Buenos Aires — El Gobierno argentino avanza en una profunda reforma del mercado eléctrico con el objetivo de reducir la intervención estatal, restablecer señales de precios y trasladar riesgos al sector privado. El rediseño del esquema, que incluye la liberalización gradual de contratos, la adopción de precios basados en costos marginales y la reducción del rol de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), apunta a construir un sistema más orientado al mercado.
Según un informe reciente de Moody’s, los cambios “reestablecen señales de precios basadas en el mercado y redefinen la asignación de responsabilidades y riesgos en todo el sistema”, en un proceso que también implica que los generadores asuman progresivamente la compra de combustible y una mayor exposición a variables comerciales.
Sin embargo, esa transformación ocurre sobre una base frágil. El sistema eléctrico argentino “opera con márgenes de reserva muy reducidos, estimados por debajo del 5%”, advierte la calificadora de riesgo, en un contexto de demanda creciente y escasa incorporación de nueva capacidad.
La consultora señala que el consumo alcanzó un récord en febrero de 2025, “utilizando casi toda la capacidad disponible”. Al mismo tiempo, la expansión de la oferta no logra acompañar: en 2025 se sumó apenas el 1,8% de la base instalada. “La combinación de una demanda creciente y una expansión de capacidad lenta deja a la red cada vez más vulnerable”, sostiene el informe, y advierte que cualquier pico de consumo, problemas en el suministro de combustible o demoras en nuevos proyectos “podría resultar en faltantes de suministro o cortes”.
A ese cuadro se suma un problema estructural menos visible pero igual de relevante: la red de transporte. “Los cuellos de botella en la transmisión limitan las ganancias de eficiencia derivadas de una correcta formación de precios”, señala Moody’s. En la práctica, la infraestructura actual impide trasladar plenamente la generación más barata —en particular la renovable— hacia los centros de consumo.
“La red de alta tensión no puede acomodar plenamente los cambios hacia fuentes de menor costo porque corredores clave están en o cerca de la saturación”, describe el informe. Esto obliga a seguir utilizando plantas más caras en determinadas regiones y genera un “desajuste creciente” a medida que la demanda se expande geográficamente, en muchos casos impulsada por proyectos industriales, extractivos o tecnológicos.
En ese contexto, el nuevo esquema que promueva la Secretaría de Energía apunta a modificar los incentivos económicos del sector. La transición hacia precios basados en costos marginales y la progresiva eliminación del rol de CAMMESA como comprador único implican que los generadores deberán competir en mayor medida y gestionar riesgos que antes absorbía el Estado.
Según Moody’s, este cambio “traslada el riesgo operativo y financiero hacia los generadores” y favorecerá a aquellos actores con mayor eficiencia, capacidad de gestión de combustible y acceso a contratos privados. Sin embargo, el impacto será gradual: todavía cerca del 46% de la capacidad instalada opera bajo contratos heredados que fijan precios y amortiguan la exposición al mercado.
El informe también destaca que la reforma introduce mejoras en la previsibilidad de ingresos al permitir que la energía vendida en el mercado spot esté vinculada al dólar, lo que reduce la exposición a la depreciación del peso. Aun así, los beneficios no serán inmediatos. “Las medidas de transición continúan limitando la formación de precios”, advierte Moody’s, lo que impide que incluso las plantas más eficientes puedan trasladar completamente sus ventajas de costos a mayores márgenes en el corto plazo.
Otro eje central del proceso es la recomposición tarifaria. En los últimos dos años, el Gobierno avanzó en una fuerte reducción de subsidios y en la actualización de tarifas para acercarlas a los costos reales del sistema. Y aprobó la Reforma Quinquenal Tarifaria (RQT), que define la fórmula de aumentos para los próximos cinco años.
Esto mejoró los ingresos de las empresas y redujo la carga fiscal, pero abrió un frente sensible. A pesar de los aumentos —que en algunos casos superaron el 200% acumulado— los usuarios aún pagan en promedio cerca del 72% del costo total del servicio, lo que implica que el Estado sigue cubriendo una parte relevante. “Las tarifas siguen por debajo del costo total y están condicionadas por la sensibilidad social y política a nuevos aumentos”, señala el informe.
Esa tensión introduce un riesgo clave para la sostenibilidad de las reformas. Moody’s advierte que la consolidación del nuevo esquema dependerá de la capacidad del Gobierno para equilibrar la mejora de las señales de precios con la aceptación social. “Existe el riesgo de que la reacción pública, como pedidos de congelamiento tarifario o reinstauración de subsidios, lleve a desacelerar o revertir el proceso”, sostiene.
En paralelo, las limitaciones físicas del sistema podrían frenar el impacto de los cambios regulatorios. Incluso si el esquema de mercado se consolida, la falta de inversión en generación y transporte podría impedir que las señales de precios se traduzcan en una expansión efectiva de la oferta. “Las restricciones de capacidad e infraestructura podrían impedir que se materialicen plenamente los beneficios de la reforma”, concluye Moody’s.
En ese escenario, CAMMESA, aunque con menor protagonismo, seguirá cumpliendo un rol clave en el corto plazo. La compañía mantendría funciones de coordinación y respaldo para garantizar el suministro mientras el sistema transita hacia un esquema más descentralizado. La transición, en definitiva, combina una mayor apertura al mercado con fragilidades estructurales que todavía condicionan su funcionamiento.
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Almacenamiento y transporte, dos iniciativas clave del Gobierno
Tras la adjudicación en 2025 para la instalación de baterías de almacenamiento que reforzarán las áreas de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno lanzó semanas atrás una licitación nacional e internacional para instalar 700 megawatts (MW) de almacenamiento de baterías de energía eléctrica en todo el país, que se instrumentará a través de Camessa en contratos por diez años.
Además, el 29 de diciembre e 2025 el Gobierno publicó el decreto que tiene como objetivo mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo.
El decreto faculta a la Secretaría de Energía a llevar adelante las licitaciones públicas nacionales e internacionales para las obras de ampliación del transporte eléctrico bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra que permite al sector privado construir sin comprometer recursos fiscales directos.
El financiamiento es a cargo del privado y se recupera una vez que la obra esté operativa, a través de las tarifas que pagarán los usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista que sean beneficiados por la nueva infraestructura, que consta en un inicio de 500 kilómetros de líneas de alta tensión, que reforzarán el sistema en el AMBA, donde se concentra el 40% de la demanda eléctrica del país.
