Bloomberg — Justo antes de la medianoche, dos hombres con overoles blancos y guantes negros escalan una cerca eléctrica en un parque solar en el desierto de Atacama, en Chile. Se deslizan en silencio entre filas y filas de paneles relucientes. Otros utilizan una gruesa tijera y una pulidora eléctrica para abrir el portón principal. Tres camionetas sin placas ingresan para que la banda cargue su botín y escape rápidamente.
Los ladrones suelen tener menos de una hora antes de que llegue la policía para inutilizar las cámaras, cortar cables y extraer docenas de paneles antes de desaparecer en las dunas. En este caso, solo había un guardia de seguridad, al que dieron instrucciones de esconderse en caso de intrusión. Aun así, lo ataron.
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Chile está siendo testigo de un aumento de los robos en las granjas solares. Muchos en la industria confirman en privado que han sido golpeados, pero pocos están dispuestos a decirlo públicamente mientras los equipos robados se cuelan en los mercados negros.
En esta estrecha franja de los Andes, unas condiciones excepcionalmente soleadas, una tarificación de la electricidad basada en el mercado y un clima favorable a la inversión han impulsado un rápido crecimiento de la energía fotovoltaica, que ha pasado de representar solo el 3% de la capacidad total instalada en 2015 a un tercio del sistema en la actualidad, según datos del Gobierno. Siguiendo el patrón de otros lugares como California y el Reino Unido, este auge de la energía solar ha traído consigo la delincuencia. Pero aquí la tendencia se ve acelerada por extensiones más remotas y una delincuencia organizada más arraigada, lo que plantea riesgos para las infraestructuras críticas de Chile, con posibles consecuencias para la fiabilidad de la red y la inversión extranjera.
“El robo de cables, paneles o equipos electrónicos puede paralizar temporalmente parques solares enteros y causar importantes pérdidas económicas”, afirma Erwin Plett, director ejecutivo de la asesoría en energías renovables Low Carbon Chile SpA, y añade que también eleva los costos de seguridad y seguros. “Chile sigue siendo uno de los mercados renovables más atractivos de la región, pero mantener ese liderazgo requiere garantizar la seguridad de la infraestructura energética”.
Hace cinco años, los robos de paneles eran poco frecuentes, según un gerente de prestación de servicios que supervisa más de 60 parques en Chile y que no estaba autorizado a hablar públicamente. Desde marzo del año pasado, la cartera del gestor registró más de 30 robos. En un caso, un solo sitio fue asaltado cinco veces en menos de un mes.
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Fernando Navarro, gestor de proyectos de Tritec-Intervento, la unidad chilena de una empresa europea de energía solar, afirma que los robos se han ido organizando cada vez más a lo largo de sus seis años en el sector. Al principio los incidentes eran menores: uno o dos paneles que desaparecían en un periodo de construcción de ocho meses. Desde entonces, las pérdidas han evolucionado hasta convertirse en redadas coordinadas, en las que los camiones se llevan cuatro o cinco cajas a la vez, y cada caja contiene al menos 30 paneles.
Los frágiles paneles pesan unos 30 kilogramos (66 libras) y suelen costar entre US$60 y US$70 cada uno, y los delincuentes saben qué desconectar y a qué componentes apuntar para evitar riesgos de seguridad al retirarlos, explica Navarro. A menudo desmontan los complejos equipos para extraer el cobre y se hacen también con baterías, vallas y sistemas de control.
“El perfil de estos grupos criminales que cometen estos robos es que entienden la utilidad de los equipos”, dijo Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, o Acera. “Y hay un mercado dispuesto a comprarlo para utilizarlo de formas distintas para las que fue originalmente desarrollado, comprado e instalado. Eso nos preocupa mucho”.
Los cables son los componentes más robados, con un 85,7% de los casos, seguidos de los paneles fotovoltaicos, con un 54,8%, según datos de la Asociación Chilena de Energía Solar, o Acesol.
Chile no está solo. “El rápido crecimiento de la energía solar, combinado con la alta densidad de valor de los módulos y la dificultad de rastrear los equipos sin una identificación estandarizada, crea las condiciones ideales para el robo en cualquier país”, afirma Felipe Javier Ríos Ledesma, investigador del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. “Sin embargo, Chile tiene unas condiciones locales que lo hacen especialmente vulnerable”.
Canales opacos
Benjamin Sovacool, profesor de tierra y medio ambiente en la Universidad de Boston y en la Universidad de Sussex, ha estudiado el robo de paneles solares en todo el mundo. Calcula que alrededor del 20% de los paneles robados se dañan durante el traslado o el tránsito, lo que refleja la fragilidad de los sistemas basados en vidrio y de componentes como los inversores y las baterías. Del resto, alrededor del 30% se revende en los mercados nacionales y aproximadamente la mitad acaba en los mercados internacionales, dijo, basándose en un patrón que estudió en Indonesia.
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En el caso de Chile, la lejanía de los emplazamientos y su vasta superficie hacen que los parques solares sean difíciles de asegurar, mientras que la inactividad en la oscura noche del desierto ofrece a los ladrones una ventana despejada para operar. Los emplazamientos en expansión pueden tener solo uno o dos guardias desarmados.
Y lo que es más importante, las porosas fronteras del país pueden invitar al contrabando. Las granjas solares situadas en lugares remotos “suelen estar muy cerca de las fronteras y de cruces no autorizados o no controlados”, dijo Rojas. “Así que es fácil trasladar el equipo a países vecinos como Perú, Bolivia y Argentina”.
El cobre, en particular, puede agregarse y transportarse a través de la cadena de valor para su exportación, lo que dificulta el rastreo de su destino final en un momento de precios boyantes para el metal rojo. En abril, las autoridades chilenas desmantelaron una red de delincuencia organizada que había movido cobre robado por valor de más de US$900 millones entre 2020 y 2025, transportándolo en camiones hasta el puerto norteño de Iquique antes de enviarlo a China.
