Ciudad de México — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó un decreto en materia de transparencia del Gobierno para evitar que los funcionarios decidan qué información es reservada y aumentar la divulgación relacionada a contratos, fiscalización y las empresas estatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.
La disposiciones establecidas en el decreto publicado la tarde de este martes se incorporarán en una próxima reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada el año pasado en sustitución de una legislación de 2015.
“En la ley actual está establecido que los servidores públicos pueden determinar qué se hace público y qué no, dependiendo de la seguridad nacional o del procedimiento en el que está la información. Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.
El decreto señala que la información pública solo puede clasificarse “en los casos expresamente previstos en la legislación aplicable y justificados bajo determinadas circunstancias”.
También establece que la información sobre contrataciones públicas se publicará mensualmente, en lugar de cada tres meses, y que las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberán divulgar lo relacionado con estados financieros, actas de asamblea, actas constitutivas y datos de gobierno corporativo.
En tanto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno deberá publicar información relacionada con actividades de fiscalización como su programa anual o el padrón de despachos de auditores externos.
El decreto invita a los tres niveles de Gobierno, órganos constitucionales autónomos y al Poder Judicial a difundir la información a la que se encuentran obligados.
El documento indica que en los próximos 90 días hábiles, el organismo de la Secretaría Anticorrupción Transparencia para el Pueblo emitirá los criterios técnicos y brindará los formatos específicos para divulgar la información. Una vez que esto suceda, las dependencias y filiales obligadas tendrán 30 días hábiles para comenzar a publicar la información solicitada.
Próxima reforma
De acuerdo con Sheinbaum, el decreto se incorporará a la Ley de Transparencia en el próximo periodo de sesiones del Congreso que inicia el 1 de septiembre.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, adelantó que también presentarán una propuesta para simplificar las 17 fracciones bajo las que actualmente puede clasificarse como reservada la información bajo la ley, que incluyen comprometer la paz social, menoscabar las relaciones internacionales o estar relacionada con actos de corrupción.
“Pronto esto también va a estar en una propuesta, en una iniciativa, con más iniciativas que se están integrando con la Consejería Jurídica, con la Ley General de Transparencia”, mencionó Buenrostro.
En 2024, poco después de asumir la presidencia, Sheinbaum impulsó una reforma para eliminar a organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) creado en 2002, una propuesta originalmente planteada por su antecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien criticó el gasto presupuestal que implicaba y lo acusó de ser una simulación de combate a la corrupción.
Al año siguiente, con el respaldo del partido gobernante Morena en el Congreso, se aprobó una nueva Ley General de Transparencia y las funciones del INAI pasaron al órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo de la Secretaría Anticorrupción.
