Bloomberg Línea — Colombia enfrenta el desafío de avanzar en su transición energética preservando simultáneamente la seguridad de abastecimiento, la confiabilidad del sistema y la competitividad económica, dijo a Bloomberg Línea Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).
Colombia enfrentaría en la actualidad una pérdida relativa de competitividad regional en materia energética debido a incertidumbre regulatoria, demoras en licencias ambientales y señales ambiguas sobre el futuro del sector.
Para los analistas, el principal cuello de botella para las energías renovables en Colombia no es la generación, sino la transmisión.
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Esto se reflejaría en que proyectos solares y eólicos enfrentan retrasos por infraestructura insuficiente y conflictividad territorial.
A pesar de los retos, Rebolledo considera que Colombia tiene la oportunidad de fortalecer “nuevamente” su posicionamiento energético en América Latina.
“El país cuenta con recursos renovables de gran calidad, potencial offshore, experiencia técnica acumulada y una ubicación estratégica para avanzar en integración energética regional, jugando un rol clave en su proyecto de conexión eléctrica con Panamá”, dijo Rebolledo.
Asimismo, considera que áreas como transmisión, mercados eléctricos, almacenamiento e hidrógeno de bajas emisiones ofrecen oportunidades relevantes para atraer inversión y acelerar la modernización del sector.
Considera que el desarrollo de las fuentes no convencionales de energía renovable representa una gran oportunidad para Colombia, tanto por la calidad de sus recursos como por las posibilidades asociadas a descarbonización, innovación e inversión.
Además, explica el secretario ejecutivo de Olacde, la complementariedad entre generación solar y eólica con la capacidad hidroeléctrica del país constituye una ventaja estratégica para construir una matriz más limpia, diversificada y resiliente.
Desde la visión regional de Olacde, las transiciones energéticas más exitosas no son aquellas que sustituyen abruptamente unas tecnologías por otras, sino las que logran integrar de manera progresiva y eficiente distintas fuentes y recursos dentro de una visión de largo plazo.
“El principal desafío no radica únicamente en incorporar nueva capacidad renovable, sino en asegurar que esa transformación ocurra de manera coordinada con la expansión de redes, la modernización regulatoria y una planificación más proactiva del sistema eléctrico”, según Rebolledo.
En ese contexto, expresó que la experiencia regional muestra que, en muchos casos, las restricciones de transmisión, los retrasos en infraestructura y la falta de señales adecuadas para flexibilidad y servicios complementarios “se han convertido en limitaciones más críticas que la propia disponibilidad de recursos renovables”.
Según Andrés Rebolledo, los procesos más exitosos de transición energética han sido aquellos capaces de combinar estabilidad regulatoria, planeación de largo plazo y señales claras para la inversión.
En su visión, países como Brasil, Chile y Uruguay muestran cómo la coordinación entre planificación, regulación y expansión de infraestructura puede acelerar la incorporación de renovables manteniendo simultáneamente altos niveles de confiabilidad y seguridad del sistema.
Más que optar entre velocidad o seguridad, argumenta que el desafío consiste en construir instituciones y marcos regulatorios capaces de gestionar ambas dimensiones de manera coherente y sostenible en el tiempo.
Para Colombia, la planeación energética adquiere un rol central.
La región está avanzando hacia esquemas capaces de articular política pública, regulación, expansión de infraestructura y señales de mercado bajo una visión integrada de largo plazo.
Más que una discusión exclusivamente tecnológica, la transición energética implica también fortalecer capacidades institucionales y adaptar los marcos regulatorios a sistemas eléctricos cada vez más dinámicos y diversificados.
Rumbos de la transición energética
“La transición energética en Colombia podría tomar velocidades muy distintas dependiendo del escenario político de 2026”, dijo a Bloomberg Línea Angie Tatiana Ortega Ramírez, analista y docente de Ingeniería de Petróleos de la Universidad de América.
Ortega Ramírez dijo que los primeros 100 días de Gobierno serán determinantes, ya que el mercado energético responde principalmente a señales regulatorias y expectativas de largo plazo.
Los mercados observarían especialmente tres variables: estabilidad jurídica, tiempos regulatorios y claridad sobre seguridad energética. “El mercado internacional necesita señales consistentes y de largo plazo. Los inversionistas toleran regulación estricta, lo que no toleran es incertidumbre prolongada”.
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Anticipó que un gobierno que quiera profundizar la transición energética probablemente mantendría límites a nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, y al mismo tiempo aceleraría la inversión en energías renovables, electrificación, hidrógeno y sistemas de almacenamiento de energía.
Y un gobierno más “promercado o prohidrocarburos” buscaría una transición más gradual, priorizando seguridad energética, estabilidad fiscal y autosuficiencia.
“El punto crítico es que la transición energética tiene costos estructurales muy altos. No se trata únicamente de instalar parques solares o eólicos; implica expansión de redes de transmisión, almacenamiento, respaldo térmico, infraestructura de gas, modernización industrial, adaptación laboral y fortalecimiento institucional”, apuntó Ortega Ramírez.
Citó diferentes estudios para indicar que en América Latina se requieren inversiones anuales equivalentes a entre 1,5% y 3% del PIB para cumplir metas de descarbonización.
En el caso colombiano, Ortega Ramírez señaló que esto podría representar entre US$6.000 millones y US$12.000 millones anuales durante las próximas décadas, dependiendo de la velocidad de sustitución energética.
Colombia enfrenta una particularidad, dado que el sector minero-energético sigue siendo un soporte macroeconómico central. “Históricamente, petróleo y carbón han representado cerca del 40 % de las exportaciones nacionales y una fuente clave de regalías, divisas e ingresos fiscales”.
