Bogotá — El Gobierno de Abelardo De la Espriella busca cerrarles el paso a los recursos que financian el terrorismo mediante restricciones al uso de efectivo en operaciones de alto valor, como la compra de viviendas, vehículos y lotes.
La propuesta hace parte del proyecto de Estatuto Antiterrorista que el Ejecutivo anunció que llevará al Congreso y apunta a que determinadas transacciones pasen por el sistema financiero, donde pueden dejar registros que faciliten el rastreo del dinero.
“El sector financiero colombiano celebra que el Gobierno Nacional estudie limitar los pagos en efectivo en compras de alto valor como parte del Estatuto Antiterrorista”, afirmó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.
El dirigente gremial señaló que las operaciones de compra de apartamentos, carros y lotes deben contar con mecanismos para rastrear el origen de los recursos.
La iniciativa plantea una discusión sobre el papel del efectivo en la economía colombiana y las herramientas disponibles para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Sin embargo, todavía deben conocerse los umbrales, las operaciones cobijadas y las excepciones que establecería el texto definitivo.
¿Cómo funcionaría la restricción al efectivo?
La propuesta contempla que determinadas compras de alto valor deban pagarse mediante canales del sistema financiero, en lugar de entregar directamente billetes entre comprador y vendedor.
Esto permitiría generar registros de las transacciones y facilitar la verificación del origen y el movimiento de los recursos.
El alcance de la medida dependerá de la versión del proyecto que se presente al Congreso y de los cambios que pueda tener durante su discusión legislativa.
Por ahora, no se conocen con precisión los montos a partir de los cuales se aplicarían las restricciones ni todas las operaciones que quedarían incluidas.
La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de trazabilidad financiera que, según el borrador conocido públicamente, también contempla mecanismos relacionados con personas y organizaciones incluidas en un registro de actores terroristas, minerales y activos virtuales.
El objetivo es facilitar la identificación de operaciones y recursos vinculados con actividades criminales.
No obstante, la propuesta no equivale a una prohibición general del efectivo en Colombia ni significa que las restricciones ya estén vigentes.
El reto de una economía que todavía depende del efectivo
Augusto Acosta, exsuperintendente financiero de Colombia, considera que canalizar determinadas operaciones por el sistema financiero puede ayudar a fortalecer los controles sobre los recursos.
“Todo lo que obligue de alguna forma a que ciertos movimientos se tramiten a través de los canales institucionales del sector financiero, ayuda sin duda ninguna al control de todas las operaciones”, explicó.
Acosta señaló que la trazabilidad es una de las principales diferencias entre las transacciones realizadas mediante entidades financieras y aquellas que se hacen directamente en efectivo.
En su opinión, los registros bancarios ofrecen mayores posibilidades de seguimiento para las autoridades.
El exsuperintendente también advirtió sobre la dependencia del efectivo en Colombia. Según las cifras que mencionó, entre 70% y 75% del Producto Interno Bruto se movería en efectivo.
El tamaño de esa economía plantea un desafío para el diseño de la medida: establecer restricciones suficientemente amplias para dificultar las operaciones ilícitas, sin imponer límites que resulten excesivamente restrictivos para las transacciones legítimas.
“Vistos todos los montos que se transan en todo este cuento, tampoco puede uno pensar en poner unos montos demasiado restrictivos”, señaló Acosta.
El exfuncionario aclaró que no existe una regla que permita definir con claridad cuál debería ser el monto adecuado.
Qué hacen otros países para controlar los pagos en efectivo
Las restricciones al efectivo no son exclusivas de Colombia. Distintos países combinan límites para determinadas operaciones, obligaciones de identificación y reportes a las autoridades tributarias o financieras.
Los modelos varían según el tipo de transacción y las condiciones de cada jurisdicción.
En México, la legislación contra el lavado de dinero establece límites al uso de efectivo en operaciones específicas.
Para la compraventa de inmuebles, el umbral señalado es de 8.025 unidades de medida y actualización (UMA), mientras que para vehículos es de 3.210 UMA.
Argentina, por su parte, contempla en la Ley 25.345 que ciertos pagos por encima de los montos legales deben realizarse mediante instrumentos como transferencias, depósitos bancarios o tarjetas.
En Estados Unidos no existe una prohibición general de los pagos en efectivo superiores a US$10.000. Sin embargo, las empresas deben reportar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) los pagos en efectivo que superen ese monto cuando se reciben en una transacción o en operaciones relacionadas, mediante el formulario 8300.
España establece un límite de 1.000 euros para pagos en efectivo cuando alguna de las partes actúa como empresario o profesional.
Para particulares sin domicilio fiscal en el país que no actúen profesionalmente, el límite es de 10.000 euros.
En Francia, el tope general para pagos en efectivo a empresas es de 1.000 euros para residentes fiscales franceses y de 15.000 euros para no residentes, con reglas distintas para operaciones entre particulares.
Alemania no tiene un límite general para los pagos en efectivo, pero exige identificar al comprador y documentar sus datos en determinadas operaciones comerciales de 10.000 euros o más.
Brasil, en cambio, exige reportar a la autoridad tributaria ciertas operaciones pagadas en efectivo por valores iguales o superiores a R$30.000.
En la Unión Europea, desde julio de 2027 se aplicará un límite general de 10.000 euros para pagos en efectivo en las operaciones comprendidas por la nueva normativa, con excepciones para ciertas transacciones entre particulares.
Los montos serán determinantes para el alcance de la medida
Las experiencias internacionales muestran que limitar el efectivo no implica necesariamente prohibir todas las transacciones por encima de una cifra.
Algunos países restringen determinados pagos, mientras otros se concentran en identificar a los compradores o reportar operaciones a las autoridades.
Para Colombia, la discusión central será definir qué bienes y transacciones quedarían cobijados, cuál sería el umbral y qué excepciones se establecerían.
Esas decisiones determinarán el alcance práctico de la propuesta y las obligaciones que tendrían compradores, vendedores y entidades financieras.
La trazabilidad puede facilitar la detección de movimientos sospechosos, pero su efectividad dependerá también de los mecanismos de supervisión y de la capacidad de las autoridades para utilizar la información disponible.
El proyecto de Estatuto Antiterrorista deberá pasar por el Congreso antes de convertirse en una obligación legal.
