Bogotá — El presidente Abelardo De la Espriella enfrenta un nuevo frente de tensión política por la Ley de Rescate Económico, una iniciativa con la que busca corregir el deterioro de las finanzas públicas, pero que ha abierto una discusión sobre el costo que asumirán los hogares colombianos.
ANIF reconoce la urgencia del ajuste, pero advierte sobre el alcance de las medidas tributarias: “el proyecto incluye múltiples medidas tributarias que no se anticipaban”.
La ampliación de la base del IVA, los cambios en el impuesto de renta y las modificaciones a las contribuciones de seguridad social han generado cuestionamientos.
Según José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, no hacer el ajuste puede llevar a Colombia a un default en 2027.
La discusión tiene lugar en medio de un escenario fiscal complejo. Sin ajustes el déficit fiscal alcanzaría el 9,4% del PIB en 2027, el nivel más alto en más de 30 años.
El centro de pensamiento calcula que la Ley de Rescate Económico tendría un efecto de 4,09% del PIB sobre el balance primario hacia 2030, que llegaría a 4,73% al incorporar otras medidas de ajuste.
Sin embargo, el tamaño de la corrección fiscal contrasta con el debate político que han provocado los impuestos propuestos.
La discusión ya no se limita a cuánto necesita recaudar el Gobierno, sino también a cuáles sectores de la población terminarían asumiendo el costo.
“Nos vemos el 19 de noviembre en las calles”, sentencia Walter Rodríguez, una de las nuevas caras del progresismo en Colombia.
Fue electo senador hasta 2030 por el Pacto Histórico, partido del expresidente Gustavo Petro. Asegura que “No nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras el dictadorzuelo de Abelardo De la Espriella y su combo nos hunden nuevos impuestos”.
Una reforma con impacto en la canasta familiar
Uno de los puntos más sensibles es la modificación de la base del IVA. El proyecto plantea que la mayoría de los bienes que actualmente pagan una tarifa del 5% pasen al 19%, mientras se mantendrían excluidos los alimentos más básicos y servicios esenciales.
El informe de ANIF señala que permanecerían sin IVA medicamentos, salud, educación, servicios públicos domiciliarios, arrendamiento de vivienda y transporte público.
La propuesta también contempla un mecanismo de devolución del impuesto para los hogares de menores ingresos.
Según el documento, EfectIVA cubriría al 68% de la población, más de 35 millones de personas. La devolución sería del 100% para los tres grupos de menores ingresos y disminuiría progresivamente hasta el 30% para el sexto grupo.
El mecanismo comenzaría el primero de enero de 2028. Para evitar que los hogares tengan que asumir primero el incremento y esperar después la compensación, el Gobierno propone entregar en diciembre de 2027 un anticipo equivalente a la primera quincena de 2028.
Sin embargo, la discusión sobre qué productos conservarían los beneficios tributarios ha generado especial controversia.
El café tostado pasaría de una tarifa del 5% al 19%, una modificación que ha generado preocupación en el sector cafetero.
El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, pidió reconsiderar la medida. “Proteger el consumo de café colombiano también es proteger nuestra economía”, manifestó.
La discusión también alcanza a otros alimentos y productos de consumo cotidiano.
La senadora del Pacto Histórico Alejandra Omaña cuestionó que productos como el café, el azúcar, el chocolate, la avena, las pastas, los fríjoles y las lentejas pasen a pagar una tarifa del 19%.
A esa lista se suman frutas y verduras mencionadas por congresistas que han rechazado la iniciativa.
La controversia se concentra en el posible encarecimiento de productos que hacen parte de las compras habituales de los hogares.
La oposición encuentra un punto de movilización
El rechazo no proviene exclusivamente de los sectores que tradicionalmente se oponen al Gobierno. La iniciativa también ha encontrado resistencia entre congresistas de partidos que respaldaron la elección de De la Espriella.
Una de las voces críticas es la senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional, colectividad que avaló al mandatario. La congresista expresó su rechazo a los cambios tributarios.
“No apoyaremos: IVA a frutas, verduras y granos, más cargas tributarias a la clase media ni IVA a los insumos del campo”, indicó.
En la Cámara de Representantes, Carol Borda, también de Salvación Nacional, marcó distancia frente al componente tributario y respaldó los recortes al gasto estatal. “Mi voto sí a la reducción del Estado. Mi rotundo no al aumento de impuestos”.
Una fuente en el Ministerio de Hacienda, que ante la prohibición de hablar con medios de comunicación prefiere no ser mencionada, aseguró a Bloomberg Línea que la propuesta no es una camisa de fuerza y que los puntos más controversiales son precisamente los que el Ejecutivo puede reconsiderar durante el trámite Legislativo.
Advierte eso sí, que más allá de qué se mantiene y qué sale del texto final, lo que se apruebe en Congreso tiene que ser suficiente para dar el mensaje adecuado a los inversionistas internacionales que hoy confían en que Colombia enderezará el camino.
El rechazo a los puntos que toca a la clase media se extendido a varias colectividades. Congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical, los partidos Conservador y Liberal, La U y algunos sectores del Partido Verde han manifestado reparos a los incrementos tributarios.
En el Senado, el presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, también se opuso a nuevos tributos. “Los colombianos no aguantan un impuesto más”, afirmó.
Pero es el Pacto Histórico, principal fuerza de oposición, el que ha anunciado su intención de llevar el inconformismo a las calles.
