Bloomberg Línea — La Contraloría General de la República (CGR) hizo un llamado al Gobierno Petro para que, en el nuevo recorte presupuestal que anunció para 2026, adopte una estrategia responsable, austera y equilibrada.
“Es claro que al Ministerio de Hacienda solo le resta el camino del recorte del gasto en 2026, pues el Congreso aprobó el presupuesto del próximo año con un claro desequilibrio entre fuentes y usos. Mientras los ingresos se aprobaron por COP$530,7 billones, los gastos ascienden a COP$546,9 billones", indicó el ente de control.
El cierre de esta brecha dependía de la aprobación del proyecto de ley de financiamiento por COP$16,29 billones, que finalmente fue negado y archivada de manera definitiva.
Con lo que, para el organismo de control la alternativa más viable es el recorte del gasto el cual debe tener en cuenta las fuertes inflexibilidades que caracterizan su composición, pues según el Ministerio de Hacienda, cerca del 92% del presupuesto es inmodificable.
Ver más: Las transacciones empresariales que marcaron el 2025 en Colombia
La advertencia de esta entidad se da luego de la declaratoria de emergencia económica del Gobierno Petro, sustentada en una “situación fiscal grave e inminente” y mediante la cual se pretende el recaudo de COP$16 billones. Monto que pretendía recoger la leya de financiamiento que se cayó en el Congreso de la República.
Con lo que el Ejecutivo quedó con facultades para expedir decretos legislativos con fuerza de ley, especialmente en materia tributaria y presupuestal.
Cómo se distribuye el Presupuesto General para 2026
Para 2026, la estructura del Presupuesto General se distribuye así: 65,5% en gastos de funcionamiento (COP$358,1 billones), 18,4% en deuda (COP$100,4 billones) y 16,1% en inversión (COP$88,4 billones).
“Es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas evitando generar desequilibrios fiscales a largo plazo", refirió la CGR.
Colombia ha mantenido históricamente el cumplimiento estricto de sus compromisos crediticios, por lo que el recorte de esta deuda estaría exento. Sin embargo, mediante operaciones de manejo de deuda, el Gobierno puede reducir una porción de este gasto.
Para el ente de control se ha evidenciado una marcada rigidez asociada a gastos de personal, pensiones y transferencias, particularmente las del Sistema General de Participaciones.
Ver más: Bre-B ya suma 200 millones de transacciones por COP$34 billones: esto dice el Banco de la República
Sin embargo, señalan que un análisis minucioso por parte del Ministerio de Hacienda podría identificar ajustes en gastos como contratación, viáticos y otros componentes operativos.
En el caso de la inversión, aunque es el rubro con mayor flexibilidad, también se presentan restricciones, especialmente en proyectos con vigencias futuras comprometidas. “En este espacio, el Gobierno deberá priorizar iniciativas con alto impacto macro-regional y que mejoren la estabilidad económica y la transformación productiva del país”.
Con lo que el Ministerio de Hacienda debe mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal, superando los niveles observados en años recientes.
Así están las cuentas
En 2024, del total del Presupuesto solo se obligó el 83,1%, y en el caso de inversión el porcentaje fue apenas del 57%. En 2025, al corte del 15 de diciembre, se presenta una ejecución del 79,9%.
No obstante, el rubro de inversión apenas arroja el 52,8% obligado, faltando quince días para finalizar el año.
Ver más: Banco de Bogotá adquiere el negocio de persona natural del Banco Itaú Colombia
El organismo también advierte que el Ejecutivo, a través de la Dian, debe acelerar la modernización institucional y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión, con el fin de aumentar el recaudo tributario efectivo.
Asimismo, que es esencial realizar el recorte del gasto de manera transparente y participativa, dialogando con los sectores afectados. Lo que implica comunicar de manera clara los criterios utilizados, las prioridades establecidas y los impactos esperados, con el fin de preservar la confianza ciudadana y de las instituciones.
“Es indispensable reafirmar la disciplina fiscal del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo”, añade la Contraloría.
