Bloomberg Línea — El Gobierno de Chile activó en el extremo norte del país un plan de infraestructura fronteriza orientado a reforzar los controles en el límite con Perú.
En la zona desértica de Arica comenzaron a operar excavadoras y camiones del Ejército, acompañados por personal de las Fuerzas Armadas, en el marco de un esquema que contempla la construcción de barreras físicas de gran escala.
La iniciativa incluye la apertura de zanjas de profundidad considerable y la instalación de muros en sectores estratégicos cercanos a la carretera Panamericana.
El objetivo oficial es reducir los cruces irregulares desde países vecinos, con especial atención a los ingresos provenientes del territorio peruano.
El lanzamiento formal se concretó el lunes por la tarde, con la llegada del presidente José Antonio Kast a la región de Arica y Parinacota, donde encabezó el inicio de una de las principales promesas de su campaña.
La primera etapa del programa, bautizada como “Escudo Fronterizo”, se ejecuta directamente sobre la línea limítrofe bajo coordinación de fuerzas militares y de seguridad.
Según reportes de medios locales, el mandatario lideró además una reunión del comité de ministros de seguridad en la base militar Solo de Saldívar, junto a la ministra de Seguridad chilena, Trinidad Steinert, y autoridades de las áreas de Defensa, Interior y Justicia.
El plan prevé intervenir más de 520 kilómetros de extensión, desde Chacayuta hasta Colchane, mediante la colocación de vallas, muros y zanjas.
En el terreno, las primeras tareas se concentran en la delimitación de las excavaciones, señalizadas con banderines, y en el despliegue de un contingente cercano a 600 efectivos, el doble de la dotación habitual en la zona.
Las labores se desarrollan a pocos metros de la frontera, en un tramo visible para quienes circulan entre Tacna y Arica.
El refuerzo operativo se complementa con un incremento en la presencia militar en campamentos instalados en el área.
De acuerdo con autoridades regionales citadas por medios de comunicación, el número de efectivos se duplicó respecto del nivel previo, a lo que se suman operadores de maquinaria y personal destinado a tareas de control migratorio.
En paralelo, el Gobierno avanzó con un endurecimiento de los controles internos.
Fuentes policiales indicaron que se intensificaron las fiscalizaciones sobre actividades vinculadas al traslado, alojamiento y contratación de personas en situación migratoria irregular.
A su vez, el Ejecutivo prevé enviar al Congreso un proyecto para tipificar la migración irregular como delito.
El despliegue se inscribe en un contexto regional marcado por el aumento de los flujos migratorios.
Datos difundidos por NTN24 señalan que, hacia 2024, residían en Chile unos 729.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales más de 252.000 no contaban con regularización.
La frontera con Perú, de 170 kilómetros, es uno de los principales puntos de ingreso, aunque la estrategia oficial abarca un corredor más amplio entre Chacayuta y Colchane.
“Esta retroexcavadora no va a fallar, porque la empujan todos los chilenos”, aseguró Kast en diálogo con medios de comunicación.
