Bloomberg Línea — La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quedó en el centro de una nueva polémica tras solicitar a varias empresas del sector comercial información detallada sobre la forma en que fijan sus precios, definen márgenes de ganancia y estructuran sus estrategias promocionales.
La controversia se intensificó luego del anuncio de la entidad sobre el envío masivo de requerimientos similares en las próximas horas, una decisión que ha generado inquietud entre gremios y empresarios.
La Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, expresó su preocupación por el alcance de estas actuaciones.
En un pronunciamiento, señaló que “la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, manifestó su preocupación frente al alcance de los recientes requerimientos realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a varias empresas del sector comercial, relacionados con la definición de precios, márgenes de ganancia y estrategias promocionales”.
Para el gremio, la amplitud de las solicitudes plantea interrogantes sobre los límites de la actuación de la autoridad.
AmCham Colombia aclaró que reconoce el papel institucional de la SIC, pero advirtió sobre los efectos de este tipo de requerimientos.
“Si bien AmCham Colombia reconoce y respalda el rol de la SIC como autoridad encargada de proteger la libre competencia y los derechos de los consumidores, advierte que solicitudes amplias y generalizadas de información sobre estructuras internas de precios y márgenes pueden generar incertidumbre jurídica y afectar la autonomía empresarial, protegida por la Constitución Política”.
El gremio subrayó que la libre fijación de precios es un elemento central del modelo económico colombiano.
Una postura aún más crítica fue expresada por Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), quien afirmó que la Superintendencia “se excede en sus facultades cuando les pide a empresas que le informen sobre los mecanismos de fijación de precios y definición de márgenes que incluyen los costos de materia prima, costos de transformación, seguramente formulación también habrá que entregarle también tecnologías y costos de la tecnología, utilización de servicios asociados al producto que se está definiendo y también los mecanismos de definición del precio final asociados a la definición de las utilidades”.
Según el dirigente gremial, este tipo de información hace parte de las estrategias propias de la libre competencia.
Mac Master cuestionó además el sustento legal de estas solicitudes. “Estamos hablando justamente del libre mercado”, dijo. “¿Esto lo deben saber las autoridades o lo tienen que saber las autoridades? No, no está dicho en ningún sitio. Supera con creces lo que le está dado a esta autoridad en particulares y recordemos que las autoridades solo pueden hacer lo que les está permitido por ley”.
En su declaración, también advirtió sobre los riesgos institucionales de este enfoque: “Así comenzó la limitación del mercado en Venezuela y ya sabemos cómo Venezuela terminó destruyendo todo el libre mercado”.
Desde la óptica de la ANDI, las actuaciones recientes podrían estar vulnerando principios fundamentales. “Son varios los principios que se están violando con estas solicitudes de información, los principios de confidencialidad, los principios de libre empresa. Seguramente los principios también al debido proceso, o el derecho al debido proceso”, afirmó Mac Master, quien pidió a la entidad revisar su proceder.
“A la Superintendencia le pedimos que revise este actuar, porque no está dentro de lo que puede hacer y está en cambio sí, afectando muy fuertemente a principios, muy fundamentales de la libre competencia y el libre mercado”, dijo Mac Master.
La controversia se da en un contexto en el que la SIC ha intensificado su actividad sancionatoria. En los últimos meses, la entidad ha impuesto multas millonarias a mayoristas e instituciones de salud por vender medicamentos por encima de los precios máximos permitidos, con casos de sobrecostos de hasta 7.000% en algunos fármacos, una actuación defendida por el presidente Gustavo Petro como un mecanismo para proteger a los pacientes y al sistema de salud.
Así mismo, la Superintendencia ha sancionado a empresas durante eventos, como el Black Friday, por prácticas que vulneraron los derechos de los consumidores y a establecimientos por no exhibir correctamente los precios.
El debate, sin embargo, trasciende lo técnico. Para los críticos, el creciente escrutinio sobre la fijación de precios podría derivar en un control de facto con implicaciones sobre la inversión y la confianza empresarial.
Para quienes defienden estas medidas, el seguimiento es necesario para garantizar transparencia y proteger al consumidor.
En este escenario, AmCham Colombia reiteró su llamado a “fortalecer el diálogo técnico e institucional entre el sector privado y las autoridades, como vía para proteger al consumidor sin debilitar la libertad económica ni la dinámica competitiva del mercado”.
