Bloomberg — Mientras el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y sus asesores económicos debaten los planes fiscales de Brasil, sigue resurgiendo una historia que sirve de advertencia: la repentina apuesta de Dilma Rousseff por la austeridad tras ganar la reelección en 2014, un giro que vino seguido de un desplome de su popularidad y de su destitución menos de dos años después.
Rousseff había hecho campaña en contra de los recortes de gasto, pero tras su victoria endureció la política fiscal y nombró a un ministro de Hacienda favorable a los mercados. Aunque ese cambio de rumbo por sí solo no explica su caída, el episodio sigue siendo un recuerdo traumático que marca el enfoque de Lula respecto a la política fiscal doce años después.
También es la señal más clara hasta la fecha de que este político de izquierdas, de 81 años, hará cualquier cosa menos recortar el gasto social en su cuarto y último mandato presidencial.
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En su lugar, los planes debatidos en sus reuniones prevén un ajuste fiscal gradual que tiene como objetivo alcanzar un superávit presupuestario primario, que excluye los pagos de intereses, del 1,5 % del producto interior bruto al final del mandato de cuatro años de Lula. Esa cifra está por debajo de lo que desean los inversores y dejará fuera algunas de sus principales exigencias, entre ellas el fin de los aumentos del salario mínimo real y un límite inferior para el crecimiento del gasto público.
Las personas que participan en las conversaciones actuales con el presidente afirman que, en opinión de Lula, un giro fiscal brusco en este momento socavaría la propia plataforma que devolvió al líder de izquierdas al poder y correría el riesgo de alejar a sus seguidores. Además, según personas con conocimiento del asunto, Lula no desea terminar su presidencia como alguien que, en sus últimos años, hiciera lo mismo de lo que se acusó a Rousseff: una traición electoral a los votantes.
La principal propuesta fiscal que se debate actualmente permitiría al gobierno ampliar la parte del presupuesto federal que podría estar sujeta a congelaciones de gasto. En la práctica, ese mecanismo daría al gobierno de Lula más flexibilidad para controlar los gastos y garantizar el cumplimiento de sus objetivos presupuestarios.
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El gobierno también pretende mejorar la eficiencia de los programas sociales y frenar los gastos que están creciendo a un ritmo superior al permitido por el marco fiscal de Brasil, según afirmó una de las fuentes.
Sin embargo, los inversores reclaman medidas urgentes, ya que el déficit presupuestario nominal de Brasil ronda el 10% del PIB y la deuda pública alcanza niveles récord. Durante su campaña, Lula empeoró las perspectivas fiscales del país al destinar miles de millones de dólares adicionales a medidas como los subsidios a los combustibles y el crédito. Hasta el momento, no ha dado señales de cambiar de rumbo de la forma que desean los mercados.
La insistencia del presidente en seguir una dirección diferente a la de los mercados, unida a los planes que ya se están debatiendo, ha avivado el temor entre algunos miembros de su propio equipo de que no haga más que agravar la desconfianza entre los inversores. La opinión general es que, si la situación fiscal empeora, las previsiones de inflación de Brasil aumentarán y las de crecimiento económico descenderán.
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El ministro de Hacienda
Las preocupaciones de los inversores quedaron al descubierto cuando los mercados reabrieron tras la segunda vuelta del domingo. Los activos brasileños se desplomaron el lunes: el real se debilitó, el índice bursátil de referencia Ibovespa se hundió y las tasas de los swaps se dispararon, ya que la victoria de Lula sorprendió a los observadores que esperaban un cambio tanto en el gobierno como en la orientación fiscal.
La Presidencia de Brasil se negó a hacer comentarios sobre esta noticia. El martes, el actual ministro de Finanzas, Dario Durigan, afirmó que el gobierno garantizará que no haya incertidumbre alguna sobre su compromiso con los objetivos fiscales.
“El gobierno del presidente está comprometido con la responsabilidad y la estabilidad fiscales”, afirmó, y añadió que pronto se anunciarán nuevas medidas.
Los inversores esperan ahora que la elección del ministro de Hacienda por parte de Lula para su próximo mandato ofrezca nuevas pistas sobre la orientación de su política económica. El presidente aún no ha indicado a quién tiene previsto nombrar, lo que deja a los mercados especulando sobre quién se encargará de aplicar su agenda fiscal.
Entre los nombres que barajan los aliados de Lula se encuentra Rafael Fonteles, actual gobernador del estado nororiental de Piauí, quien se reveló como una figura influyente en la campaña del presidente durante la segunda vuelta. Fonteles, antiguo secretario de Hacienda del estado y conocido por su disciplina fiscal, es considerado por algunos aliados como una persona capaz de ayudar a disipar las preocupaciones de los inversores sin dejar de estar en sintonía con la agenda política de Lula.
Durigan, que se ha convertido en un intermediario clave con los mercados financieros, también podría permanecer en el cargo.
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