Bloomberg Línea — Un Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos documentó en un reporte presuntos abusos, presiones y daños ambientales ligados a China en la minería de minerales críticos en varias regiones del mundo, incluidos países de Latinoamérica como Argentina, Perú y Ecuador.
El reporte documenta 14 casos de empresas mineras chinas, presuntamente ligadas al Partido Comunista Chino, involucradas en supuestas “prácticas corruptas, ilegales y abusivas en países de todo el mundo”.
Estas prácticas incluyen “la explotación de gobiernos débiles y endeudados, prácticas comerciales corruptas y depredadoras, el uso de trabajo forzoso e infantil, y la destrucción del medioambiente”.
El informe fue publicado por el Comité Selecto sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino.
Este Comité fue establecido enero de 2023 con miras a preservar la competencia económica y la seguridad estadounidense.
El reporte tiene en cuenta casos en regiones como África, Asia, el sureste de Europa y Latinoamérica.
Según el informe, “las empresas mineras chinas operan directa o indirectamente a instancias del Estado chino, que se centra en asegurar las cadenas de suministro de minerales sin importar el costo humano o ambiental”.
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“Es bien sabido que China ignora los derechos humanos y laborales, así como el medioambiente, tanto en su propio país como en el extranjero”, indica el reporte, titulado La mafia de los minerales de China: un patrón global de corrupción, destrucción ambiental y abusos contra los derechos humanos.
Un caso en Argentina
De acuerdo con ese informe, la empresa china Ganfeng Lithium Co. Ltd (Ganfeng) empleó presuntas prácticas comerciales abusivas para presionar a la canadiense Lithium Americas Corporation (LAC) para “quedarse con su participación mayoritaria en el proyecto de litio Minera Exar”, en Argentina.
Datos recopilados en el informe, indican que Ganfeng Lithium Co., Ltd. es uno de los mayores productores y procesadores de litio del mundo.
Los autores del reporte argumentan que es “un socio estratégico del Partido Comunista Chino, apoyando la búsqueda de China por dominar globalmente los minerales críticos”.
Minera Exar S.A. opera el proyecto de salmuera de litio del salar Cauchari-Olaroz, en Argentina.
Se espera que el proyecto produzca 40.000 toneladas de litio por año cuando alcance plena capacidad, según el reporte.
Lithium Americas Corporation fue la empresa matriz original de la empresa conjunta Minera Exar, que inició el proyecto de litio Cauchari-Olaroz en 2009.
Entre 2017 y 2019, el informe describe que Ganfeng Lithium Co., Ltd. fue aumentando gradualmente su participación en la empresa conjunta a través de una serie de acuerdos que incluían préstamos y líneas de crédito para financiar el desarrollo del proyecto.
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A finales de 2019, Ganfeng Lithium Co., Ltd., que en ese momento tenía cerca del 50% de participación, informó a Lithium Americas Corporation que no podía cumplir con los aportes de capital previamente acordados, alegando restricciones cambiarias en China que limitaban las inversiones en el exterior.
También señaló que solo podría invertir fuera de China en proyectos en los que tuviera control.
Sin presuntamente tener otras alternativas de financiación, el reporte señala que Lithium Americas Corporation inició negociaciones con Ganfeng Lithium Co., Ltd.
Durante esas conversaciones, Ganfeng ofreció adquirir un 1% adicional de participación en el proyecto por US$16 millones en efectivo y otorgar un préstamo de US$40 millones.
Con ese acuerdo, Ganfeng Lithium Co., Ltd. alcanzó una participación controlante del 51% en Minera Exar, operación que se concretó en agosto de 2020.
Según el director ejecutivo de Lithium Americas Corporation, Jonathan Evans, esta operación constituyó una “venta forzada del control”, derivada de la presunta suspensión de los compromisos de financiamiento previamente acordados por parte de Ganfeng Lithium Co., Ltd.
