Ciudad de México — La ambiciosa apertura del mercado de gasolinas y diésel en México en la década pasada, que perseguía mejores precios para los consumidores, se salió de control y hoy representa un enorme boquete para las arcas públicas debido al contrabando de los combustibles desde el extranjero.
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La importación ilegal de petrolíferos, conocida coloquialmente como huachicol fiscal, cuesta al país cada año aproximadamente MXN$177.170 millones, unos US$9.800 millones, según estimaciones de la consultora PetroIntelligence.
Su tamaño es significativo: este delito representó 30% de las ventas totales de gasolinas y diésel en México durante 2024, de acuerdo con el reporte de la firma energética elaborado con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la autoridad fiscal del país.
“Tomando en cuenta la recaudación potencial para la gasolina regular y el volumen vendido de dicho combustible, si los impuestos recaudados se utilizaran para disminuir su precio, se podría conseguir una disminución de MXN$$2,78 por cada litro vendido durante todo el año”, calculó Petrointelligence.
Aunque el nacimiento de un mercado abierto de gasolinas y diésel en México trajo diversidad de proveedores, inversión privada en infraestructura, mejoras en logística y estándares operativos más altos, la falta de controles convirtió una oportunidad de modernización y competencia en un gigantesco problema.
“La apertura funcionó donde hubo reglas claras; falló donde el Estado dejó vacíos de control”, dijo en entrevista con Bloomberg Línea el analista de la consultora Qua Energy, Marcial Díaz.
Un ambicioso regreso
El regreso del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México en 2012, una fuerza política que gobernó al país durante 70 años en el siglo XX, estuvo acompañado por una avalancha de ambiciosas reformas estructurales que incluyeron la joya de la corona: acceso de la inversión privada a un sector energético mexicano con profundas raíces nacionalistas.
La gestión del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) logró cambiar la Constitución y ponerle fin al monopolio del gigante estatal Pemex en la cadena de hidrocarburos, al permitir la entrada a jugadores privados locales e internacionales, mientras prometió toda clase de beneficios a los ciudadanos.
En el caso de las gasolinas y diésel, las autoridades aseguraban que habría mejores precios para los consumidores a través del desarrollo de infraestructura, que permitiría a comercializadores reducir costos en el suministro gracias a la competencia.
De esta forma, se podrán ofrecer mejores precios a los consumidores, prometió el Gobierno de Peña Nieto a la población mexicana en un documento sobre la reforma energética publicado en diciembre de 2013.
“Con esta Reforma Constitucional, las familias mexicanas podrán sentir en sus bolsillos, los beneficios de que nuestra economía vuelva a crecer a mayores niveles, como no ha ocurrido en décadas”, declaró Peña Nieto en discurso en agosto de 2013.
Ante la falta de condiciones de competencia, las autoridades ejecutaron una política gradual de apertura con precios máximos en 2015, mientras comenzaron a emitir permisos de importación, comercialización, almacenamiento, distribución y venta al público de gasolina regular, premium y diésel en los siguientes dos años.
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Pero los precios nunca dependieron sólo de lo establecido en la reforma, sino de factores externos como el tipo de cambio, los precios internacionales de referencia, principalmente en Estados Unidos, impuestos, costos logísticos, además del margen de ganancia de las gasolineras.
La gasolina regular pasó de un promedio de MXN$12 por litro en 2013 a MXN$17 en 2018; la Premium subió aún más, con aumentos acumulados mayores a 40% en el sexenio, dijo Alicia Zazueta, CEO de la firma e-services, especializada en el sector hidrocarburos.
La creación de este incipiente mercado, operado previamente por una sola empresa estatal, dejó huecos que ágilmente aprovechó el crimen organizado, en complicidad con funcionarios y empresarios para evadir el pago de impuestos de los combustibles importados y obtener lucrativas ganancias.
Los grupos criminales explotaron fallas en tres frentes: aduanas, fiscalización y trazabilidad. Declaraban productos como aditivos o aceites para evadir impuestos, usaban empresas fachada, documentos aparentemente legales, y la descoordinación entre autoridades permitió que el combustible ilegal circulara como si fuera formal.
“No fue un robo clandestino: fue contrabando documentado”, dijo Díaz, el analista de la consultora Qua Energy, que también se desempeñó como subgerente jurídico de Pemex.
Los cambios legales rebasaron la capacidad limitada de las autoridades y la apertura avanzó más rápido que el fortalecimiento de controles aduaneros, sistemas de trazabilidad y coordinación entre el SAT, la Secretaría de Energía, la extinta Comisión Reguladora de Energía y dejó un hueco que grupos criminales y redes empresariales aprovecharon, coincidió Zazueta, expresidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).
Una muestra de la incapacidad gubernamental estuvo reflejada en el regulador mexicano CRE que tenía siete verificadores para inspeccionar 24.500 permisos emitidos a empresas públicas y privadas de hidrocarburos y electricidad.
