Bloomberg — Una empresa minera de oro canadiense demandó a Perú en Estados Unidos como parte de los esfuerzos para cobrar alrededor de US$69 millones que le fueron otorgados por las violentas protestas que detuvieron las operaciones en una de sus minas en la nación sudamericana.
Lupaka Gold Corp. ganó el laudo, que incluye intereses, el año pasado en un procedimiento de arbitraje que determinó que el gobierno peruano no detuvo las protestas de las comunidades rurales en la mina Invicta de la empresa. La demanda presentada el 27 de febrero en un tribunal federal de Washington pretende que un juez estadounidense confirme el laudo.
“Lupaka confía en que pronto podrá empezar a embargar activos peruanos en cualquier lugar de Estados Unidos”, dijo la empresa en un comunicado el lunes anunciando la demanda.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú dijo en un comunicado que se puso en contacto con Lupaka antes de la presentación de la demanda para “transmitirle la predisposición a cumplir con el laudo, para lo cual se propuso celebrar prontamente reuniones de coordinación”. El Estado se compromete a cumplir sus obligaciones, según el ministerio.
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La demanda es al menos la segunda en los últimos años contra Perú por laudos arbitrales impagados, ya que la nación se enfrenta a un número creciente de disputas con inversores internacionales.
La medida de Lupaka parece seguir los pasos del conglomerado de construcción de aeropuertos Kuntur Wasi, al que se pagaron US$91 millones poco después de que un tribunal estadounidense confirmara un laudo arbitral a su favor. Perú no presentó abogados para defenderse en ese juicio.
“Sin duda, la industria minera tomará nota de la negativa de Perú a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional a la hora de tomar decisiones de inversión”, declaró en un comunicado Gordon Ellis, presidente de Lupaka.
Carlos José Valderrama, exjefe del Sicreci, la comisión peruana que se ocupa de los casos de arbitraje, dijo que el caso podría ofrecer una hoja de ruta para otras empresas extranjeras cuyas operaciones se ven acosadas por protestas.
Perú también se enfrenta a una disputa de alto perfil con Brookfield Asset Management, que ha presentado un arbitraje por valor de US$2.700 millones alegando que la ciudad de Lima expropió indebidamente una serie de autopistas de peaje que gestionaba en virtud de una concesión. Aún está pendiente un arbitraje contra Perú sobre este asunto, aunque la ciudad de Lima ya ha perdido arbitrajes sobre el tema por un total de unos US$200 millones.
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