Bogotá — La Ley de Rescate Fiscal presentada por el Gobierno de Abelardo De la Espriella abrió un debate sobre el alcance del ajuste de las finanzas públicas y, especialmente, sobre el impacto que tendrán sus medidas tributarias en los hogares colombianos. Los impuestos a la clase media aparecen como uno de los principales puntos de discusión.
“No es cierto que con esta ley de rescate aumente la carga de IVA para el colombiano de a pie”, afirmó Juan Sebastián Betancur, viceministro de Hacienda, al defender el proyecto y explicar el alcance de las medidas de devolución del impuesto.
Sin embargo, lograr “vender” la medida como positiva en la antesala de un año de elecciones regionales parece complejo y podría ser el nuevo ‘florero de Llorente’, en le relación del Ejecutivo y el Legislativo.
La comparación con el proceso independentista de Colombia en 1810 apunta a que los impuestos a la clase media podrían convertirse en el detonante de un enfrentamiento entre el presidente y el Congreso.
Gobierno defiende el impacto de la reforma sobre los hogares
Betancur sostuvo que la iniciativa no aumentará la carga de IVA para la mayoría de los colombianos. Según explicó, el Gobierno contempla devolver el impuesto que actualmente pagan los hogares de menores ingresos.
“19 millones de colombianos que tienen un nivel bajo de ingresos, que históricamente han pagado en promedio COP$138.000 al mes por IVA, con esta ley de rescate les devolveremos todo ese recurso”, señaló el viceministro.
El funcionario agregó que dos de cada tres colombianos no asumirían una carga adicional por este impuesto. En sus cálculos, esto equivale a 35 millones de personas.
También aseguró que los productos y servicios esenciales permanecerán por fuera de la discusión tributaria. Entre ellos mencionó los alimentos esenciales y los bienes y servicios relacionados con salud y educación.
“La canasta básica está fuera de esta discusión, ni los alimentos esenciales, ni los servicios o bienes relacionados con la salud o con la educación harán parte de esta reforma”, agregó.
Congreso revisará efectos
Desde el Congreso, la senadora Claudia Margarita Zuleta Murgas, del Centro Democrático, destacó la necesidad de una iniciativa para atender la situación fiscal del país y respaldó varios de los componentes relacionados con la reducción del gasto público.
“Colombia estaba necesitando un proyecto de ley de rescate fiscal que resuelva los graves problemas en las finanzas del Estado que resultaron, en gran medida, de las irresponsabilidades de la anterior administración”, señaló.
La congresista destacó las propuestas para reducir los gastos de nómina, limitar el crecimiento del Estado y disminuir los contratos de prestación de servicios (OPS).
También mencionó la posibilidad de revisar la estructura de la administración pública para determinar qué unidades administrativas, departamentos y superintendencias podrían fusionarse.
“Hacer más pequeño el Estado revisando qué unidades administrativas, departamentos y superintendencias, entre otras dependencias, pueden fusionarse es una necesidad para sanear las arcas públicas”, afirmó.
Sin embargo, Zuleta Murgas advirtió que el respaldo de su partido estará sujeto a una revisión detallada del articulado y de sus efectos sobre los hogares y las empresas.
“Desde ya dejo claro mi respaldo a este proyecto. Estamos listos para discutir en bancada y con el Ejecutivo los puntos que pueden afectar la generación de empleo, hacer más costosa la formalización y generarles más cargas a los hogares”, indicó.
Ambicioso ajuste fiscal
Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda, destacó la magnitud del ajuste que plantea la Ley de Rescate Fiscal. De acuerdo con sus cifras, el esfuerzo previsto representa 2,4% del PIB en 2027, 4,3% en 2028 y hasta 4,7% en 2030.
“La Ley de Rescate Fiscal en Colombia plantea un ajuste de las finanzas públicas de enorme magnitud. Es una propuesta muy ambiciosa, con medidas que seguramente generarán controversia y enfrentarán dificultades en el trámite legislativo”, señaló.
Pardo también llamó la atención sobre una parte del ajuste que depende de medidas adicionales que todavía no están suficientemente detalladas.
“Una parte significativa del ajuste depende de medidas adicionales que aún no están suficientemente detalladas y que seguramente se tendrán que implementar por vía administrativa o en el Plan Nacional de Desarrollo”, explicó.
Pese a esos desafíos, consideró que la iniciativa representa un paso en la dirección de corregir la situación de las finanzas públicas.
“Más allá de los enormes desafíos políticos y de implementación, creo que es un paso importante en la dirección correcta para comenzar a enderezar las muy maltrechas finanzas públicas del país”, afirmó.
El exviceministro también se refirió a las estimaciones distributivas del Gobierno. Según el Plan de Rescate Fiscal, el 68% de la población de menores ingresos mejoraría su ingreso disponible frente a la situación actual.
Ese resultado estaría relacionado con el conjunto de medidas propuestas, especialmente con la devolución del IVA, según explicó Pardo.
Sobre los hogares de mayores ingresos, señaló que el proyecto contempla una reducción del impuesto al patrimonio, pero también incrementos en otros tributos.
“Es cierto que el proyecto reduce el impuesto al patrimonio, un tributo económicamente cuestionable que muy pocos países mantienen, pero también aumenta sus impuestos de renta, sus aportes a seguridad social y la carga del IVA”, indicó.
Según las estimaciones del Gobierno el 10% de los hogares de mayores ingresos asumiría el 97% del esfuerzo tributario total de los hogares.
El economista también señaló que, contrario a los cuestionamientos de Gustavo Bolívar, Hacienda estima que la propuesta reduciría la desigualdad, con una disminución del coeficiente de Gini.
