Bloomberg Línea — Brasil puede dejar de limitarse a cumplir con las exigencias ambientales de sus compradores para asumir un papel más relevante en la definición de estándares para el comercio internacional de soya y carne de res libres de deforestación.
Así lo confirma el estudio “Rastreando la responsabilidad: fortalecimiento del monitoreo de la deforestación en las cadenas de suministro de soya y carne de res de Brasil”, realizado por World Resources Institute (WRI), una institución sin fines de lucro financiada por gobiernos y fundaciones filantrópicas globales, como Bezos Earth Fund y AKO Foundation.
Ver más: Brasil se apresura a proteger US$1.800 millones en exportaciones de carne a la UE
“Más que responder a exigencias externas, es una oportunidad para que Brasil convierta la transparencia y la confiabilidad en un pilar de su estrategia de desarrollo”, afirmó Mariana Oliveira, directora del Programa de Bosques y Uso de la Tierra de WRI Brasil, en una entrevista con Bloomberg Línea.
Oliveira es una de las autoras del estudio, que reúne a investigadores vinculados a las instituciones WRI Brasil, BVRio, Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, Principles for Responsible Investment, WRI China y Proforest.
“Brasil tiene las condiciones para participar y llevar a cabo esta transformación, no solo para seguir suministrando materias primas, sino para ser protagonista en la construcción de cadenas de producción y comercio más resilientes, competitivas y sostenibles”, afirmó Oliveira.
Ver más: El Niño eleva el riesgo para las tasas de interés en América Latina: los países más expuestos
La soya y la carne de res representaron juntas más del 60% del valor de las exportaciones del sector agroindustrial del país en 2024, según datos de Comex citados por el estudio. Al mismo tiempo, estas dos actividades se encuentran entre las que más presión ejercen sobre la vegetación nativa, especialmente en la Amazonía y el Cerrado, según el estudio.
El estudio del WRI analizó 21 iniciativas de monitoreo, diez enfocadas en la soya y 11 en la ganadería, entre las que se incluyen protocolos comerciales, acuerdos voluntarios, plataformas públicas, certificaciones y recomendaciones multisectoriales.
El estudio comparó las iniciativas en seis dimensiones, que incluyen la trazabilidad, el control de la deforestación y la conversión de tierras, las restricciones ambientales, la superposición con áreas protegidas, el cumplimiento ambiental y la presencia de trabajo análogo a la esclavitud.
Según el estudio, Brasil cuenta con un importante marco legal, como el Código Forestal, y dispone de bases de datos oficiales, como el Registro Ambiental Rural (CAR), el Prodes y el Deter, además de plataformas estatales y fuentes complementarias de monitoreo. El reto, sin embargo, es integrar esta información y establecer criterios comparables más claros.
Ver más: El Niño ya viene y amenaza con sacudir la inflación, las bolsas y las materias primas
Entre las prácticas destacadas se encuentran el Protocolo de Monitoreo de Proveedores de Ganado de la Amazonía y el Protocolo Verde de Granos de Pará. Ambos verifican las autorizaciones para la remoción de vegetación, documento que se utiliza para evaluar si dicha remoción fue autorizada legalmente.
Las plataformas SeloVerde de Pará, Minas Gerais y Maranhão también se señalan como experiencias relevantes por combinar datos ambientales con información sobre infracciones, regularización y, en algunos casos, facturas. En conjunto, abarcan aproximadamente 1,3 millones de propiedades rurales, lo que equivale a cerca del 20% de los registros del CAR.
Falta de integración entre las iniciativas
A pesar de la infraestructura disponible, las iniciativas adoptan diferentes fechas de corte, unidades de monitoreo, límites para la detección de la deforestación, mecanismos de auditoría y reglas para el bloqueo o la reincorporación de proveedores.
“A pesar de estas buenas iniciativas, el panorama está fragmentado y, por lo tanto, presenta algunas inconsistencias. Y esto sí puede comprometer la credibilidad de algunas de estas cadenas productivas”, afirmó Mariana.
La fecha límite se define a partir del momento en que el sistema comienza a considerar una deforestación o una conversión. Parte de los mecanismos está vinculada a la fecha de julio de 2008, asociada a la aplicación del Código Forestal, mientras que otros utilizan diciembre de 2020, fecha adoptada por la normativa contra la deforestación de la Unión Europea.
Ver más: Los países de América Latina que estarán entre los más golpeados por El Niño, según BofA
En la práctica, un área deforestada entre estos dos puntos de referencia puede recibir diferentes tratamientos según la iniciativa o el mercado comprador.
Por ello, el estudio distingue dos niveles de exigencia. El primero reúne criterios destinados a verificar el cumplimiento de la legislación brasileña.
El segundo añade compromisos más amplios para cadenas libres de deforestación y conversión. Una producción considerada legal en Brasil no necesariamente cumple con las condiciones adicionales establecidas por ciertos compradores internacionales.
También hay diferencias en el área examinada. Algunas iniciativas de soya monitorean solo la parcela cultivada, mientras que otras evalúan toda la propiedad registrada en el CAR. El estudio recomienda utilizar la propiedad rural como unidad de monitoreo y eventual bloqueo, ya que pueden ocurrir irregularidades fuera del área plantada.
En la ganadería, la principal brecha es la cobertura de los proveedores indirectos. Las auditorías relacionadas con el Término de Ajuste de Conducta de la Carne y el Compromiso Público de la Ganadería se concentran en los proveedores directos, dejando que las etapas previas queden más expuestas al riesgo de deforestación.
Ver más: Los países que ya se preparan para el “Súper Niño 2026” y sus posibles consecuencias
La recomendación es comenzar con las herramientas disponibles, como las Guías de Tránsito Animal y los protocolos para proveedores indirectos, y avanzar gradualmente hacia la identificación individual de los animales.
Sin embargo, el estudio reconoce que el costo y la complejidad técnica aún limitan la adopción de este modelo a gran escala.
WRI propone consolidar las prácticas más consistentes en una referencia común. La idea es armonizar los requisitos en un modelo gradual para empresas, gobiernos y compradores.
Las diez recomendaciones incluyen el uso de bases oficiales y científicamente validadas, auditorías independientes, cobertura de todos los biomas, control de proveedores indirectos y procedimientos de remediación.
El productor sancionado podría reincorporarse a la cadena tras tomar medidas verificables, como la corrección de las irregularidades, la restauración del área y el compromiso de no realizar nuevas conversiones.
Ver más: Las olas de calor cambian las reglas de la economía: quiénes ganan y quiénes pierden
China ocupa un lugar central en esta propuesta. En 2023, recibió el 74% de la soya exportada por Brasil, en operaciones por un valor de US$38.600 millones. Las ventas brasileñas de carne de res al mercado chino alcanzaron 1,33 millones de toneladas en 2024. La magnitud del comercio permitiría que un acuerdo bilateral tuviera efectos más allá de la relación entre ambos países.
Sin embargo, su adopción dependerá de incentivos económicos, datos confiables, capacidad institucional y la adhesión de empresas y gobiernos. Para Oliveira, la trazabilidad debe tratarse como infraestructura económica, y no solo como un costo regulatorio.
“No son solo instrumentos de control, ni deben verse como una respuesta a exigencias regulatorias. Pero son parte de esa infraestructura económica esencial”, afirmó.
Según Oliveira, al demostrar dónde y en qué condiciones producen, las empresas pueden reducir riesgos, atraer inversiones y convertir la trazabilidad en una ventaja competitiva.
