Bloomberg Línea — Argentina y Ecuador se mantienen a comienzos de 2026 como los países más endeudados de Latinoamérica y el Caribe con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La elevada deuda de Argentina y Ecuador con el FMI se explicaría por políticas aplicadas durante las últimas tres décadas, centradas en “el endeudamiento permanente del Estado para financiar programas populistas”, según el analista Luis Alberto Villamarín. “Cuando se llega a buscar la solución, los problemas están acumulados”.
El caso de Argentina es el más crítico, ya que es el que tiene los mayores compromisos con el organismo multilateral en el mundo, estimados en los US$57.360 millones o el 8,6% del PIB, de acuerdo con cifras revisadas por Bloomberg Línea.
“Si bien en episodios previos —como el caso de Grecia durante la crisis del euro— se registraron programas aún mayores en términos relativos a la cuota, la combinación de magnitud absoluta y duración extendida explica que Argentina concentre hoy la mayor exposición del organismo", dijo a Bloomberg Línea Julio Calcagnino, profesor de la Universidad Austral.
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Por un lado, el millonario compromiso de Argentina con el FMI es el reflejo de “un proceso de endeudamiento con el sector privado en el período 2016/2017 que buscó recomponer reservas y financiar un proceso gradual de disminución del déficit fiscal en ese momento”, explicó a Bloomberg Línea Pablo Repetto, jefe de investigación de Aurum Valores.
Explicó que el esquema se complementó con un tipo de cambio bajo que fomentó el ingreso de capitales financieros. “Eso se cortó a comienzos de 2018 y la salida de capitales fue tan feroz que requirió un soporte del FMI para evitar una crisis más acentuada”.
Posteriormente, según Repetto, la necesidad de acelerar las reformas e ir a un equilibrio fiscal derivó en un deterioro de la confianza del gobierno de aquel momento y su pérdida de la elección en 2019. “Ahí ya quedó una deuda muy elevada con el FMI”.
El endeudamiento argentino persistió
Julio Calcagnino, de la Universidad Austral en Argentina, explica que la necesidad de recurrir a programas de gran magnitud estuvo asociada a episodios recurrentes de crisis de balanza de pagos y a la pérdida de acceso al financiamiento voluntario en los mercados internacionales, lo que obligó a sustituir financiamiento privado por financiamiento oficial.
“En la experiencia argentina, estas crisis se vincularon en general a déficits persistentes en la cuenta corriente, asociados tanto a desequilibrios fiscales como a períodos de apreciación del tipo de cambio real utilizados como ancla nominal, dinámicas que se observaron bajo gobiernos de distinto signo político”, dijo el académico.
Apuntó que, en economías de ingreso medio, este tipo de crisis suele requerir volúmenes elevados de asistencia de organismos multilaterales de crédito para cubrir vencimientos de deuda, estabilizar el frente cambiario y recomponer reservas internacionales, “lo que tiende a traducirse en programas de financiamiento de gran escala”.
Pablo Repetto complementa que el año pasado ese endeudamiento se incrementó por la necesidad de ordenar parcialmente “un modelo cambiario agotado” usando a esos fondos como “disuasorios ante el riesgo de que hubiera un overshooting posterior a la liberación parcial del cepo que existía hasta comienzos de 2025″.
“En realidad, todo es producto de un alto endeudamiento en moneda extranjera y la necesidad de mantener controlado al tipo de cambio, en lugar de buscar esquemas más duraderos de flotación que no incentiven innecesariamente ingreso de capitales financieros y fomenten el ingreso de capitales a la economía real”, apuntó Repetto.
La deuda de Ecuador
Ecuador figura de lejos como el segundo país más endeudado con el FMI con un saldo estimado de US$9.891 millones o un 7,3% del PIB, de acuerdo con la revisión de Bloomberg Línea.
El historial de asistencia del FMI con Ecuador comenzó en los años 70, aunque a partir de los 80 los compromisos financieros aumentaron.
El país andino pasó a depender más del financiamiento del FMI tras la caída de los precios de las materias primas, especialmente el petróleo, así como el aumento de la deuda pública.
“El déficit fiscal estructural se profundizó con el fin del ‘boom’ de los commodities en 2015, en un contexto en el que el país había agotado las fuentes externas de financiamiento luego de un periodo de expansión sistemático del sector público”, dijo a Bloomberg Línea el exviceministro de Economía ecuatoriano y profesor-Investigador de ESPOL, José Gabriel Castillo.
