La continuidad de Luiz Inácio Lula da Silva al frente del Poder Ejecutivo de Brasil despertó algunas alertas respecto de la trayectoria fiscal del gigante sudamericano. Y en las últimas horas, dos de las principales agencias calificadoras de riesgo se refirieron al asunto.
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Fitch advierte por una deuda que podría seguir creciendo
Fitch Ratings sostuvo que la reelección de Lula introduce incertidumbre fiscal y podría dificultar una estabilización duradera de la deuda pública en relación con el PBI. La calificadora considera que el escenario base contempla una consolidación fiscal gradual, insuficiente para estabilizar el ratio de deuda, salvo que una reacción adversa de los mercados obligue al Gobierno a acelerar el ajuste.
La agencia señaló que todavía no está claro si Lula se alejará de su plataforma de mayor gasto social financiado con mayores ingresos. Esa estrategia enfrenta un escenario político más complejo, con un mandato de gobierno estrecho y un Congreso más independiente y orientado hacia el centro-derecha. A esto se suma que las iniciativas de aumento del gasto anunciadas durante la campaña podrían entrar en tensión con el compromiso del mandatario de respetar la regla fiscal vigente.
Fitch proyecta que el déficit del Gobierno general se ampliará a 8,6% del PIB este año, desde 8,1% en 2025, mientras que la deuda subiría a 82,4% del PIB, frente al 78,6% del año pasado. La calificadora prevé que el endeudamiento se acerque al 90% del PBI en 2028.
Aunque el déficit primario federal se ubicaría en 0,4% del PIB en 2026, el aumento de programas sociales podría volver a presionarlo en 2027 si no se implementan medidas compensatorias.
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El costo de financiamiento es otro de los riesgos. Fitch advierte que las dudas sobre la credibilidad fiscal podrían mantener elevados los premios de riesgo y retrasar el ciclo de recortes de tasas previsto para 2027. Más de 50% de la deuda pública brasileña está vinculada a la Selic, por lo que una reducción de tasas más lenta se trasladaría rápidamente a mayores costos de servicio de la deuda y podría forzar un mayor pragmatismo fiscal.
Moody’s pone el foco en Lula y el nuevo Congreso
Moody’s, por su parte, espera una amplia continuidad de las políticas durante el cuarto mandato de Lula y considera que los vínculos entre el Ejecutivo y el Congreso serán determinantes para estabilizar la deuda. La agencia advierte que un ajuste fiscal gradual podría prolongar los elevados déficits nominales, los altos costos de financiamiento y el crecimiento de la carga de deuda.
Según Moody’s, la deuda del Gobierno general ya ronda 83% del PBI, frente a cerca de 72% cuando Lula fue elegido en 2022. El problema, sostiene la agencia, es que más de 90% del gasto está fijado por ley y que las enmiendas parlamentarias representan ahora 24% del gasto discrecional, frente a 2% en 2015. Para estabilizar el ratio de deuda, Moody’s estima que Brasil necesitaría un superávit primario de entre 2% y 3% del PIB, algo que considera imposible sin reformas.
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La calificadora prevé que Lula mantenga el actual marco fiscal y busque mejorar las cuentas públicas mediante un mayor crecimiento económico, medidas de ingresos y una mayor eficiencia del gasto, pero considera que esa estrategia probablemente seguirá generando déficits fiscales elevados. Con el nuevo Congreso, más inclinado hacia la derecha, la aprobación de reformas sobre gasto social y programas previsionales podría ser todavía más difícil.
Tanto Fitch como Moody’s ven una eventual mejora de la credibilidad fiscal como un factor capaz de aliviar la presión sobre las tasas y la deuda. Pero mientras Fitch advierte que la falta de avances podría generar presión negativa sobre la calificación, Moody’s seguirá de cerca la conformación del equipo económico y, en particular, si el presupuesto de 2027 marca un camino creíble hacia una consolidación fiscal de mediano plazo.