“Como otro ejemplo de presuntas prácticas empresariales poco éticas, Ganfeng Lithium Co., Ltd. enfrenta posibles cargos penales por uso de información privilegiada relacionados con una transacción bursátil de 2019-2020 que involucró a Jiangxi Special Electric Motor Co.”, dice el documento.
Conflictos en Perú y Ecuador
En otros casos reseñados en el mundo, los autores se refirieron a la operación de China MinMetals Corporation (MinMetals), un gigante minero estatal chino, que adquirió en 2014 la mina de cobre Las Bambas, en Perú.
Las Bambas, situada en la zona andina de Apurímac, es considerada una de las mayores explotaciones de cobre en el Perú.
La mina produce alrededor del 2% del suministro global de cobre desde un tajo abierto excavado en los Andes, a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
En 2015, el proyecto generó una ola de protestas ante la supuesta falta de consulta previa, libre e informada, así como por los presundos impactos que generaría en comunidades y el medioambiente, según denunciaron los comuneros.
“Presuntamente no ha cumplido los compromisos asumidos con las comunidades indígenas para ofrecer empleo, desarrollo, protección ambiental y participación en las decisiones que afectan sus territorios”, dice el documento del Comité Selecto sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino.
Además, presuntamente “se extendió por las tierras de cultivo y los humedales de los que dependen las comunidades para su supervivencia, contaminó los ríos y pagó a la Policía peruana para que reprimiera las protestas relacionadas con ello, lo que provocó al menos cuatro muertes”.
El informe da cuenta de que para construir la mina, el desarrollador original del proyecto reubicó por completo a la comunidad agrícola de Fuerabamba —441 familias o alrededor de 1.600 personas— a cuatro horas de distancia en automóvil.
“El acuerdo de reubicación prometía nuevas tierras agrícolas, empleos estables y becas universitarias. Sin embargo, cuando MMG asumió posteriormente el proyecto, muchos de esos compromisos no se cumplieron o no se materializaron como los habitantes esperaban”, indicó.
Además, describe que los residentes denuncian que ahora deben pagar por bienes básicos como alimentos, agua y combustible que antes obtenían directamente de la tierra, y que muchos han dejado de cultivar o criar ganado porque las tierras de reemplazo asignadas por Las Bambas están demasiado lejos.
Ya en el caso ecuatoriano toca el caso del proyecto Ecuacorriente S.A. (ECSA), que presuntamente “tiene un historial de una década de desplazamiento de comunidades, riesgos ambientales e intimidación violenta en el marco de la operación de la mina Mirador”.
“Sus presas de relaves presentan un alto riesgo de colapso, lo que amenaza con cubrir de residuos tóxicos las aldeas shuar cercanas”, dice el documento. “Para despejar el terreno para las operaciones mineras, ECSA destruyó pueblos enteros al forzar desalojos violentos de los propietarios indígenas locales”.
“Los manifestantes shuar se enfrentan a una presión increíble por parte de ECSA, que persigue a los activistas y a sus familias mediante vigilancia, intimidación y amenazas directas contra sus vidas”, argumentan los autores.
Situada en la provincia de Zamora-Chinchipe, Mirador es la primera mina de cobre a gran escala a cielo abierto de Ecuador.
Ecuacorriente S.A. fue adquirida en 2010 por una empresa conjunta china entre las compañías estatales China Railway Construction Corporation (CRCC) y Tongling Nonferrous Metals (CRCC-Tonglin) a propietarios canadienses.
La mina Mirador está financiada con más de US$2.000 millones en préstamos, incluidos fondos provenientes de varios bancos estatales chinos.
Una de las conclusiones del documento es que “cuanto más las empresas mineras chinas recortan gastos en estándares medioambientales, laborales y de derechos humanos, reduciendo su coste de hacer negocios, combinado con la manipulación del mercado global de la República Popular China, más difícil es para las empresas estadounidenses y occidentales competir”.
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