Bloomberg Línea — Durante años, la inseguridad en Colombia se entendió como un problema asociado principalmente al orden público. Hoy, sin embargo, las cifras y su persistencia muestran algo distinto: el crimen dejó de ser sólo una amenaza violenta para convertirse en un actor económico que disputa territorios, captura rentas y condiciona decisiones de inversión, producción y empleo en amplias zonas del país.
De acuerdo con Investigaciones Económicas de Corficolombiana, la corporación financiera del Grupo Aval, “la inseguridad en Colombia dejó de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en una restricción estructural al desarrollo”, al tiempo que el deterioro en materia de seguridad fue identificado como “uno de los factores que limita la inversión”.
El diagnóstico del informe parte de un cambio profundo en la naturaleza del crimen en el país. Según Corficolombiana, “el ecosistema criminal se ha diversificado, opera bajo lógicas económicas y compite de manera desigual con el sector formal”, lo que implica que las actividades ilícitas ya no actúan únicamente como amenazas violentas, sino como estructuras organizadas que capturan rentas, ejercen control territorial y generan distorsiones económicas que afectan el funcionamiento de mercados legales.
Este fenómeno se refleja en la evolución reciente de los principales indicadores de seguridad.
Advierte el análisis que “las principales cifras de inseguridad muestran una tendencia persistente y creciente”, con aumentos significativos en delitos de alto impacto que afectan directamente la actividad económica y la percepción de riesgo.
En particular, se señala que “el secuestro aumentó 123% frente a 2024, el homicidio registró 13.726 casos y la extorsión acumula un incremento superior al 800% frente a 2010”, cifras que evidencian un deterioro sostenido en distintos frentes.
Pese al deterioro que evidencia el análisis de Corficolombiana, el presidente Gustavo Petro asegura que durante su mandato se han producido importantes mejorías en todos los indicadores.
A través de su cuenta de X sostuvo que los indicadores de seguridad muestran reducciones frente al año pasado y atribuyó esos resultados a la decisión de calificar a los oficiales según la tasa de homicidios en sus regiones.
Señaló que los homicidios han disminuido respecto a 2025 y que otros delitos también presentan caídas, como el secuestro en 36%, el hurto a personas cerca de 7% y el feminicidio en 40%, además de reducciones en extorsión y hurto a comercio.
El mandatario indicó que estas cifras hacen parte de un informe policial que también reporta avances operacionales contra el narcotráfico, grupos armados organizados, delitos ambientales y contrabando, aunque reconoce que en lo corrido de 2026 se han registrado 28 masacres con 88 víctimas y el asesinato de 20 policías.
Más allá de la violencia directa, Corficolombiana subraya que la inseguridad introduce costos económicos crecientes que se manifiestan en múltiples niveles.
Según el análisis, la inseguridad “condiciona el funcionamiento de la economía, incide directamente sobre el costo del capital, la localización de la inversión, la formalización empresarial y la eficiencia de los mercados”, lo que implica que sus efectos se trasladan a decisiones empresariales y productivas clave.
Uno de los hallazgos más relevantes del informe está relacionado con la distribución territorial del fenómeno. A diferencia de lo que podría suponerse, la inseguridad no se concentra únicamente en zonas marginales o de menor desarrollo económico.
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Por el contrario, el documento destaca que “los departamentos con mayores niveles de inseguridad no son los más pobres ni los más alejados — son los más productivos”, lo que sugiere que la criminalidad sigue la actividad económica y no necesariamente los niveles de pobreza.
Este patrón territorial revela que la disputa criminal está directamente asociada a la captura de rentas económicas. En ese sentido, el informe señala que “donde hay actividad económica relevante, hay disputa criminal por sus rentas”, un comportamiento que se observa en diferentes sectores productivos y que evidencia el interés de las organizaciones ilegales por controlar territorios estratégicos y corredores logísticos.
El fortalecimiento y expansión de los grupos armados ilegales constituye otro componente clave dentro de este escenario. El documento advierte que “desde 2017, los grupos armados han crecido más del 300%, pasando de 6 mil a cerca de 27 mil integrantes”, una expansión que ha estado asociada a la disputa por economías ilegales y al control territorial en zonas estratégicas.
Este crecimiento no sólo representa un desafío en términos de seguridad, sino que amplía el impacto económico del crimen. El informe señala que la inseguridad “afecta a la economía desde adentro”, especialmente cuando se concentra en regiones donde se genera valor económico, lo que incrementa los costos de operación y reduce la productividad en sectores clave.
En términos cuantificables, el impacto del crimen sobre la economía resulta significativo. El documento estima que “el costo del crimen y la violencia equivale al 3,6% del PIB”, una cifra que refleja el peso económico del fenómeno y su capacidad para afectar el crecimiento y la sostenibilidad de las actividades productivas.
En su análisis, Corficolombiana advierte que los efectos del crimen no se limitan a pérdidas directas o daños inmediatos, sino que influyen en decisiones estratégicas del sector productivo.
La inseguridad eleva costos operativos, modifica decisiones de inversión y reduce incentivos para formalizar actividades económicas. En este contexto, se asegura que “mientras la inseguridad se concentre en los nodos productivos del país, sus costos económicos seguirán siendo subestimados y sus soluciones, insuficientes”.
Otro elemento que refuerza el carácter estructural del problema es su persistencia en el tiempo y su capacidad de adaptación. El documento señala que la inseguridad “es un fenómeno que evoluciona: su persistencia en el tiempo, su concentración en territorios estratégicos y su capacidad de adaptación configuran una amenaza estructural que no se resuelve con medidas coyunturales”.
Este diagnóstico lleva a plantear la necesidad de respuestas institucionales de mayor alcance. El informe advierte que “la respuesta no puede limitarse al aumento del pie de fuerza — requiere una estrategia integral” que permita intervenir sobre economías ilegales, fortalecer la institucionalidad y reducir los incentivos que sostienen estas actividades.
De hecho, el aumento del pie de fuerza es una de las estrategias que ha usado el Ministerio de Defensa para combatir la economía ilegal, principalmente, en zonas en las que la minería ilegal es frecuente.
Finalmente, el documento sintetiza el alcance del problema con una conclusión que resume su impacto sobre el desarrollo económico.
Se evidencia que “la inseguridad se concentra precisamente en los territorios más productivos del país, eleva los costos de operar, desincentiva la inversión y distorsiona los mercados”, lo que la convierte en un factor que afecta directamente la competitividad nacional y el crecimiento sostenido.
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El diagnóstico concluye con una advertencia clara sobre el alcance del fenómeno: la inseguridad ya no puede entenderse como un problema periférico dentro de la agenda económica.
Como señala el informe, “no es un problema periférico, es un freno estructural al desarrollo del país”.