Por eso, Ortega Ramírez dice que trasladar completamente el costo de la transición al Estado es fiscalmente complejo.
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Aunque considera que tampoco es sostenible cargarlo únicamente al consumidor vía tarifas, especialmente en un contexto de inflación energética.
“La transición requerirá un esquema mixto donde participen el sector privado, banca multilateral, cooperación internacional y mecanismos públicos focalizados”, dijo la académica de la Universidad de América, basada en Bogotá.
“El mensaje técnico central es que la transición energética en Colombia no puede hacerse sacrificando confiabilidad del sistema ni estabilidad macroeconómica”, anotó Ortega Ramírez. “La discusión ya no es ‘transición sí o no’, sino cómo financiar una transición ordenada, gradual y compatible con seguridad energética”.
“Recuperar la confianza inversionista”
“El principal objetivo sería recuperar confianza inversionista. Hoy Colombia compite directamente con Brasil, Guyana, Surinam y Argentina por capital exploratorio”, indicó la académica de la Universidad de América. “El costo de mantener congelada la nueva exploración sería principalmente estructural y acumulativo, no inmediato. Aunque Colombia todavía produce gracias a contratos vigentes, las reservas son limitadas”.
De acuerdo con la académica, eso significa que, sin nuevos descubrimientos o incorporación de reservas, el país podría enfrentar una pérdida progresiva de autosuficiencia energética en la próxima década.
El impacto tendría varias dimensiones, en un primer contexto sería de tipo fiscal, debido a que el sector petrolero sigue siendo uno de los mayores contribuyentes fiscales del país mediante regalías, impuestos, dividendos de Ecopetrol (ECOPETL) y renta petrolera indirecta.
Una caída sostenida en producción reduciría ingresos fiscales nacionales y territoriales, especialmente en departamentos altamente dependientes de regalías.
Por otro lado, el petróleo y carbón siguen siendo pilares de generación de divisas.
Una reducción acelerada de exportaciones energéticas aumentaría la vulnerabilidad de cuenta corriente y generaría presiones sobre la tasa de cambio.
“Colombia históricamente ha dependido del sector minero-energético para equilibrar su balanza externa. La reducción de ingresos petroleros sin sustitución exportadora sólida podría aumentar volatilidad cambiaria y dependencia de endeudamiento externo”, anotó Ortega Ramírez.
Para la analista, el riesgo técnico más importante es que Colombia podría terminar importando gas y eventualmente más combustibles en condiciones menos competitivas, “deteriorando soberanía energética y cuentas externas”.
Escenario energéticos
Según Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado de Colombia y socio de la firma Holland & Knight, la transición energética en Colombia tomaría rumbos distintos dependiendo del resultado electoral.
En su análisis, en un eventual Gobierno de los derechistas Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella se retomaría de forma inmediata la contratación de áreas para exploración y producción de hidrocarburos, junto con el impulso a proyectos de fracking (exploración no convencional de gas y de petróleo en Colombia), en un contexto marcado por la preocupación por la pérdida de autosuficiencia energética, especialmente en gas.
Asimismo, señala que se avanzaría hacia una política minera más integral, con respaldo a proyectos de minerales estratégicos como el cobre y a la minería tradicional como la de carbón y el oro.
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También prevé la reactivación de fuentes de generación térmica a gas y carbón, además del fortalecimiento del papel de la hidroenergía, junto con una revisión del régimen tarifario y del esquema eléctrico en la región Caribe.
A esto se sumaría la normalización de obligaciones del sector público con el sistema eléctrico que, según calcula, hoy representan cerca de COP$9 billones.
En conjunto, describe este escenario como una transición basada en la complementariedad de fuentes energéticas, con participación de tecnologías convencionales y renovables.
El candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, indicó que de llegar a la Casa de Nariño autorizará el fracking y reactivará la firma y ejecución de contratos de producción y exploración petrolera.
Asimismo, la candidata Paloma Valencia ha dicho que defenderá el uso del fracking, pues ha argumentado que Colombia “está contaminando más” al importar gas. Su idea es que con el uso adecuado de las regalías se protegería el medioambiente.
Indicó que el país no puede renunciar a recursos estratégicos que otros desarrollan con inteligencia y con responsabilidad. “Se debe establecer una meta clara, llevar nuevamente a Colombia a un nivel alto y sólido de producción petrolera, para que el país recupere fortaleza, confianza y soberanía energética”, dijo.
El analista Milton Montoya anticipa que un eventual gobierno del izquierdista Iván Cepeda implicaría un enfoque más restrictivo, con prohibición de la minería de carbón en Colombia, junto con propuestas de nacionalización del sector minero y la creación de una empresa estatal.
También anticipa que se mantendría la restricción a la nueva firma de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Según su visión, este enfoque priorizaría exclusivamente la expansión de energías renovables, principalmente eólica y solar, lo que podría resultar insuficiente frente a los actuales desafíos de balance energético del país.
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El candidato Iván Cepeda ha dicho que propone un modelo propio de hidrocarburos que, “sin negar la urgencia del cambio climático, garantice una transición energética justa y gradual”.
Cepeda se opone al uso de fracking en Colombia.
“Mantendremos el diálogo permanente con los sectores de exploración y explotación para asegurar la soberanía energética de Colombia sin dejar a nadie atrás”, apuntó el candidato Cepeda en un comentario en sus redes sociales.
Montoya subraya que, más allá de los escenarios políticos, el sector minero-energético atraviesa un momento particularmente delicado, con tensiones en gas, electricidad, petróleo y minería, marcadas por presiones sobre reservas, inversión y seguridad de abastecimiento.