“Podemos debatir la conveniencia y viabilidad de las medidas, además de que muchas seguramente se pueden mejorar, pero no es serio desconocer sus efectos distributivos estimados”, sostuvo.
Clase media en el foco de los impuestos
Las críticas también llegaron desde sectores afines al Gobierno. Daniel Briceño, representante a la Cámara, manifestó que no respaldará las medidas tributarias que, a su juicio, incrementen las cargas de los hogares de ingresos medios.
“Sobre los impuestos a la clase media no pienso apoyarlos. Así como voté negativamente a las nefastas reformas tributarias de Galán en el Concejo, mantendré la coherencia”, afirmó.
El representante aseguró que respaldará los recortes de gasto, las rebajas tributarias y los incentivos a la inversión planteados por el presidente De la Espriella.
Además, anunció que propondrá reducciones presupuestales para la Procuraduría, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Contraloría y el Congreso.
Una de sus propuestas apunta a modificar la estructura administrativa del Legislativo mediante la unificación de las direcciones administrativas del Senado y la Cámara de Representantes.
“Llevaremos al debate de la Ley de Rescate Económico esta propuesta de unificar las direcciones administrativas de Senado y Cámara de Representantes. El ahorro en el Congreso será de COP$300.000 millones”, aseguró.
Desde el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar cuestionó el enfoque tributario de la iniciativa y lo comparó con el de la reforma que presentó el Gobierno de Iván Duque, cuando Alberto Carrasquilla estaba al frente del Ministerio de Hacienda.
“La ley de rescate tiene el mismo espíritu de la Reforma Tributaria de Duque y Carrasquilla: bajar impuestos a los ricos y clavar a las clases media y baja con más IVA a productos de canasta familiar y más impuestos a nómina y trabajadores independientes”, afirmó.
Bolívar también cuestionó que la propuesta, según su lectura, se aparte de los compromisos de campaña del mandatario frente a los impuestos y el IVA.
“Lo más grave: De la Espriella se eligió prometiendo que no subiría impuestos y que no tocaría el IVA, el más regresivo de los impuestos”, señaló.
En la misma línea se pronunció el congresista Alfredo Mondragón, también del Pacto Histórico, quien rechazó los cambios tributarios relacionados con los alimentos y los trabajadores.
“¡No vamos a permitir que Abelardo le ponga IVA a la comida y más impuestos a los trabajadores mientras le baja los impuestos a los superricos!”, expresó.
Impuestos a alimentos, salarios y trabajadores independientes
La senadora Alejandra Omaña, del Pacto Histórico, enumeró algunos de los cambios que, según su lectura del proyecto, tendrían efectos sobre los consumidores y los trabajadores.
Entre ellos mencionó productos como café, azúcar, chocolate, avena, pasta, fríjoles y lentejas, que actualmente tienen tratamientos de IVA diferentes a la tarifa general.
“Si usted compraba café, azúcar, chocolate, avena, pasta, fríjoles o lentejas pagando poco o nada de IVA, ahora pagará el 19% de impuesto”, afirmó.
También se refirió a alimentos como plátano, tomate, cebolla, banano y queso fresco, así como a la compra de dispositivos electrónicos de menor precio.
“Si quería comprarle un celular o un computador barato a su hijo para estudiar, también le saldrá más caro”, señaló.
Omaña cuestionó además los cambios planteados en los aportes a salud para trabajadores dependientes e independientes.
“Si gana más de dos mínimos, ya no cotizará el 4% en salud, pagará hasta el 8%. Y si es independiente, del 12,5% pasará a 15,5%”, indicó.
La congresista también advirtió sobre una reducción del umbral para declarar renta, que, según afirmó, incorporaría a más personas de ingresos medios a esa obligación.
“Si antes no le tocaba pagar renta, prepárese, porque bajan el tope y más clase media entrará a pagar”, sostuvo.
En contraste, cuestionó las reducciones tributarias previstas para las empresas y los contribuyentes de mayores patrimonios.
“A las grandes empresas les bajarán la renta del 35 al 31%. A las megainversiones les dejarán una tarifa de 20%, y a los más ricos les ablandarán el impuesto al patrimonio y les pondrán fecha de vencimiento”, afirmó.
El debate sobre la competitividad tributaria de Colombia
La discusión también tiene una dimensión relacionada con la estructura tributaria y su incidencia sobre la inversión.
Daniel Gómez, economista y exsubdirector del Departamento Nacional de Planeación, se refirió a las cargas que enfrentan las empresas.
“En Colombia el impuesto de renta corporativa es el más alto de 146 países estudiados por la OCDE y la tasa es 14 puntos superior al promedio. Por el otro lado, solo 8% de los que deberían declaran renta”, señaló.
Gómez también mencionó los impuestos al patrimonio y a los dividendos, además de la complejidad del estatuto tributario.
“Súmele los impuestos al patrimonio, a los dividendos, la complejidad del estatuto y no sorprende que la inversión sea solo 16% del PIB y que hayamos crecido a solo el 2,5% durante los últimos 30 años”, afirmó.
El economista consideró que la Ley de Rescate Fiscal busca responder a los problemas de las finanzas públicas y avanzar en cambios sobre tributación y gasto.
“La ley de Rescate Fiscal está, en general, bien enfocada y busca responder a la urgencia de desactivar la bomba fiscal que dejó el gobierno Petro y a la vez avanzar en una reforma de fondo en línea con buenos principios de tributación y gasto”, sostuvo.
No obstante, Gómez reconoció que el articulado puede tener modificaciones durante su discusión legislativa.
“¿Mejorable? Claro. Esperemos que salga mejorada de los debates del Congreso. Y no empeorada”, concluyó.