Explicó que “las vulnerabilidades provocadas por la apertura sin restricciones del canal de crédito del Banco Central al Tesoro, y la insostenibilidad del gasto público provocaron una pérdida de confianza internacional en la capacidad del país de honrar sus compromisos”.
Durante la Administración de Rafael Correa (2007-2017), Ecuador cortó su relación con el FMI.
A pesar de la resistencia social generada en 2019, el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) logró suscribir un acuerdo con el FMI durante la pandemia.
El acuerdo se dio en medio de pérdidas financieras por operaciones de oro y presiones por la deuda externa.
Al borde del default, Ecuador logró un programa del FMI por US$6.500 millones.
En la actualidad, el país tiene vigente un nuevo acuerdo de 48 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF) por unos US$5.000 millones, aprobado en mayo de 2024 y ampliado en julio de 2025.
Castillo señaló que, tras la renegociación de la deuda durante la pandemia en 2020 y la puesta en marcha del programa SAF con el FMI, el país logró retomar fuentes de financiamiento multilateral, en sustitución del financiamiento local y de China, que en ese momento era limitado.
Como resultado, agregó, el país amplió su exposición más allá de las cuotas regulares de financiamiento.
El analista internacional Luis Alberto Villamarín, también presidente del centro de investigación Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, sostuvo que la elevada deuda de países como Ecuador es consecuencia de décadas de políticas basadas en el endeudamiento del Estado.
A su juicio, este modelo ha forzado la implementación de controles fiscales cada vez más estrictos, al tiempo que ha generado un creciente rechazo social que termina alimentando nuevas dinámicas populistas.
“Ecuador ha asumido reformas y una actitud mucho más drástica del gobernante (Daniel Noboa), orientada a sacar réditos personales para su partido y su liderazgo, y no a resolver los problemas”, según Villamarín.
En octubre del año pasado, Ecuador y el FMI alcanzaron un acuerdo técnico para completar la cuarta revisión del programa por US$5.000 millones, lo que habilita un desembolso de US$620 millones.
La nueva jefa de misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Ecuador, Patrizia Tumbarello, dijo que en el país “han adoptado medidas firmes para fortalecer la sostenibilidad fiscal y los colchones de liquidez, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables”.
Si bien la exposición de Ecuador con el FMI es menor en términos absolutos, esta es elevada en relación con el tamaño de su economía.
Además, opera bajo un régimen de dolarización que elimina amortiguadores monetarios.
Según el economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), Jonathan Fortun, en este caso el pago de deuda externa compite directamente con prioridades fiscales y sociales, y cualquier deterioro de la confianza se traduce rápidamente en mayores costos financieros.
El caso de Costa Rica
En el caso de Costa Rica, el monto que se refleja de los compromisos con el FMI corresponde a la Línea de Crédito Flexible (LCF), que es precautoria ante el escenario de incertidumbre que afronta la economía mundial, explica a Bloomberg Línea Luis Vargas Montoya, investigador adjunto del Programa Estado de la Nación (PEN).
En relación con el FMI, “el país no cuenta con una línea activa, por lo que no tiene ningún compromiso de desembolsos con el fondo hasta el momento en que decida utilizar la LCF”, dijo el analista. No obstante, “cuando se analiza el rubro de amortización de la deuda, el país requiere un 5,2% del PIB en el 2026, que es superior al 4,7% estimado al cierre del 2025 e igual al 5,2% del 2024″.
Desde el 2020, Vargas Montoya señala que el FMI ha venido acompañando el proceso de estabilización macroeconómica de Costa Rica.
El primer apoyo del FMI al país consistió en un financiamiento de emergencia para disminuir las presiones en la balanza de pagos.
Posteriormente, el FMI le otorgó a Costa Rica dos financiamientos más, el primero en apoyo a la reforma fiscal y estabilidad monetaria y financiera, y el segundo para apoyar los esfuerzos ante el cambio climático.
En el 2025, el FMI reconoce la evolución favorable de los indicadores macroeconómicos de Costa Rica y le otorga una Línea de Crédito Flexible (LCF) por US$1.500 millones, señaló Luis Vargas Montoya, investigador del PEN.
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