales en 2023.
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En 2023, la dependencia de los impuestos a las ganancias corporativas aumentó en Colombia, ya que en 2022 representaban el 25,4% del total. Ya en 2023 representaron para el país andino un recaudo de COP$113,3 billones (unos US$29.350 millones).
Después de Colombia, esta mayor dependencia al impuesto sobre sociedades entre los países analizados por la OCDE está en Noruega (28,8%) y en Chile (25,3%).
En el caso de Chile, la OCDE también evidencia en su estructura ingresos sustancialmente más elevados procedentes de los impuestos sobre la renta y las ganancias de las empresas.
En cambio, hay ingresos sustancialmente más bajos procedentes de los impuestos sobre la renta personal, las ganancias y los beneficios, y las cotizaciones a la seguridad social.
Luego figuran en el mundo países como México (22%) e Irlanda (21,5%), de acuerdo con el reporte Revenue Statistics 2025.
En el caso de México, esta dependencia se mantuvo casi estable entre 2022-2023, pasando del 23% al 22%, respectivamente.
En Costa Rica, los impuestos que pagan las empresas por sus beneficios representan el 10,6% en la estructura tributaria, situándose por debajo del promedio de la OCDE. Esa cuota se mantuvo casi estática frente a 2022, cuando representaba 10,5%.
Según la analista financiera, académica y economista Clara Inés Pardo, los países latinoamericanos —incluyendo Colombia— que dependen en gran medida del impuesto sobre sociedades (ISR / impuesto a la renta empresarial) enfrentan varios riesgos estructurales.
“Esta dependencia puede comprometer tanto la estabilidad fiscal como la capacidad de inversión pública, especialmente ante shocks económicos”, dijo Pardo a Bloomberg Línea. Explica que el impuesto de sociedades es uno de los tributos más procíclicos: “Cuando la economía crece, las utilidades empresariales aumentan y la recaudación crece”, dice. Pero cuando hay crisis, “las utilidades se desploman, aparecen pérdidas fiscales y la recaudación cae abruptamente”.
Esto significa que en recesiones, el Estado pierde una parte clave de sus ingresos justo cuando más recursos necesita.
De otra parte, la alta dependencia al ISR genera presión para mantener tasas elevadas (lo cual puede desalentar la inversión), ofrecer exenciones y beneficios para atraer empresas o mantenerlas.
Esto puede derivar a su vez en una menor recaudación estructural y generar una “carrera hacia abajo” entre países para ofrecer incentivos fiscales.
Además, la evasión y la planificación fiscal agresiva de multinacionales erosionan aún más la base, consideró la académica.
En América Latina, la alta informalidad laboral y empresarial limita la efectividad del ISR y concentra la carga fiscal en pocas grandes empresas, lo que vuelve al sistema vulnerable a shocks.
Esto genera mayor endeudamiento, ajustes fiscales procíclicos, inversión pública inestable, aumento del costo de financiamiento y menor capacidad del Estado para reaccionar ante crisis, reduciendo su capacidad de estabilizar la economía y sostener políticas de desarrollo.
“Para reducir estos riesgos, la región suele necesitar avanzar hacia sistemas tributarios más equilibrados, expandiendo la recaudación por impuestos al consumo, patrimonio, renta personal y fortaleciendo la lucha contra la evasión”, apuntó Clara Inés Pardo.
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