Bloomberg Línea — La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció este miércoles 28 de octubre que el país no se incorporará al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y destituyó a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, por el “secreto” que rodea a este acuerdo.
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En un mensaje al país de tres minutos, la mandataria costarricense explicó que separó a Trejos luego de no acatar su orden de entregar a los sectores productivos la información del acuerdo, cuyo contenido, reconoció, había sido declarado confidencial por los propios negociadores.
“Pese a que instruí a la ministra de Comex, Indiana Trejos, de compartir el Acuerdo Transpacífico con todos los sectores involucrados, a la fecha ninguno lo ha recibido íntegro”, dijo Fernández.
La presidenta ordenó además no firmar el tratado y que “se archive de manera inmediata”. “El Transpacífico no va”, sentenció, tras argumentar que no puede poner en juego el futuro de miles de familias dedicadas a la ganadería, la lechería y la producción de frutas y verduras en pequeña y mediana escala. “¿Cómo podrían prepararse para competir con un gigantesco mercado de 600 millones de personas quienes ignoran cuáles son las reglas del juego?”, añadió.
“Aunque pareciera una excelente oportunidad, su contenido completo fue declarado secreto por los negociadores, a tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quiénes beneficia y a quiénes afectará”.
Laura Fernández Delgado, presidenta de Costa Rica.
Fernández defendió su postura como “liberal en lo económico y conservadora en lo social” y reiteró su respaldo al libre mercado, el libre comercio y la apertura de fronteras.
Según la mandataria, este modelo permite a Costa Rica exportar cerca de 5.000 productos a 160 países, por más de US$26.000 millones anuales, y generar casi 300.000 empleos.
No obstante, afirmó que su compromiso con la transparencia pesó en la decisión de frenar el ingreso al Transpacífico: “Las circunstancias no lo permitieron”.
Negociaciones del Acuerdo Transpacífico
El CPTPP reúne a 12 países —Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam— que en conjunto representan el 15% del PIB mundial y el 18% del comercio global de bienes.
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El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) costarricense lo describe en su sitio web como el “estándar de oro” de los acuerdos comerciales internacionales, “por promover los más altos estándares en múltiples aspectos de la política comercial”, en áreas como pymes, comercio digital y electrónico.
Costa Rica solicitó ingresar al Tratado Transpacífico en agosto de 2022 y recibió la invitación para iniciar el proceso de adhesión en noviembre de 2024. Tras más de 100 encuentros de alto nivel y negociaciones sobre acceso a mercados y adecuación normativa, el 5 de mayo de 2026 los países miembros anunciaron que las negociaciones habían concluido sustancialmente.
La decisión supone un cambio de rumbo para el propio gobierno de Fernández, que había incluido la adhesión al acuerdo en su plan de gobierno. La firma del acuerdo estaba prevista para noviembre, tras lo cual el texto sería enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación.
De hecho, hasta hace pocos días el tratado seguía siendo promovido por el propio Gobierno. El 23 de octubre, la ahora destituida Trejos se reunió con la embajadora de Canadá, Ioanna Sahas Martin, con quien repasó las prioridades de la agenda bilateral, de más de US$1.000 millones en intercambios, y “cómo el CPTPP crea oportunidades para una prosperidad compartida”, según publicó la diplomática en LinkedIn. “¡Todavía hay margen para seguir creciendo!“.
La resistencia interna, sin embargo, venía creciendo. Sectores agropecuarios, principalmente ganaderos y lecheros, pidieron a la presidenta conocer los detalles del acuerdo antes de la firma y alertaron por su impacto en la producción nacional.
“En el Acuerdo Transpacífico no vemos oportunidades para el sector, sino amenazas”, resumió la Cámara de Agricultura, mientras los exportadores clamaban por avanzar sin descuidar la competitividad del país.
Fernández se reunió con los sectores, pero el fondo del texto nunca les fue presentado, según CRHoy. Ese mismo 23 de octubre, la Defensoría de los Habitantes solicitó a Comex los estudios y las condiciones negociadas del tratado, en el marco de una investigación sobre sus posibles efectos en la producción agropecuaria, el empleo rural y la seguridad alimentaria.
“Para la Defensoría, las decisiones de política comercial deben sustentarse en evidencia y en medidas concretas que protejan los derechos al trabajo, la alimentación y la seguridad social”, dijo en un comunicado.
Reacciones a su archivación inmediata
El anuncio desató reacciones cruzadas en el Legislativo. El jefe de fracción del opositor Frente Amplio, José María Villalta, celebró que el archivo sea “un triunfo de las organizaciones sociales y productivas” —citó a agricultores, palmeros, lecheros, cafetaleros y horticultores— y sostuvo que el gobierno “no tenía otra opción” ante un tratado que había perdido “viabilidad social y política”. Lo planteó, además, como una llamada a terminar con “las negociaciones a puerta cerrada”.
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Desde el oficialista Pueblo Soberano, el diputado José Miguel Villalobos dijo escuchar el anuncio de la mandataria “con absoluto orgullo”. El legislador, que se reunió en las últimas semanas con “centenares de productores”, había adelantado que no votaría el acuerdo si no se aclaraban las inquietudes del sector.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, cuestionó la decisión del Gobierno de Costa Rica de no continuar con la firma del Acuerdo Transpacífico y pidió explicaciones sobre los recursos públicos invertidos en las negociaciones, incluidos viajes oficiales, reuniones y horas de trabajo dedicadas al proceso.
Aunque consideró que la decisión pone fin a meses de incertidumbre, señaló que aún quedan interrogantes sobre el costo de dar marcha atrás.
Gordienko también advirtió que el cambio de rumbo podría afectar la reputación internacional de Costa Rica ante los países involucrados y criticó la falta de apoyo al sector productivo.
Además, cuestionó que la presidenta Fernández alegara desconocimiento sobre los términos negociados, al recordar que ocupó cargos ministeriales durante la administración de Rodrigo Chaves Robles (2022-2026) antes de asumir la Presidencia el 8 de mayo.
La salida de Trejos se suma al despido de Manuel Tovar en Cancillería en septiembre, y a la de Laura López, que en diciembre dejará su cargo como gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).