La senadora Laura Cristina Ahumada cuestionó que el proyecto aumente los impuestos al consumo mientras reduce la tarifa de renta empresarial.
“Al mismo tiempo, le sube el impuesto a la comida y les baja la renta a las empresas, del 35% al 31%, y alivia el impuesto a los grandes patrimonios”, señaló la congresista.
En esa misma línea, el congresista Alfredo Mondragón rechazó los cambios tributarios relacionados con los alimentos y las contribuciones de los trabajadores.
“¡No vamos a permitir que Abelardo le ponga IVA a la comida y más impuestos a los trabajadores mientras le baja los impuestos a los superricos!”, expresó.
Paro nacional del 19 de noviembre: la fecha que mira el Gobierno
El descontento también empieza a traducirse en convocatorias de movilización. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), anunció un paro nacional para el próximo 19 de noviembre contra la Ley de Rescate Económico.
Hizo el llamado a través de sus redes sociales y cuestionó los cambios tributarios, los mayores aportes a salud y las facultades extraordinarias que solicita el Ejecutivo para reorganizar entidades estatales.
El presidente de la CUT, Fabio Arias, también advirtió sobre las consecuencias sociales que podría tener la iniciativa y comparó el escenario con las movilizaciones de 2021, durante el Gobierno de Iván Duque.
La organización sindical convocó a trabajadores y organizaciones sociales a participar en las movilizaciones.
Por su parte, el Pacto Histórico anunció que acompañará las marchas contra el proyecto.
De esta manera, la discusión tributaria empieza a trasladarse del Congreso a las calles, con sectores políticos y sindicales que buscan expresar su rechazo.
El costo de no hacer el ajuste fiscal
Mientras crece la controversia, el Gobierno defiende que las medidas son necesarias para estabilizar las finanzas públicas.
ANIF advierte que la ausencia de una corrección cercana a dos puntos del PIB en 2027 tendría consecuencias importantes.
Sin ese ajuste, el déficit superaría el 9% del PIB y las necesidades de financiamiento se acercarían a COP$200 billones, según las estimaciones del centro de pensamiento.
ANIF también advierte que desde 2028 la deuda pública superaría el 70% del PIB. Esto presionaría al alza las tasas de interés de los títulos de deuda pública (TES), que podrían superar el 15%.
El organismo considera que la discusión debe ir más allá de aprobar o rechazar la iniciativa.
En un informe plantea que “el desafío está en construir consensos alrededor de un paquete de medidas que preserve la magnitud del ajuste requerido”.
La propuesta también contempla reducir el gasto de personal de las entidades nacionales en 20% durante 2028, excluir a la Fuerza Pública de ese recorte y disminuir en 50% el costo de los contratos de prestación de servicios entre 2026 y 2027.
En materia de ingresos, ANIF calcula que las medidas tributarias aportarían 0,32% del PIB en 2027 y 1,79% en 2030. Cerca del 60% de este último resultado provendría del efecto neto del IVA.
Las 10 claves del proyecto
1. Más personas pagarían impuesto de renta: el proyecto reduce el rango de ingresos exento de 1.090 a 720 UVT anuales. Así, la tarifa del 9% comenzaría a aplicarse desde una renta líquida gravable de unos COP$37,7 millones al año.
2. Retención en la fuente desde salarios más bajos: el descuento comenzaría cuando el ingreso laboral gravable mensual supere 65 UVT, unos COP$3,4 millones, frente a los actuales 95 UVT, equivalentes a cerca de COP$5 millones.
3. Menos beneficios tributarios para declarar renta: el límite anual de rentas exentas y deducciones bajaría de COP$70,2 millones a COP$61,8 millones. Además, se eliminaría la deducción adicional por dependientes, que hoy alcanza hasta cuatro personas.
4. Los ahorros generarían más impuestos: los rendimientos financieros de CDT, cuentas de ahorro y bonos perderían el beneficio del componente inflacionario. Esto significa que la totalidad de esos rendimientos quedaría gravada.
5. Frutas y verduras podrían tener IVA del 19%: casi todas las frutas y hortalizas frescas pasarían de excluidas a gravadas. También se aplicaría el impuesto a productos como el café sin tostar y determinados alimentos.
6. El café, los cereales y otros productos subirían de tarifa: bienes que hoy tienen IVA del 5%, como el café tostado, pasarían a la tarifa general del 19%. También ocurriría con aceites en bruto, azúcar, chocolate de mesa y pastas.
7. Celulares, computadores e internet tendrían cambios: el proyecto llevaría al IVA del 19% a computadores, celulares y bicicletas de bajo valor. También gravaría el servicio de internet del estrato 3 y 325 minutos de telefonía local.
8. Medicina prepagada y seguros agropecuarios pagarían más IVA: estos servicios pasarían de la tarifa del 5% al 19%. En contraste, los planes complementarios y las pólizas de salud pasarían a estar excluidos del impuesto.
9. Habría devolución del IVA para hogares vulnerables: desde 2028 se crearía EfectIVA, un mecanismo que devolvería entre 30% y 100% del IVA pagado, según el nivel de vulnerabilidad. El monto tendría un límite de COP$288.000 mensuales por persona.
10. El impuesto al patrimonio tendría un nuevo umbral: entre 2027 y 2030 lo pagarían personas naturales con patrimonios líquidos desde COP$5.002 millones. Actualmente, el umbral es de aproximadamente COP$3.771 millones.
