Bloomberg — El senador conservador brasileño Flávio Bolsonaro está siendo objeto de un mayor escrutinio político y financiero tras su dramática huida a Miami, luego de su derrota en las elecciones presidenciales del domingo frente al presidente de izquierdas, Luiz Inácio Lula da Silva.
Se desconocía el paradero de Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro —quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser condenado por intentar dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022—, durante 48 horas, mientras él y su familia viajaban a Argentina, luego a Ecuador y, finalmente, a Florida. Es objeto de múltiples investigaciones que se solapan, incluida una que dio lugar a una orden judicial para confiscar sus pasaportes.
Flávio se une a su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien anunció el año pasado que se instalaría en Estados Unidos. Este año, Eduardo fue condenado a cuatro años de prisión por intentar presuntamente interferir en la investigación sobre su padre, presionando a EE.UU. para que tomara represalias contra Brasil.
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Esto es lo que hay que saber.
¿Por qué se está investigando a Bolsonaro?
El excandidato se enfrenta al menos a dos investigaciones que se han hecho públicas, y su campaña presidencial se enfrenta a otra más.
La investigación de mayor repercusión se refiere a presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción e infracciones de la normativa de divisas en torno a la financiación de Dark Horse, una película sobre su padre que aún no se ha estrenado. Al parecer, el senador solicitó 134 millones de reales (US$25 millones) a Daniel Vorcaro, propietario del quebrado Banco Master SA —que se encuentra en el centro de un importante caso de fraude—, para financiar el proyecto.
La financiación de la película vincula a Bolsonaro con Vorcaro, el banquero caído en desgracia conocido por su lujoso estilo de vida y su poderosa red de contactos, que mantuvo a flote su empresa.
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Flávio ha reconocido haberse puesto en contacto con Vorcaro para financiar la producción de la película biográfica sobre su padre, pero ha negado haberle ofrecido nada a cambio. Según el periódico Folha de S. Paulo, los pagos vinculados a Vorcaro ascenderían, presuntamente, a más de US$10 millones, canalizados a través del fondo Havengate Development Fund, con sede en EE.UU.
Las autoridades brasileñas están tratando de determinar de dónde procedía el dinero, cómo se movió y a dónde fue a parar finalmente.
Otra investigación se centra en un presunto caso de blanqueo de capitales en el que está implicado Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro, a través de plataformas de apuestas en línea. Ambos han negado haber cometido irregularidad alguna.
En un comunicado, los abogados de Tomaz negaron que Bolsonaro fuera usuario de la cuenta de la empresa. “Ambos son amigos y ninguno de los dos ha gestionado jamás el dinero del otro”, se indicaba en el comunicado.
La investigación más reciente fue ordenada el martes por el magistrado del Tribunal Supremo Flávio Dino, quien solicitó a la policía brasileña que investigara si se utilizaron fondos, servicios u otros beneficios económicos procedentes del extranjero para financiar la candidatura presidencial de Bolsonaro, así como si actores extranjeros pagaron por contenidos políticos o intentaron influir en las elecciones a través de plataformas digitales.
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La investigación también examinará los contactos relacionados con Rockbridge Network, un grupo con sede en EE.UU. cofundado por el vicepresidente JD Vance, y si algún tipo de apoyo político estuvo vinculado a intereses extranjeros en las tierras raras y los minerales críticos de Brasil. Rockbridge no ha respondido a una solicitud de comentarios.
¿Quién supervisa estas investigaciones contra Bolsonaro?
Las investigaciones están dirigidas por diferentes magistrados del Tribunal Supremo, lo que aviva las disputas de larga data entre el alto tribunal y la familia Bolsonaro. Flávio y sus hermanos alegan que el tribunal tiene un sesgo político en su contra, especialmente después de que condenara a su padre el año pasado.
La investigación sobre la financiación de películas está supervisada por André Mendonça, un juez nombrado para el tribunal por Jair Bolsonaro y al que se considera afín a la familia. Mendonça es también el ponente en el caso del Banco Master. La investigación sigue en curso y la policía brasileña solicitó al juez, a mediados de octubre, 90 días más para concluirla.
La investigación sobre Tomaz está a cargo de Alexandre de Moraes, el juez que dirigió la investigación sobre el intento de golpe de Estado que llevó a Jair Bolsonaro a cumplir arresto domiciliario. Moraes, el miembro más influyente del tribunal, ordenó la incautación de los pasaportes de Flávio Bolsonaro en el marco de esta investigación.
Otro juez, Flávio Dino, ordenó a la policía brasileña que abriera la investigación sobre la posible injerencia extranjera en las elecciones presidenciales de Brasil.
¿Cómo están relacionadas las investigaciones con EE.UU.?
La conexión con EE.UU. es significativa porque se solapa con la investigación, dirigida por Dino, sobre un posible apoyo extranjero a la fallida campaña presidencial de Flávio Bolsonaro.
Además, parte del rastro del dinero en la investigación pasa por EE.UU. Los investigadores brasileños están recabando registros financieros de entidades con sede en EE.UU. en su intento por reconstruir el flujo de fondos.
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Los investigadores están analizando documentos facilitados por el empresario financiero Antônio Carlos Freixo Júnior, testigo colaborador en el caso más amplio del Banco Master. El material se refiere a transferencias a Havengate Development, el fondo con sede en EE.UU. utilizado en relación con la financiación de la película.
En el marco de un acuerdo de conformidad, Freixo declaró que realizó siete pagos a Havengate a petición de Vorcaro, entre enero y septiembre de 2025, según el portal de noticias G1, por un total de US$12,3 millones.
Freixo ha declarado que, en un principio, entendió que la transacción se trataba de una inversión vinculada a Vorcaro y no simplemente de la financiación de una película, lo que plantea dudas sobre cómo se presentó la operación a los participantes. Los representantes de Freixo se han negado a hacer comentarios, ya que el acuerdo de conformidad incluye una cláusula de confidencialidad.
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