Bogotá — El Gobierno de Abelardo De la Espriella radicó ante el Congreso un proyecto de Ley de Rescate Económico que busca reducir el gasto público, mejorar los ingresos de la Nación y estabilizar las finanzas públicas, mediante cambios en la administración estatal, la financiación de la seguridad social y el sistema tributario.
Reforma Tributaria del Gobierno De la Espriella
La iniciativa, presentada por el Ministerio de Hacienda, plantea medidas para reducir las ineficiencias del gasto, optimizar los recursos públicos, promover el crecimiento económico y fortalecer los controles contra la evasión y el contrabando.
Uno de los componentes centrales de la propuesta es la reorganización del Estado. El proyecto contempla otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República durante seis meses para suprimir, fusionar o escindir ministerios y departamentos administrativos, modificar la estructura de entidades públicas y reasignar funciones entre organismos para eliminar duplicidades.
Estas facultades también permitirían modificar las plantas de personal, suprimir empleos y vacantes y centralizar servicios administrativos compartidos entre varias entidades. La iniciativa establece que los cambios deberán sustentarse en criterios de eficiencia y sostenibilidad fiscal, además de respetar los derechos laborales previstos en la legislación.
Recortes al gasto público
El proyecto contempla medidas de austeridad para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Entre ellas, establece que durante 2027 los costos asociados a la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión deberán reducirse en 50% frente a la vigencia anterior.
También plantea limitar el crecimiento de los gastos de adquisición de bienes y servicios entre 2027 y 2030, de manera que no supere la variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior.
La propuesta incluye restricciones para gastos de viajes, viáticos, arrendamientos, adquisición de vehículos, telefonía, papelería y publicidad oficial, así como medidas para reducir los gastos operativos asociados a la ejecución de programas y proyectos de inversión.
En materia de personal, el articulado establece que para 2028 los gastos de las entidades públicas deberán decrecer nominalmente en 20%, sin incluir a los integrantes de la Fuerza Pública. Para 2029 y 2030, plantea que estos gastos no podrán crecer más de 0,5 puntos porcentuales por encima de la meta de inflación promedio proyectada en la elaboración del Presupuesto General de la Nación.
El Gobierno también propone crear un programa de movilización, enajenación y optimización de activos estatales. Las entidades públicas deberán identificar bienes muebles e inmuebles, participaciones accionarias y otros activos que puedan transferirse a la Central de Inversiones S.A. (CISA) para su administración y comercialización. Los recursos netos obtenidos se destinarían al Presupuesto General de la Nación y, durante las primeras cuatro vigencias fiscales, al menos 50% se utilizaría para pagar el servicio de la deuda.
Revisión del gasto y de los fondos especiales
La iniciativa propone evaluar las leyes que ordenan gastos públicos y establecen rentas de destinación específica, así como la pertinencia de mantener determinados fondos especiales.
Para ello, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación deberán estudiar los resultados, los costos, el cumplimiento de objetivos y la posible duplicidad de funciones de los programas financiados con recursos públicos.
El proyecto contempla la posibilidad de aplazar o reducir asignaciones presupuestales que no cuenten con concepto favorable del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), bajo las condiciones previstas en el articulado. También establece que las transferencias y rentas de destinación específica vinculadas a los ingresos corrientes de la Nación se ajusten al recaudo efectivo.
Cambios en la financiación de la seguridad social
Otro componente de la propuesta corresponde a la financiación de la seguridad social. El articulado plantea modificar los aportes parafiscales y las cotizaciones al sistema de salud, con exoneraciones para determinados empleadores y trabajadores, de acuerdo con sus niveles de ingresos.
A partir de 2027, el proyecto contempla exonerar del pago de aportes parafiscales al Sena y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como de las cotizaciones al régimen contributivo de salud, a las sociedades y personas jurídicas que cumplan las condiciones establecidas en el texto.
Para los trabajadores dependientes, la iniciativa propone una cotización a salud a cargo del empleado que aumentaría progresivamente según el nivel salarial, desde 4% para quienes devenguen hasta un salario mínimo mensual legal vigente hasta 8% para quienes reciban entre 20 y 25 salarios mínimos.
El documento también plantea cambios en la destinación de recursos de las cajas de compensación familiar y del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) para financiar el aseguramiento en salud.
Ajustes tributarios
El proyecto incluye modificaciones a los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas y productos de tabaco, entre otras disposiciones tributarias.
Para los licores, vinos, aperitivos y productos similares, propone una tarifa específica de $750 por cada unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, además de un componente ad valorem de 35%. La tarifa específica se actualizaría anualmente con base en la variación del IPC más cuatro puntos porcentuales.
La iniciativa también modifica disposiciones relacionadas con los cigarrillos, el tabaco elaborado, los derivados y los dispositivos electrónicos que contienen nicotina, incluidos los vapeadores.
El recaudo adicional que se genere por el incremento del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas se destinaría a financiar el aseguramiento en salud, según lo establecido en el articulado.
La propuesta deberá surtir su trámite legislativo en el Congreso de la República antes de convertirse en ley.
