Lima — La expansión del crimen organizado en Perú dejó de ser un problema meramente social y policial para convertirse en una variable económica que redefine cuánto cuesta producir, invertir y operar en el país. Desde una bodega de barrio hasta una operación minera, el sector privado destina cada vez más recursos no a expandirse, sino a protegerse o, en muchos casos, a pagar un “cupo” para que no lo ataquen.
“El sector privado invierte entre S/10.000 y S/12.000 millones al año solo en protección: cámaras, vigilancia, rejas y guardias”, explicó Nicolás Zevallos, criminólogo y fundador del Instituto de Criminología, a Bloomberg Línea. Pero ese es solo el gasto visible: en la práctica, más del 50% de medianas y pequeñas empresas ya incorporó el pago de extorsiones o “cupos” como parte de su estructura de costos.
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El fenómeno funciona como un impuesto informal. En el sector construcción existe incluso un término para ello: el “pasocial”, un pago para evitar sabotajes, paralizaciones de obra o ataques. El Ministerio de Economía y Finanzas estima que Perú pierde unos S/19.000 millones al año por la inseguridad, mientras que el BID calcula que la criminalidad equivale al 3,44% del PBI.
El origen: pandemia, informalidad y efecto derrame
Zevallos ubica el inicio de la actual escalada de extorsiones y sicariato en el período posterior a la pandemia, cuando la economía peruana se reabrió en un entorno de fuerte informalidad y precariedad laboral. En ese escenario, proliferaron pequeños negocios que operaban fuera del sistema formal, con flujos de efectivo sin control y sin acceso al sistema financiero, lo que los convirtió en objetivos ideales para estructuras criminales.
Estas redes no son necesariamente grandes carteles transnacionales, sino lo que Zevallos llama “equipos impredatorios”: grupos locales, fragmentados pero altamente violentos, que se insertan en barrios, mercados y rutas de transporte para extraer rentas ilegales. “La informalidad no solo reduce la capacidad de defensa de los negocios, sino que también limita su posibilidad de denunciar, creando un círculo vicioso que fortalece al crimen”, explicó.
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Cate Klemme, directora en la firma de riesgo Evidencity, añade otra dimensión al problema: el efecto derrame regional. La expansión del crimen organizado en Ecuador, donde bandas ligadas al narcotráfico tomaron control de puertos, cárceles y territorios, tuvo efectos de derrame hacia países vecinos, incluido Perú.
Esto incluye la circulación de armas, el uso de métodos más violentos como el sicariato y la profesionalización de las redes de extorsión. De esa forma, apunta a una regionalización del crimen, en la que economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando articulan redes que cruzan fronteras.
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La economía popular bajo presión
El impacto es más severo en la economía de base: bodegas, talleres, pequeños comercios, transportistas y proveedores. “Son negocios que no tienen cómo protegerse ni cómo denunciar. Para las mafias son la presa perfecta”, señaló Zevallos.
Unas 2.600 bodegas cerraron en el país entre enero y agosto de 2025 como consecuencia directa de la criminalidad, según la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú. Mientras algunos optan por cerrar, otros sobreviven pagando y algunos trasladan ese sobrecosto al consumidor.
Los transportistas ya advirtieron que las tarifas deben subir para cubrir pagos extorsivos. Más del 90% del sector paga cupos. Según Martín Ojeda, dirigente de Transportes Unidos, las empresas de transporte público pagan en promedio S/10 de cupos a hasta tres bandas criminales cada día, lo que equivale a unos S/2,5 millones anuales por compañía.
A esto se suma un efecto indirecto: el miedo. “La gente deja de salir, de ir a restaurantes, de consumir. Eso también enfría la economía”, explicó Zevallos.
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La gran empresa tampoco está a salvo
Aunque las grandes compañías tienen mayor capacidad de protección, tampoco están blindadas. Bloomberg Línea conoció que en el sector minero, una gran empresa puede gastar entre US$40 millones y US$100 millones anuales en medidas de seguridad para proteger sus operaciones frente a sabotajes y la incursión de mineros ilegales.
El crimen se infiltra por la cadena de valor. “A la gran empresa no la extorsionan directamente, pero sí al proveedor que le lleva equipos o insumos. Ese sobrecosto termina trasladándose al precio final”, explicó Zevallos.
Para los inversionistas extranjeros, el cambio es evidente. “Antes había problemas, pero ahora no saben a quién llamar si algo pasa. Eso era típico de México o Centroamérica, no del Perú de hace 10 años”, afirmó Klemme.
Ejecutivos internacionales ahora viajan con autos blindados, escoltas y teléfonos desechables. “El costo de cada operación, de cada visita, ha subido muchísimo. Es como hacer negocios en un país mucho más peligroso que Perú”, agregó.
En México, una empresa mediana puede gastar al menos US$1 millón al año solo en seguridad. Según Klemme, Perú se está moviendo hacia ese patrón, lo que implica menos recursos para invertir, contratar y crecer.
Puertos y percepción de riesgo país
El impacto ya alcanza al comercio exterior. Empresas europeas y norteamericanas revisan el uso de puertos peruanos, incluido Chancay, por preocupaciones de seguridad y trazabilidad. “Si comienza el robo de carga como en México, ahí es donde explotan los seguros, los fletes y los tiempos de entrega”, advirtió Klemme.
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Para los mercados financieros, la combinación de crimen, debilidad institucional y ruido político añade presión sobre la percepción de riesgo país. Aunque Perú mantiene estabilidad macroeconómica, el entorno para hacer negocios se volvió más caro e incierto.
“El mundo necesita el cobre y el oro del Perú. Las empresas no se van”, resumió Klemme. “Pero tienen que gastar mucho más para quedarse.”
Ese es el nuevo equilibrio: la inseguridad no paraliza a la economía peruana, pero sí la encarece, la vuelve más frágil y le resta potencial de crecimiento. “Podríamos crecer uno o dos puntos porcentuales más si ese dinero no se fuera en extorsiones, vigilancia y protección”, concluyó Zevallos.
