Bloomberg — El desmantelamiento por parte de Bolivia de los controles de precios y las subvenciones de la era socialista está ganándose a los inversores, pero está llevando a los bolivianos indignados a salir a la calle.
Las reformas de libre mercado del presidente Rodrigo Paz han contribuido a estabilizar la moneda y a reabrir el acceso a los mercados mundiales de deuda desde que asumió el cargo en el 2025. Los inversores están mostrando su confianza con una fuerte subida de los bonos del país.
A nivel nacional, la reacción ha sido muy diferente. El incremento vertiginoso de los precios de los alimentos y una economía abocada a su tercera contracción anual consecutiva han avivado las protestas que paralizaron amplias zonas bolivianas a inicios de este año, lo que ha suscitado dudas sobre hasta qué punto Paz podrá imponer más medidas de austeridad.
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El apoyo público se ha desplomado. Solo el 24% de los bolivianos afirmaba que el país iba por buen camino en una encuesta de Ipsos Ciesmori realizada en septiembre, frente al 68% registrado en enero, entre tanto el índice de aprobación de Paz cayó del 65% al 21% durante el mismo periodo.
El dilema al que se enfrenta Paz es habitual en toda Latinoamérica, donde los gobiernos han tenido dificultades para contener el gasto y eliminar los controles económicos sin agotar la paciencia de los votantes antes de que las reformas den sus frutos.
En Argentina, el presidente Javier Milei se ganó la confianza de los inversores con un ajuste fiscal y una desregulación radicales, solo para enfrentarse a una menor actividad económica y a una caída en su índice de aprobación a medida que persistían las dificultades.
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Para Reyna Villena, el ajuste se nota a la hora de la cena. “No da para llegar a fin de mes; hay que estirar el dinero”, señaló Villena, una madre soltera de 48 años con seis hijos que lustra zapatos frente a una iglesia en el centro de La Paz.
La carne de vacuno, el pollo y los huevos están ahora en gran medida fuera de su presupuesto, por lo que el pan, el té, el arroz y los fideos son los alimentos básicos para ella y sus hijos, según explica.
El coste de numerosos alimentos básicos se ha disparado a medida que el Gobierno desmantela el sistema de subvenciones heredado del Gobierno socialista que estuvo en el poder durante la mayor parte de los últimos veinte años.
Los precios se han más que duplicado en 18 de los 21 productos alimenticios básicos, mientras que muchos bolivianos afirman que se han visto obligados a reducir las comidas diarias, de acuerdo un informe reciente de la Defensoría del Pueblo.
Bolivia es uno de los países con más bajos ingresos de todo el continente americano, y prácticamente la mitad de su población vive en la pobreza. Según señala Carla Cordero, analista de política social de la Fundación Jubileo, una organización de investigación vinculada a la Iglesia católica, solo uno de cada diez bolivianos tiene un empleo formal.
Esto deja a los hogares especialmente expuestos a la subida de los precios de los alimentos, el combustible y otros productos de primera necesidad. Dada la pobreza generalizada y el hecho de que la mayoría de los trabajadores dependen de la economía informal, muchos bolivianos tienen apenas ahorros, poca seguridad laboral o acceso a protecciones sociales que les permitan amortiguar el impacto, afirmó Cordero.
Esto hace que las medidas de ajuste gubernamentales resulten en especial inflamables, con el potencial de provocar una “explosión social”, afirmó.
¿Qué medidas está tomando el Gobierno para amortiguar el impacto del ajuste?
El Gobierno atribuye estas dificultades a los desequilibrios económicos heredados de años de gobierno socialista. “Hoy en día, los bolivianos están pagando, tristemente, el precio de los errores y de la fiesta que organizó el Gobierno anterior durante muchos años”, declaró el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, a los periodistas el 14 de octubre.
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El Gobierno ha anunciado transferencias sociales destinadas a amortiguar el impacto de medidas como la eliminación de los subsidios al gasóleo (diésel). Entre ellas se incluyen transferencias en efectivo a grupos vulnerables, como mujeres embarazadas, alumnos de colegios públicos, personas con discapacidad y personas mayores.
Paz está apostando por que la inversión privada genere puestos de trabajo que sustituyan a la actividad que antes se sostenía mediante el gasto público. No obstante, los elementos clave de esa estrategia tardan en materializarse. Un paquete legislativo, prometido desde hace tiempo, para los sectores minero y de hidrocarburos todavía no ha llegado al Congreso, casi un año después de que asumiera el cargo.
