Bloomberg Línea — Colombia llega a la hora cero de su elección presidencial con un panorama fiscal cada vez más complejo: déficits elevados, deuda en máximos históricos y un gasto público difícil de ajustar configuran un escenario en el que el margen de maniobra del próximo gobierno será limitado independientemente de si la victoria es para Paloma Valencia, Iván Cepeda o Abelardo De la Espriella.
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“La actual deuda pública en Colombia -equivalente a cerca del 60% del Producto Interno Bruto (PIB)- sólo es comparable con lo observado a finales del siglo XIX cuando el país enfrentó problemas de pagos de deuda externa e hiperinflación”, advierte el centro de estudios ANIF en su más reciente informe.
El diagnóstico de fondo apunta a un problema estructural: el Estado colombiano ha operado durante décadas con un desbalance persistente entre ingresos y gastos. “Sólo en 8 de los últimos 35 años el balance fiscal primario ha sido superavitario”, señala el documento, lo que evidencia una dependencia crónica del endeudamiento para financiar el funcionamiento del Gobierno.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha reconocido el problema, pero ha señalado al Congreso y las altas de cortes como los responsables por “negar en dos ocasiones una necesaria Ley de Financiamiento y porque la Corte Constitucional tumbó la mitad de la única reforma tributaria que se aprobó en lo relacionado con la deducibilidad de las regalías”.
Ese patrón se ha agravado en los últimos años. “Los déficits primarios observados en 2024 (-2,4% del PIB) y 2025 (-3,5% del PIB) sólo encuentran precedentes en episodios de crisis económica”, indica ANIF, comparándolos con la crisis de 1999 y la pandemia.
Esto hace que el punto de inicio del próximo Gobierno sea complejo independientemente de quién asuma el cargo el próximo 7 de agosto. Las elecciones serán el 31 de mayo y las encuestas apuntan a que Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, son los más opcionados para participar de la segunda vuelta.
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Resalta ANIF que el resultado es una trayectoria ascendente de la deuda pública. En 2025, la deuda neta del Gobierno Nacional Central alcanzó cerca de 58% del PIB, un nivel elevado tanto en perspectiva histórica como frente a estándares internacionales.
En términos individuales, el impacto es aún más ilustrativo: “a cada habitante le corresponderían cerca de COP$20 millones, frente a aproximadamente COP$2 millones hace 35 años; es decir, una carga diez veces mayor”.
Sin embargo, el desafío que heredará el próximo presidente no se limita al tamaño del déficit o la deuda, sino a la naturaleza del gasto público.
De acuerdo con ANIF, gran parte del presupuesto está comprometido y presenta una alta rigidez. “Salud, pensiones y transferencias regionales explican más del 64% del aumento del gasto de funcionamiento en los últimos 7 años”, lo que reduce significativamente la capacidad de ajuste.
A esto se suma una presión adicional: incluso sin nuevas reformas, el gasto seguiría creciendo. “La dinámica inercial del gasto de funcionamiento implicaría un aumento de 1,5 puntos del PIB en los próximos años, incluso sin Ley de Competencias ni reforma pensional”, advierte el análisis.
En la práctica, esto significa que buena parte del presupuesto ya está comprometido por obligaciones legales o políticas, lo que limita las opciones del Ejecutivo.
“El margen de flexibilidad del gasto de funcionamiento está determinado por el grado de control del Ejecutivo sobre su asignación”, señala ANIF.
El problema se agrava al considerar la eficiencia del gasto. A pesar de la expansión del tamaño del Estado, los resultados en crecimiento y equidad no han sido proporcionales.
“Colombia ha tenido una expansión significativa del tamaño del Estado que no se refleja en un crecimiento económico excepcional”, indica el documento.
De hecho, “el país tampoco muestra una reducción importante en la desigualdad, a pesar del significativo aumento del tamaño del Estado”, lo que abre un debate sobre la calidad del gasto público.
Las ineficiencias también se evidencian en la composición del presupuesto. “De cada COP$100 comprometidos en gasto de inversión en el PGN 2026, solo COP$35 corresponden a inversión productiva”, lo que sugiere que una parte importante de los recursos no está generando retornos económicos significativos.
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Así mismo, el crecimiento del aparato estatal ha presionado el gasto. “La nómina de la Rama Ejecutiva ha aumentado más del 27% en los últimos 7 años”, y en promedio “8 cargos” nuevos se han incorporado diariamente durante ese periodo.
En este contexto, el debate sobre cómo corregir el rumbo fiscal se vuelve central. ANIF plantea que el país requiere un ajuste significativo para estabilizar sus finanzas.
“Es el ajuste mínimo que necesita el país para converger a unas finanzas públicas sostenibles: 3 puntos del PIB”, señala el documento.
El dilema radica en cómo lograr ese ajuste. Aunque el aumento de ingresos suele ser una opción, la evidencia sugiere que no es la más efectiva. “Los ajustes fiscales más exitosos no provienen de mayores impuestos”, advierte ANIF, al tiempo que señala que “las medidas más efectivas y con menor impacto sobre el crecimiento son las de menor gasto público”.
Esto implica que el próximo gobierno probablemente tendrá que enfrentar decisiones políticamente costosas, como recortes de gasto, revisión de subsidios y reformas estructurales del Estado.
Además, el tiempo juega en contra. De no realizarse ajustes, las proyecciones indican que el problema persistirá. “De mantenerse la situación actual, el déficit primario sería cercano al 3% del PIB en los próximos años”, lo que mantendría la presión sobre la deuda.
Más aún, “si el gasto público sigue aumentando, el país enfrentará una deuda imposible de sostener”, advierte el análisis, subrayando el riesgo de una trayectoria fiscal insostenible.
Las consecuencias de un deterioro mayor no serían solo macroeconómicas. “Una crisis fiscal encarece el costo de vida y el financiamiento”, señala ANIF, destacando que el aumento en tasas de interés y la pérdida de confianza pueden trasladarse rápidamente al bolsillo de los ciudadanos.
En ese escenario, el costo del crédito subiría, el consumo se vería afectado y la economía enfrentaría mayores dificultades para crecer.
Sin embargo, el ajuste fiscal por sí solo no es suficiente. El informe enfatiza que cualquier estrategia debe ir acompañada de medidas para impulsar la actividad económica. “El ajuste fiscal tiene que ser compatible con una apuesta audaz por el crecimiento económico”, señala ANIF.
Esto implica avanzar en reformas que impulsen la inversión, la productividad y sectores estratégicos, de manera que el crecimiento contribuya a mejorar los ingresos fiscales en el mediano plazo.
Aun así, incluso con medidas de ajuste, la corrección será gradual. “La implementación de medidas de ajuste en el gasto llevaría a una reducción de 2,0 puntos del PIB en el déficit para 2032”, lo que muestra que el proceso tomará varios años.
En conjunto, el panorama fiscal que enfrentará el próximo presidente de Colombia combina restricciones estructurales, presiones crecientes y un margen de error reducido. La magnitud del desafío sugiere que las decisiones que se tomen en los primeros años de gobierno serán determinantes para evitar que la deuda entre en una senda insostenible.
La discusión, en consecuencia, ya no gira en torno a si es necesario un ajuste, sino a su profundidad, composición y velocidad. En un contexto de demandas sociales elevadas y restricciones fiscales crecientes, lograr ese equilibrio será uno de los mayores retos de la próxima administración.
