Bloomberg Línea — Un bloque de países ha respaldado a Panamá tras las recientes detenciones e inspecciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China.
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De acuerdo con datos del memorando de entendimiento de Tokio (Tokyo MOU), 92 de los 124 barcos inspeccionados en puertos chinos en marzo, o casi el 75%, ondeaban bandera panameña.
En comparación con los dos meses anteriores, la cifra de marzo aumentó de forma significativa. Diecinueve de los 45 barcos incautados en febrero, o más del 40%, izaban bandera panameña, y 23 de los 71 barcos incautados en enero, o más del 30%, ondeaban bandera panameña.
Al respecto, el 2 de abril, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que estas tácticas buscan “socavar el Estado de Derecho en Panamá”, a quien calificó como “una nación soberana y socio vital para el comercio global”.
El funcionario agregó que las detenciones, retrasos u otros obstáculos al movimiento de buques “socavan la estabilidad de las cadenas de suministro globales, aumentan los costes para empresas y consumidores, y erosionan la confianza en el sistema comercial internacional”.
De inmediato y a través de pronunciamientos separados, diversos Gobiernos aliados expresaron también su rechazo a las medidas impuestas por China a buques de Panamá.
La Cancillería costarricense exigió el respeto a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Mientras que Israel y Ucrania alertaron sobre los riesgos de politizar la ley marítima.
De igual forma, Honduras, Paraguay y Perú coincidieron en que “las retenciones arbitrarias” suponen una amenaza directa a la estabilidad de las cadenas de suministro globales.
Panamá destacó el respaldo de la comunidad internacional en defensa de su flota mercante. “Esos pronunciamientos defienden el respeto a la soberanía de Panamá y a su registro de naves como una condición no negociable para el mantenimiento del comercio exterior”, dijo el Gobierno.
Fin del contrato
El Gobierno estadounidense dijo que las acciones contra buques panameños siguen a la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá respecto a las terminales Balboa y Cristóbal.
En enero, la autoridad declaró inconstitucional el contrato de la firma de Hong Kong CK Hutchison Holdings para operar los puertos en ambos extremos del Canal.
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El fallo, ejecutado por el Gobierno panameño en febrero, fue celebrado por la administración de Donald Trump, quien ha amenazado reiteradamente con tomar el control del Canal.
CK Hutchison, que operaba las terminales desde 1997 e invirtió más de US$30.000 millones, presentó un arbitraje internacional exigiendo al menos US$2.000 millones por “toma ilegal”, cifra que recientemente elevó a los daños sufridos por las nuevas medidas comerciales.
Pekín, por su parte, ha negado que las detenciones sean represalias. El portavoz de Exterior, Lin Jian, afirmó que las acusaciones estadounidenses “solo revelan su intento de tomar el control del canal” y recordó que las inspecciones portuarias son mecanismos legales de seguridad.
Sin embargo, los datos de Tokyo MOU indican que las retenciones de marzo no solo afectaron a buques cargueros, sino también a petroleros y buques de carga a granel, incluyendo naves operadas por empresas chinas pero registradas bajo pabellón panameño.
En un comunicado el 26 de marzo, la comisionada de la Comisión Marítima Federal de EE.UU. (FMC), Laura DiBella, advirtió que, debido a que los buques con bandera de Panamá llevan una parte significativa del comercio contenedorizado de Estados Unidos, las detenciones podrían tener “consecuencias comerciales y estratégicas significativas para el transporte marítimo estadounidense”.