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Del robo tradicional a la evasión de impuestos
Antes del contrabando, México ya enfrentaba el robo de combustible tradicional, conocido como huachicol, de ductos, pipas y hasta en refinerías. Datos de Pemex y el Congreso registran casos desde 1999, pero sólo fue hasta el año en que Peña Nieto llegó a la presidencia, cuando el fenómeno creció de manera desbordada.
De 2012 a 2018, la ordeña ilegal de ductos a Pemex, en el que participan grupos criminales, funcionarios y empresarios, pasó de 1.600 tomas clandestinas a 14.900, un crecimiento de 830%, según datos de Pemex.
Un reporte de la firma EnerGEA, elaborado por solicitud del extinto regulador CRE, mencionó que cárteles del narcotráfico, grupos armados, bandas criminales, gasolineros, empleados y extrabajadores de Pemex estaban involucrados en el robo de combustible.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México (2018-2024) implicó una estrategia entre instituciones energéticas, fiscales y de seguridad que incluyó el cierre de ductos para combatir el robo, el cual generó, en sus primeras semanas, un episodio de compras de pánico y desabasto durante enero de 2019 y que alcanzó su punto más crítico tras una explosión en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo donde murieron 137 personas en una toma clandestina.
López Obrador no escapó a la tentación de hacer promesas sobre los combustibles. En su primer día como presidente, dijo ante el Congreso mexicano que bajaría los precios de la gasolina y el diésel con la rehabilitación de las refinerías de Pemex y la construcción de una más, pero sólo pudo mantener los precios al margen de la inflación, y tuvo que lidiar con retrasos en obras que actualmente siguen pendientes, incluida la nueva en Dos Bocas, Tabasco.
Con el cierre de ductos y mayor vigilancia vino la corrupción de funcionarios aduanales para facilitar las importaciones ilegales, etiquetadas con otros productos como aceites, lubricantes, alcoholes y residuos petroquímicos para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conocido como IEPS.
Este gravamen, que representa 40% del precio final de los combustibles, fue creado en 1980 para regular el consumo de productos con efectos nocivos a la salud, pero también para aumentar los ingresos del Gobierno.
“El impuesto también crea una oportunidad considerable para los grupos criminales, que pueden vender combustible de contrabando a precios mucho más bajos a los vendedores legítimos”, señala una reciente investigación del think tank InSight Crime.
Antes de 2013, el mercado mexicano era exclusivo de Pemex y todas las estaciones de servicio del país solo podían comprarle gasolinas y diésel a esta empresa. El precio era el mismo para todas, pero al abrirse el mercado y liberar los precios sin fortalecer los controles fiscales y aduaneros, el delito evolucionó: pasó del robo físico al fraude fiscal.
La estructura monopólica de Pemex como único importador y comercializador minimizaba el espacio para esquemas masivos de contrabando fiscal. El riesgo principal era el robo físico de ductos, no la manipulación arancelaria, mencionó Zazueta.
“El delito cambió de manguera a factura”, comentó Díaz.
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Durante 2021, el Gobierno de López Obrador observó un crecimiento acelerado en las importaciones de lubricantes de 79% de la demanda sin un sustento en la actividad económica nacional que justificara esas compras en el extranjero, señaló el SAT en un informe tributario de 2021.
“Estos productos no se encuentran sujetos al pago del IEPS por lo que son usados como medio de evasión para la introducción de combustibles”, añadió la autoridad fiscal de Hacienda en el documento.
Las gasolinas y diésel de contrabando son atractivos para los comercializadores en México cuando los precios internacionales son bajos porque su margen de ganancia crece frente a los combustibles formales con impuestos, además de que las refinerías en Estados Unidos son más eficientes produciendo petrolíferos que las de Pemex.
Pero si las referencias internacionales suben y el Gobierno aplica subsidios para evitar un impacto en la economía por su promesa de mantener los precios al margen de la inflación, las importaciones ilegales pierden su atractivo y pueden ser incluso más caras.
Aunque la reforma de Peña Nieto trajo a gigantes como Exxon, Shell y Valero que ayudaron a crear infraestructura de almacenamiento que fortalece la seguridad energética del país, sus ingresos se vieron mermados por la competencia desleal en precios más bajos con el robo y contrabando de combustibles en medio de un endurecimiento regulatorio para favorecer a Pemex.
En 2021, la Secretaría de Energía canceló y revocó 1.866 permisos de importación de gasolinas, diésel por usos indebidos e incumplimientos y dejó 88 vigentes, cifra también que se redujo hasta cinco permisos que hoy están en manos de Valero, Exxon, Koch, Shell y Marathon.
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El analista de Qua Energy dijo que mientras “muchas” empresas formales cumplieron con impuestos y permisos, otras vendían producto ilegal entre 20 y 30% más barato, empujando a la quiebra o informalidad.
