Ciudad de México — México está registrando altos precios de energía ante la falta de nuevos proyectos en medio de una demanda creciente, señaló Moody’s en un reporte.
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La administración saliente del presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado una mayor participación del Gobierno en el mercado local de generación de energía eléctrica, pero el desarrollo de proyectos nuevos se ha ralentizado debido a la falta de un marco de políticas favorables, dijo la agencia calificadora de riesgo crediticio en el documento.
“Como consecuencia, los precios de la energía eléctrica se dispararon, lo que impulsó las fusiones y adquisiciones en el sector”, precisó.
El precio máximo de potencia eléctrica del sistema interconectado nacional pasó de MXN$628.300 pesos por MegaWatt (MW) en 2021 a MXN$3,2 millones en 2023 y hasta MXN$5 millones en 2024, según datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
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Desde 2018, el precio máximo de potencia no rebasaba el millón de pesos mexicanos por MW al año.
La calificadora señaló que los proyectos de generación de energía actualmente en funcionamiento se volverán más estratégicos durante el próximo Gobierno de México ante la falta de nuevos suministros de electricidad y el crecimiento de la demanda, señaló.
Desde el punto de vista crediticio, esto es positivo para los proyectos de energía en funcionamiento ya que la falta de oferta aumenta el precio de la capacidad de generación eléctrica, una tendencia que continuará al menos hasta mediados de 2025. Este entorno favorece a las empresas que tiene que renovar contratos de compraventa de energía porque aumenta su margen de recontratación en condiciones favorables, señaló Moody’s.
Las últimas adquisiciones en el sector eléctrico involucran una capacidad de 12.700 MW, alrededor del 15% del total de México, pero no han agregado nueva capacidad de generación al sistema eléctrico.
Entre las operaciones principales está la del Gobierno mexicano con la empresa española Iberdrola de 13 plantas eléctricas por US$6.200 millones, así como la operación de Actis y su filial Valia Energía que financió la compra de siete plantas termoeléctricas de 3.200 MW de capacidad.
La demanda anual de electricidad creció un 3,9% en 2022 y cerca de 3,8% en 2023, cifras que superan significativamente las proyecciones de la Secretaría de Energía, que ahora prevé una tasa de crecimiento anual del 2.5% en los próximos años. La alta demanda de energía también impulsó los ingresos anuales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica estatal, en un 4% en 2023.
El Gobierno de López Obrador, conocido como AMLO, suspendió los mecanismos de la reforma energética de su antecesor el expresidente Enrique Peña Nieto, y propuso favorecer a CFE y restringir la participación de empresas privadas en el sector eléctrico.
La administración de AMLO argumentó que la falta de planeación en la entrega de nuevos permisos de generación eléctrica puso en riesgo al sistema eléctrico y ha saturado las redes eléctricas, pero su gestión también canceló proyectos de transmisión de energía que pretendían desahogar la saturación de energía en el sur y norte del país.
Diferentes planes eléctricos de las candidatas presidenciales
Moody’s dijo que el próximo gobierno de México, que comenzará su mandato de seis años en octubre de 2024, tendrá la oportunidad de establecer un plan claro de transición energética con políticas transparentes y suficiente capacidad de generación y transmisión para cumplir sus objetivos.
Sobre Claudia Sheinbaum, candidata del partido gobernante Morena, la agencia recordó que mantendrá prácticamente intacta la política energética de la administración actual con pequeñas desviaciones hacia la generación de energía limpia y transmisión con un plan de inversión por US$13.600 millones.
La candidata de oposición Xóchitl Gálvez propone reabrir el sector eléctrico a la inversión privada, reactivar subastas eléctricas de largo plazo e invertir al menos US$20.000 millones en nuevas redes de electricidad. Su equipo de expertos también han dicho que México necesita al menos 25.000 MW de capacidad instalada adicional para cubrir las necesidades del nearshoring.
