Pensiones en Colombia: tres visiones distintas entre Cepeda, Valencia y De la Espriella

Las propuestas del izquierdista Iván Cepeda y los derechistas Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella muestran enfoques divergentes sobre el rol del Estado, el ahorro individual y la sostenibilidad del sistema pensional.

El debate sobre el futuro del sistema pensional en Colombia refleja diferencias profundas entre los modelos que promueven los principales aspirantes presidenciales.

Bloomberg Línea — El debate sobre el futuro del sistema pensional en Colombia refleja diferencias profundas entre los modelos que promueven los principales aspirantes presidenciales. Las propuestas oficiales de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella muestran tres aproximaciones que van desde un mayor protagonismo estatal hasta un enfoque centrado en la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico.

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En el caso del izquierdista Iván Cepeda, líder en las encuestas de intención de voto, su propuesta se alinea con la continuidad y profundización de un sistema pensional con fuerte componente público, similar al que viene impulsando el presidente Gustavo Petro.

“Es imperativo proteger la reforma pensional, que beneficia a millones de personas a quienes el Estado colombiano les ha negado históricamente su derecho a tener un ingreso mínimo para honrar su trabajo y dignidad”, dijo Cepeda ante la demanda presentada contra la Reforma Pensional aprobada en 2024.

Su programa plantea consolidar un esquema en el que el Estado tenga un rol central para garantizar ingresos en la vejez, especialmente para quienes no logran cumplir los requisitos tradicionales de pensión.

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El énfasis está en ampliar la cobertura mediante subsidios y mecanismos solidarios que permitan incluir a trabajadores informales o con trayectorias laborales fragmentadas.

Esta visión parte de considerar la pensión como un derecho social que debe ser garantizado por la política pública, incluso en contextos donde el ahorro individual resulte insuficiente.

Por su parte, Paloma Valencia, candidata presidencial y senadora autora de la demanda que tiene en vilo la reforma pensional aprobada en diciembre de 2024, propone un enfoque en el que el ahorro individual conserva un papel predominante dentro del sistema pensional.

Su planteamiento busca fortalecer el modelo basado en cuentas personales y limitar los subsidios que benefician a pensiones altas, con el objetivo de dirigir los recursos públicos hacia los sectores más vulnerables.

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En este modelo, la sostenibilidad fiscal aparece como un eje central, bajo la premisa de que el sistema pensional debe evitar generar presiones excesivas sobre las finanzas del Estado.

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La propuesta también apunta a ampliar la cobertura, pero sin modificar sustancialmente la lógica de financiamiento basada en aportes individuales.

Recientemente, tras la expedición del Decreto 0415 de 2026 que ordena a los fondos de pensiones girar dineros de ahorros pensionales a Colpensiones, el sistema estatal de pensiones, la candidata dijo: “avíspese porque Petro le va a echar mano a los ahorros que están en los fondos de pensiones. Lo último es un decreto para trasladar COP$25 billones y gastarlos en plena época electoral. Petro se roba la plata de los colombianos, Petro quiere dejar endeudados a los más jóvenes, pero no lo vamos a permitir”.

Valencia, no obstante, no presentó evidencia de que el presidente Petro se fuera a robar el dinero o a gastarlo en época electoral.

El caso de Abelardo de la Espriella presenta un escenario distinto, marcado por la ausencia de una propuesta pensional detallada en sus documentos iniciales.

Sin embargo, su fórmula vicepresidencia, José Manuel Restrepo, fue uno de los grandes opositores de la reforma pensional que el Congreso le aprobó a Petro.

Tras el visto bueno del Senado, Restrepo dijo, “se acaba de aprobar una reforma pensional que necesita de otra reforma pensional para solucionar lo que esta reforma pensional no fue capaz de solucionar”.

En su momento, Restrepo criticó que los jóvenes del país “tendrán que cubrir un faltante en unos años de COP$54 billones adicionales anuales en el presupuesto nacional o con reforma tributaria o con modificación de la edad de pensión, ingreso base de liquidación o aportes”.

Su planteamiento se concentra más en reformas económicas generales, como la reducción del tamaño del Estado y la promoción del crecimiento económico.

Desde esta perspectiva, la sostenibilidad del sistema pensional dependería en gran medida del aumento del empleo formal y del dinamismo económico, más que de ajustes específicos en la estructura del sistema.

Aunque no se detallan cambios concretos en edades, semanas de cotización o pilares, su enfoque sugiere que las pensiones se abordarían dentro de una reforma fiscal y administrativa más amplia.

Las diferencias entre estas posturas reflejan visiones contrapuestas sobre el papel del Estado y del mercado en la protección social.

Mientras la propuesta de Cepeda prioriza la ampliación de la cobertura mediante intervención pública, la de Valencia busca preservar el esquema de ahorro individual bajo criterios de sostenibilidad financiera.

En contraste, la aproximación de De la Espriella parte de la idea de que el crecimiento económico y la reorganización del gasto estatal son condiciones previas para cualquier reforma pensional de fondo.

Otro elemento que distingue estas propuestas es el nivel de detalle con el que abordan el sistema pensional. El programa de Cepeda incluye lineamientos explícitos sobre el fortalecimiento del componente solidario y la continuidad de reformas recientes.

Valencia presenta una estructura conceptual clara en torno al equilibrio fiscal y la focalización de subsidios, aunque con menor grado de especificidad técnica en algunos aspectos.

En cambio, la propuesta de De la Espriella aún se mantiene en un nivel programático general, lo que deja abiertos varios interrogantes sobre la forma concreta que tomarían eventuales reformas.

En conjunto, las tres posturas ilustran el amplio margen de debate existente sobre el futuro del sistema pensional colombiano.

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Las diferencias no sólo se concentran en los instrumentos técnicos, sino también en los principios que orientan cada modelo: el grado de intervención estatal, la responsabilidad individual en el ahorro y la forma de garantizar la sostenibilidad financiera.

Estas visiones configuran escenarios distintos sobre cómo enfrentar uno de los principales retos sociales y fiscales del país en las próximas décadas.

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