Bloomberg — El proyecto de ley económica insignia del presidente chileno José Antonio Kast superó este jueves su primer obstáculo en el Congreso, pero la votación da poco respiro a la nueva administración mientras trabaja para reunir apoyo legislativo.
La Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó en principio el proyecto de ley, con ocho diputados a favor y cuatro en contra, y una abstención. La aprobación inicial despeja el camino para el debate artículo por artículo y una nueva votación la próxima semana, mientras el gobierno impulsa un ambicioso calendario para la aprobación completa en ambas cámaras del Congreso antes de junio.
Kast cuenta con que las disposiciones del proyecto de ley, que incluyen recortes del impuesto de sociedades, incentivos a la inversión y fondos para la reconstrucción, ayuden a impulsar el crecimiento económico de Chile hasta el 4% al final de su mandato en 2030. Los críticos, incluidos algunos del establishment económico centrista del país, afirman que la legislación ampliaría el déficit fiscal, sin garantías de que se compense con nuevas inversiones y recortes del gasto.
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Menos de dos meses después de asumir el cargo, Kast también se enfrenta a las luchas internas del gobierno, a la caída de los índices de aprobación y a las presiones económicas derivadas de la guerra de Irán.
El equipo del presidente se ha visto obligado a negociar los términos del amplio proyecto de ley económica con los legisladores, ya que carece de mayoría en ambas cámaras del Congreso, y su aprobación en el pleno de la cámara baja y del Senado no está garantizada.
En abril, el gobierno se aseguró un respaldo crucial del populista Partido de la Gente, o PDG, que cuenta con 14 escaños en la cámara baja de 155 miembros, tras aceptar presentar un proyecto de ley para recortar el impuesto sobre las ventas de pañales y medicinas. Los miembros del partido abandonaron repentinamente el acuerdo a última hora del miércoles, diciendo que la administración no estaba cumpliendo su parte del acuerdo.
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Mientras la administración Kast trabaja para apaciguar al PDG, también está defendiéndose de una dura reprimenda esta semana del organismo de control fiscal independiente de Chile, el Consejo Fiscal Autónomo, o CFA, sobre el impacto del proyecto de ley en las arcas públicas. El CFA dijo que es más probable que la legislación reduzca los ingresos que estimule el crecimiento.
“Un riesgo transversal que vemos es un desajuste entre los costes y los beneficios fiscales”, escribió el CFA en un comunicado. El ministro de Finanzas, Jorge Quiroz, que encabeza el proyecto de ley, dijo que su equipo analizará el informe del organismo de control.
El impacto fiscal neto del proyecto de ley sobre los ingresos públicos sería negativo durante al menos cinco años después de la entrada en vigor de las medidas, incluso si éstas impulsan el crecimiento, según un informe de abril de la oficina presupuestaria. La caída de los ingresos alcanzaría los 1,6 billones de pesos (US$1.800 millones) en 2028, calculados a partir de las estimaciones del Ministerio de Finanzas de que las medidas elevarían el producto interior bruto un 8,2% en 10 años.
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Quiroz también ha sido criticado por sus compañeros de gabinete por los recortes del gasto público. El controvertido ministro de Vivienda, Iván Poduje, indicó a finales del mes pasado que se oponía a aplicar algunos de los recortes propuestos, bromeando en una entrevista con una emisora de radio local que Quiroz era “un ministro más”, antes de dar marcha atrás.
Por otra parte, el principal asesor y amigo personal del presidente, Alejandro Irarrázaval, ha discutido sobre la dirección política del gobierno con el senador Arturo Squella, actual presidente del Partido Republicano que fundó Kast.
El índice de aprobación de Kast cayó al 40% en una encuesta de Cadem publicada el 30 de abril, por debajo del 57% que tenía cuando asumió el cargo a mediados de marzo. Recientes encuestas de opinión pública han mostrado que la inflación vuelve a ser una de las principales preocupaciones de los votantes desde que la administración dejó que los precios de los combustibles experimentaran el mayor aumento desde al menos 1980 debido a la guerra de Irán.
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