Navarro señala que los proyectos son más vulnerables en las fases iniciales, cuando los materiales se almacenan en cajas o pallets, los sistemas de seguridad aún no están completamente operativos y hay un movimiento constante de trabajadores y subcontratistas.
Ante el crecimiento en los delitos, inversionistas han incorporado cada vez más el robo y el vandalismo en sus evaluaciones de riesgo, lo cual eleva los costos de seguros, seguridad y los proyectos en general, dijo Plett.
“Hasta ahora no han frenado la inversión, pero constituyen una señal de alarma que el país debe abordar urgentemente”, afirmó.
Sentimiento de impunidad
Antes del amanecer del 24 de febrero, unos ladrones irrumpieron en el parque solar Eléctrica Altos de Til Til, al norte de Santiago, y robaron cableado de cobre en lo que el director general, Andrés Guerrero, describe como el tercer incidente desde finales de septiembre. La granja, que fue diseñada principalmente para abastecer a la cercana planta de procesamiento de minerales de San Pedro, había funcionado durante años sin incidentes hasta esta reciente cadena de ataques.
“Sabían exactamente lo que hacían”, dijo Guerrero. Antes de cortar los cables de cobre que alimentan el sistema, los intrusos desactivaron las cámaras de seguridad y penetraron en la sala de control. Después enrollaron los cables y los transportaron por una ladera adyacente, sorteando un terreno inaccesible para los vehículos. Algunos cables fueron escondidos entre árboles, ocultos para su posterior retiro.
Los delincuentes suelen quitar las fundas de plástico, extraer el cobre y venderlo como chatarra. El aumento de los precios del metal ha contribuido a alimentar los incidentes, según Guerrero, que añade que los costosos daños causados por los robos pueden tardar semanas en repararse.
Los delincuentes pueden robar un cable que valga solo unos 1.000 pesos chilenos (cerca de US$1), pero sustituirlo puede costar entre 30 y 40 veces más, dijo Michael Minnes, director general de CarbonFree Chile SpA, especializada en desarrollo y financiación de energía solar.
La Policía de Investigaciones de Chile, o PDI, dice que está investigando activamente los delitos en las granjas solares. “El robo de paneles solares y baterías se está produciendo efectivamente en el norte de Chile, y alimenta un mercado que también tiene carácter internacional o transnacional”, dijo Marcos Ramírez, que dirige la división nacional de robos de la PDI.
En un caso de 2023, la PDI de la norteña ciudad de Arica se puso en contacto con Acesol tras interceptar una camioneta que transportaba paneles cerca de la frontera con Perú. Los números de serie coincidían con los de un conjunto robado a uno de los miembros del grupo.
Sin embargo, la mayoría de las veces los autores se escapan, lo que crea un clima de impunidad, dicen las víctimas. “No hay ningún incentivo para denunciar porque no se esperan resultados”, afirma Guerrero.
Otro ejecutivo del sector de las energías renovables, que no estaba autorizado a hablar en público, dijo que las cámaras de seguridad solo parecen estar ahí para que las víctimas puedan ver cómo se desarrollan los robos en tiempo real.
Acera espera que el nuevo Ministerio de Seguridad de Chile aborde el problema como parte de la campaña más amplia del gobierno contra la delincuencia. “Desde Acera estamos plenamente disponibles para aportar información y elaborar nuevas propuestas”, dijo Rojas.
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Un portavoz del Ministerio de Energía dijo que un grupo de trabajo inicial sobre el robo de cables se amplió para abarcar la infraestructura energética y finalmente se transfirió al Ministerio de Seguridad, que no respondió a una solicitud de comentarios.
Mientras tanto, las primas de los seguros suben. Las pólizas a todo riesgo para la construcción suelen conllevar franquicias elevadas, lo que significa que los robos suelen ser absorbidos por los contratistas. A medida que el delito se ha disparado en los últimos tres años, las aseguradoras han endurecido las condiciones y elevado los costos, reduciendo la eficacia de la cobertura, según Navarro.
Algunas empresas han empezado a sustituir los cables de cobre por otros de aluminio menos valiosos en los lugares vulnerables, eliminando así un incentivo clave para el robo. Otros operadores han introducido patrullas nocturnas con vehículos, pero los costos pueden erosionar unos márgenes ya de por sí escasos en un mercado muy competitivo.
“Es una cuestión que debemos abordar en lugar de preocuparnos por ella”, dijo Rojas. “Aún estamos lejos de que esto se convierta en una preocupación tan grande que frene el desarrollo o reduzca el interés por las energías renovables. Pero la cuestión es actuar hoy para que el problema no se convierta en una cuestión sistémica”.
La comunidad solar necesita trabajar unida para lograr resultados, afirma Ríos en la Politécnica de Madrid: “Lo que estamos viendo en Chile no es un caso aislado, sino la expresión local de un problema global que seguirá creciendo junto con la fotovoltaica a menos que se apliquen medidas coordinadas de trazabilidad y seguridad desde la fase de instalación”.
De hecho, la industria solar está empezando a prestar más atención, con debates en torno a los seguros y a la mejora de las medidas de seguridad, como los dispositivos de seguimiento, afirma Gilbert Michaud, profesor adjunto de la Escuela de Sostenibilidad Medioambiental de la Universidad Loyola de Chicago.
“Con las presiones de la cadena de suministro global y el aumento de los costos de los equipos, es probable que los robos sean un problema mayor de cara al futuro”, afirma Michaud. “En última instancia, abordar esta cuestión ayudará a garantizar un sistema energético más resistente”.
Con la colaboración de Valentina Fuentes.
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