En el mercado de Lanza, en La Paz, Herminia Medrano ha observado cómo se vaciaban las sillas que rodean su puesto de comida. Esta mujer de 71 años lleva 50 años vendiendo comidas allí. “Parece que la gente se está volviendo cautelosa y ya no comen fuera de casa”, afirmó.
Medrano señala una olla grande que ya no utiliza. A medida que los clientes iban desapareciendo, primero pasó a utilizar una de tamaño mediano y, finalmente, a la olla más pequeña que tiene. Ella y otros vendedores elevaron los precios al inicio, sin embargo, cuando los clientes empezaron a escasear, comenzaron a reducir los ingredientes y a ofrecer menos platos.
Sin embargo, según muchos indicadores clave, la economía de Bolivia se está estabilizando.
La tasa de cambio en el mercado paralelo, que se depreció hasta superar los 20 bolivianos por dólar durante los últimos meses del gobierno de Arce, se ha fortalecido hasta situarse en torno a los 12 bolivianos.
Además, a pesar del incremento de los precios de los alimentos, la inflación general se moderó hasta el 5,7% en septiembre, frente al 23% de hace un año, mientras que la escasez de combustible se ha aliviado desde que La Paz comenzó a eliminar las subvenciones.
La mejora de la inflación general supone un alivio menor para los hogares más pobres, que destinan la mayor parte de sus ingresos a alimentos básicos cuyos precios han subido mucho más rápido.
¿Cómo ha recuperado Bolivia la confianza de los mercados?
Este giro estratégico le ha valido a Bolivia una serie de mejoras en la calificación soberana y un programa del Fondo Monetario Internacional por valor de US$1.900 millones, lo que proporciona un colchón financiero tras años de merma de sus reservas.
La agencia de calificación Moody’s mejoró la calificación de Bolivia en septiembre, alegando un menor riesgo de que se produzca un evento crediticio tras el canje de bonos de marzo y el regreso del país a los mercados internacionales de deuda. Su perspectiva sigue siendo positiva.
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“Lo que realmente estamos analizando es la sostenibilidad: si Bolivia sigue aplicando las reformas y si estas no son simplemente una respuesta a la afluencia de liquidez, sino que se mantienen a lo largo del tiempo”, explicó Dylan Walsh, analista de Moody’s para Bolivia.
Las reservas de efectivo en divisas siguen siendo escasas, situándose en US$536 millones a finales de septiembre. El programa del FMI, por valor de US$1.900 millones, junto con otros US$4.000 a US$5.000 millones que se esperan de prestamistas multilaterales, da a Bolivia un respiro a corto plazo, pero también añade obligaciones que el país tendrá que saldar en su momento, indicó Walsh.
Para los partidarios del programa de Paz, las dificultades son la inevitable secuela de unos años en los que Bolivia mantuvo los precios del combustible artificialmente bajos y no invirtió en nuevas industrias de exportación que sustituyeran a la producción de gas natural, en declive.
“Estamos mucho mejor que hace un año; parece que tenemos poca memoria”, afirmó Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores.
¿Cuánto se contraerá la economía boliviana en los próximos años?
Se prevé que la economía se contraiga un 3% en 2026 y otro 1,5 % el próximo año, antes de volver a crecer un escaso 0,5% en 2028, según el FMI. El organismo crediticio señala que el ajuste a corto plazo lastrará la demanda interna antes de que la inversión y la confianza empiezen a recuperarse.
Para lograrlo, será necesario reducir aún más el déficit fiscal, reestructurar o cerrar las empresas estatales deficitarias y completar los cambios legislativos necesarios para que los sectores de la minería, los hidrocarburos y otras industrias resulten más atractivos para el capital privado, según el FMI.
También será necesario contar con el apoyo político del Congreso para obtener financiación extranjera y aprobar la legislación necesaria para atraer inversiones.
Entre tanto, las pequeñas empresas bolivianas señalan que la apuesta del Gobierno por la inversión también debe apoyar a las nacionales que ya se enfrentan a unos costes más elevados, en lugar de centrarse principalmente en atraer a grandes inversores extranjeros. Afirman que las empresas locales serán fundamentales para la creación de empleo a medida que la economía se ajuste.
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Para la amplia mano de obra informal del país, el ajuste ya está poniendo a prueba los límites de lo que los hogares y las pequeñas empresas pueden soportar.
César Gonzáles, líder de la confederación nacional que representa a vendedores ambulantes, artesanos y otros trabajadores autónomos, afirmó que las ventas de sus afiliados se han reducido en un 50%.
Nuevos recortes en las subvenciones al gas natural y la gasolina supondrían “un golpe muy duro para nuestra economía” y deberían introducirse de forma gradual, señaló Gonzáles.
“Se han apretado los cinturones al máximo”, agregó.
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