Bloomberg Línea — Bank of America (BAC) identificó cuatro riesgos que podrían dificultar la ejecución del plan económico del Gobierno colombiano, pese a las señales favorables que encontró entre inversionistas y analistas durante una visita al país.
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El banco considera que el Ejecutivo ha comenzado a abordar problemas prioritarios para los mercados, especialmente el desequilibrio fiscal, la inflación, la seguridad y la debilidad de la inversión privada.
Sin embargo, Alexander Muller y Ezequiel Aguirre, analistas de BofA, advierten que “los principales obstáculos son el débil punto de partida de las cuentas fiscales”, junto con factores sociales, políticos y económicos que podrían limitar el alcance de las reformas.
Los cuatro riesgos que enfrenta De la Espriella
El primer riesgo corresponde a la fragilidad de las finanzas públicas. Según BofA, el deterioro fiscal reduce el margen de maniobra del Gobierno de Abelardo De la Espriella y aumenta la importancia de ejecutar oportunamente las medidas de ajuste.
Los analistas consideran que las condiciones iniciales de las cuentas públicas “dejan poco margen para errores y retrasos”, una restricción que adquiere relevancia ante la magnitud de los cambios previstos.
El segundo riesgo es la posibilidad de protestas sociales contra los recortes fiscales. El banco identifica la resistencia ciudadana como uno de los factores que podrían complicar la implementación del programa económico.
En ese contexto, para el miércoles 14 de octubre están convocadas movilizaciones de docentes, centrales obreras y sectores políticos en varias ciudades del país, con reclamos laborales y sociales contra el Gobierno de De la Espriella.
No obstante, los analistas políticos consultados por BofA durante su viaje al país consideran improbable una repetición de las protestas de 2021, que frustraron una reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, debido a las condiciones sociales particularmente frágiles que dejó la pandemia.
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El tercer obstáculo es el tiempo disponible para aprobar las reformas. BofA advierte sobre “la incierta ventana de tiempo” para realizarlas, mientras el Gobierno conserva un elevado capital político.
El cuarto riesgo corresponde a las consecuencias económicas inmediatas del ajuste fiscal. El banco identifica “las compensaciones a corto plazo entre el ajuste fiscal y la actividad” como otra dificultad para la estrategia gubernamental.
Respaldo político y perspectivas para el ajuste fiscal
Pese a estas advertencias, BofA encontró expectativas favorables sobre la aprobación de la denominada Ley de Rescate, iniciativa con la que el Gobierno pretende corregir los desequilibrios de las finanzas públicas.
Los analistas políticos consideran elevadas las probabilidades de aprobación del proyecto, con modificaciones moderadas a sus disposiciones o incluso sin cambios en las medidas relacionadas con el recorte del gasto.
La estrategia gubernamental consistiría en presentar el ajuste como una alternativa frente a mayores impuestos, una opción que enfrenta una fuerte resistencia tanto entre los congresistas como entre la población.
El Gobierno dispone de una mayoría legislativa de 63 escaños entre los 103 del Senado y de 120 entre los 177 de la Cámara de Representantes, según los cálculos de BofA, una composición que favorecería el trámite de sus iniciativas.
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A ello se suma el respaldo presidencial. Una encuesta de Atlas Intel sitúa la aprobación del presidente De la Espriella en 54%, frente al 64% registrado por Gustavo Petro durante su primer mes de mandato.
En materia económica, BofA destaca la intención de impulsar la inversión privada mediante la desregulación de sectores como petróleo, gas e infraestructura, además de mayores esfuerzos para atraer inversión extranjera directa.
El Centro Democrático, partido aliado del Gobierno, prepara una ley antitrámites, mientras la estrategia de atracción de capital extranjero contempla las inversiones denominadas Patria Milagro.
La agenda también incluye el control de la inflación. El ministro de Hacienda Miguel Gómez votó a favor de aumentar las tasas de interés en septiembre, una decisión que BofA interpreta como una señal de ortodoxia económica hacia los mercados.
La evolución de las cuentas fiscales, la respuesta social a los recortes y el calendario legislativo serán variables centrales para evaluar la ejecución del programa gubernamental.