“El contrabando no solo dañó al fisco, destruyó empresas cumplidas”.
Este año, Shell incluso decidió dejar las importaciones de combustibles a México y vendió su negocio minorista.
La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, continuó con la política de precios al margen de la inflación, incluso logró pactar un precio máximo de la gasolina regular con los empresarios gasolineros de MXN$24 por litro.
Combate y consecuencias
La estrategia de Sheinbaum ha sido diferente a la de su predecesor con el endurecimiento de las aduanas terrestres, marítimas, así como operativos en marzo y julio de este año en los que el Gobierno decomisó un total de 25 millones de litros de combustible ilegal en Tamaulipas y Coahuila. El primero alcanzó a representantes de las fuerzas armadas.
Dos años antes, el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, notificó a la Fiscalía General de la República sobre problemas en varias áreas, denunció y aportó pruebas de las irregularidades, contó el entonces titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero, en una conferencia de prensa el 7 de septiembre.
A partir de la denuncia, el Gobierno dijo que investigó en Tamaulipas durante “meses” la estructura criminal basada en uso de documentos apócrifos para facilitar el traslado de combustible en el que participaron empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos y confiscó 10 millones de litros de diésel en el buque Challenge Procyon, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la misma reunión con medios de comunicación.
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Para desmantelar la red de corrupción que facilitaba la importación ilegal del combustible a México, la dependencia encabezada por García Harfuch se apoyó en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para identificar depósitos y retiros en efectivo, compra de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguros por montos superiores e “incogruentes” con el perfil de las personas investigadas.
Las autoridades ejecutaron órdenes de aprehensión a tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas identificados como: Manuel Roberto N, Climaco N, Humberto Enrique N, Sergio N, Carlos de Jesús N, Fernando Ernesto N, Francisco Javier N, Endira Xóchitl N, Perla Elizabeth N, Anatalia N, Ismael N, Anuar N, Héctor Manuel N y José N.
Manuel Roberto Farías Laguna se desempeñaba como vicealmirante de la Marina. Él y el resto de los involucrados fueron detenidos y están a disposición de las autoridades para continuar con la investigación, la cual sigue en proceso.
Cuestionados sobre la relación familiar entre Ojeda y Farías Laguna, su jerarquía y alcance sobre otros funcionarios, la Fiscalía informó que Ojeda no manifestó parentesco, ni distinguió o pidió protección para nadie cuando denunció el caso. El actual titular de la Marina agregó que la investigación seguía abierta, y varios subordinados ya estaban detenidos y la dependencia no toleraría corrupción e impunidad en sus filas.
García Harfuch dijo que, tras los aseguramientos de combustible ilegal, inicia un seguimiento hacia donde iba, principalmente enfocado en empresarios.
De enero a septiembre de 2025, México ha registrado el mejor comportamiento en la recaudación de impuestos con un crecimiento de 9% hasta MXN$542.000 millones, reveló en octubre el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.
“De esos MXN$542.000 millones, MXN$200.000 millones responden a una mejor recaudación en materia de comercio exterior: todos los impuestos ligados al comercio exterior, que implican controles, lucha contra la corrupción y el contrabando”, agregó el funcionario.
La Fiscalía agregó en la conferencia de septiembre que trabajan con las autoridades estadounidenses ante las exigencias de los jueces para las órdenes de aprehensión por combustibles de contrabando y cómo quisieron disfrazarlos con otras fracciones arancelarias, pues el 90% de las importaciones ilegales viene de Estados Unidos, y quienes refinan y comercializan combustible en ese país están obligados a dar información precisa a las autoridades sobre sus operaciones.
El factor EE.UU.
El Gobierno de Estados Unidos ha deteriorado su relación con México, a pesar de que ambos son sus principales socios comerciales y comparten una frontera de miles de kilómetros, ante la política de combate al narcotráfico y sus negocios.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha dicho en varias ocasiones que México está gobernado en gran medida por el crimen organizado, acusaciones que ha rechazado la administración de Sheinbaum.
La oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reportó en mayo de este año contrabando de combustible y petróleo crudo desde México hacia Estados Unidos a través de cárteles mexicanos como el Cartel Jalisco Nueva Generación.
El modus operandi incluye sobornos a trabajadores de Pemex, perforaciones ilegales de infraestructura, robo en refinerías y transporte mediante empresas controladas por los grupos criminales, como SLA Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística que cruzaban la frontera por Texas con pipas etiquetadas con “residuos de aceite” y otros materiales peligrosos para evitar revisiones, regulaciones y el pago de impuestos, según un documento gubernamental.
El 16 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos acordó con México reforzar el intercambio de inteligencia ante ataques con drones en la frontera, además de profundizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones de robo de combustible, precisó el Departamento de Estado en un comunicado.
Un día después, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones al cartel mexicano Santa Rosa de Lima y dijo que está cortando “agresivamente” el acceso al sistema financiero estadounidense.
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