Bloomberg Línea — El pasado 19 de enero de 2026, el Gobierno Petro expidió el Decreto 0030 de 2026, que modifica aspectos clave del régimen salarial de los altos funcionarios públicos, principalmente de los congresistas y cargos cuya remuneración está vinculada a la de estos.
El decreto fue adoptado, según el Ejecutivo, para propiciar austeridad fiscal y racionalización del gasto público, con el objetivo de hacer más equitativos y sostenibles los salarios dentro del Estado colombiano.
La medida más destacada del decreto es la eliminación de la denominada prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República (senadores y representantes a la Cámara).
Esta prima, establecida originalmente por un decreto de 2013, llegaba a representar cerca de COP$16,9 millones mensuales que se sumaban al salario básico de los legisladores. Con la derogación de este beneficio, quienes se posesionen a partir del 20 de julio de 2026 verán una reducción significativa en su remuneración total.
En cifras concretas, antes de la entrada en vigor del decreto, el salario mensual de un congresista en Colombia superaba los COP$50 millones, incluyendo la prima especial. Con la eliminación de este componente, el ingreso bruto caerá a aproximadamente COP$34,5 millones de pesos o incluso a cerca de COP$31 millones, dependiendo de los ajustes legales y de los beneficios que queden vigentes.
Asimismo, otros altos funcionarios cuyos sueldos están legalmente referenciados a los de los congresistas, como magistrados de las altas cortes, verán sus ingresos ajustados en consecuencia.
El Gobierno ha justificado esta reforma bajo criterios de equidad, sostenibilidad fiscal y justicia social, argumentando que las remuneraciones previas resultaban desproporcionadas frente al ingreso promedio de los colombianos y a las condiciones económicas del país.
Sin embargo, la medida no cayó bien en el Congreso. “Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo", expresó Lidio García, presidente del Senado.
La eliminación de la prima especial forma parte de un esfuerzo más amplio por racionalizar el gasto público sin afectar derechos fundamentales, ajustando beneficios que no están directamente asociados a responsabilidades esenciales del servicio público, refirió la administración Petro.
