Bloomberg Línea — El último presidente peruano que completó su mandato fue Ollanta Humala, en 2016. Desde entonces, la nación andina ha tenido ocho jefes de Estado, convirtiéndose en el país latinoamericano más inestable del siglo XXI, políticamente hablando.
Las elecciones generales del 12 de abril pueden ser una salida a la incertidumbre que atraviesa Perú o, por el contrario, fortalecer un “parlamentarismo de facto”, donde el Congreso tiene un poder real mayor al del presidente, tanto como para retirarlo de un cargo acudiendo a un ambiguo artículo de la Constitución, explican dos expertos a Bloomberg Línea.
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El artículo 113 de la Constitución de 1993 impulsada por Alberto Fujimori establece que una de las razones por las cuales la Presidencia puede quedar en vacancia es por la “permanente incapacidad moral o física [del presidente]”, siempre que sea “declarada por el Congreso”.
El dato no es menor si se tiene en cuenta que, bajo la figura de “permanente incapacidad moral” para gobernar, el Congreso destituyó de su cargo a tres mandatarios peruanos:
- Dina Boluarte (7 de diciembre de 2022 - 10 de octubre de 2025).
- Pedro Castillo (28 de julio 2021 - 7 de diciembre de 2022).
- Martín Vizcarra (23 de marzo de 2018 - 9 de noviembre de 2020).
Antes que ellos, el 23 de marzo de 2018, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, relacionado con el escándalo de corrupción de Odebrecht, renunció a su cargo. La razón: el Congreso puso sobre la mesa destituirlo, también por “incapacidad moral”.
Kuczynski, que venció en la segunda vuelta electoral de 2016 a Keiko Fujimori, fue “apabullado” por un Legislativo de mayoría “fujimorista” hasta hacerlo dar un paso al costado, dice la politóloga y experta en gobernanza Eliana Carlin.
“El expresidente Kuczynski, un empresario neoliberal y protector de la Constitución de Alberto Fujimori en 1993, al ganarle la elección a Keiko Fujimori en las urnas en la segunda vuelta de 2016, fue apabullado por el Congreso fujimorista”, dice Carlin. “Desde esa época, el Congreso se ha comportado como si realmente fuese la entidad que gobierna y no el poder Ejecutivo; es un parlamentarismo de facto y no hay ninguna señal de que vaya a cambiar con el nuevo Congreso bicameral”.
Javier Albán, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, explica que los artículos 99 y 100 de la Constitución permiten acusar ante el Congreso al presidente de la República y sancionarlo. Pero el Legislativo ha destituido a los mandatarios citando el polémico artículo 113, “que, en principio, no es una sanción, sino una declaración de que nos quedamos sin presidente”.
“El problema es que el artículo se ha distorsionado. Esto de ‘incapacidad moral’ se interpretaba hace ciento y pico de años como ‘incapacidad mental’. Pero en los 2000 ya se vuelve algo más subjetivo, como un supuesto adicional de sanción al presidente”.
Javier Albán
En los 2000, la izquierda buscó “vacar” a Alberto Fujimori por “incapacidad moral”. Recientemente, el fujimorismo, ahora en cabeza de su hija Keiko, ha aprovechado la misma figura para impulsar la destitución de otros mandatarios, según los expertos.
El Congreso podría ser aún más “todopoderoso”
Más de 27,3 millones de peruanos están habilitados para escoger el 12 de abril a su próximo presidente entre 35 candidatos, una cifra sin precedentes en el país. En principio eran 36 los inscritos, pero uno, Napoleón Becerra, murió el 15 de marzo en un accidente de tránsito.
En las más recientes encuestas adelantadas por Ipsos y Datum Internacional, ninguno de los candidatos supera la intención de voto del 13% y, en cambio, la indecisión prima en los electores.
Los derechistas Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori lideran los sondeos, seguidos del centroizquierdista Alfonso López Chau, el centrista Jorge Nieto y el denominado outsider Carlos Álvarez.
Tras ellos, pero quizá con mayor proyección de crecimiento, se ubica Roberto Sánchez, el heredero político de Pedro Castillo, según los expertos. En ese contexto, y debido a que un candidato necesita más del 50% de los votos válidos para ganar los comicios, se augura una polarizada segunda vuelta, prevista para el 7 de julio.
“Con 35 candidatos, es muy difícil identificarlos a todos y, menos aún, los símbolos. Si hoy mismo le preguntas a la gente por quién va a votar, la gran mayoría no tiene ni siquiera claridad de cómo luce la cédula electoral”, dice Carlin.
La problemática radica en que, si ninguno de los candidatos tiene el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, difícilmente va a tener representación en el Congreso.
También el 12 de abril, los peruanos votarán por 130 diputados y 60 senadores que integrarán el nuevo Congreso, el primero bicameral en los últimos 33 años.
“Contaremos con 43 partidos políticos en carrera, lo que representa más del doble de partidos que tuvimos en una ya complicada elección en el 2021. Una abundante oferta política produciría una confusión entre el electorado, una dificultad para un voto informado y la posibilidad de repetir una segunda vuelta con candidatos con poca representatividad”, dice el informe La paradoja del pluralismo, elaborado por Ipsos y Transparencia Perú.
El reporte plantea la posibilidad de que el 80% de estos partidos, 34 exactamente, no superen la valla electoral y pierdan su inscripción. El restante concentraría el poder en el Legislativo y, como ha sucedido en la última década, podrían someter al presidente electo, salvo que cuente con mayorías.
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“El nuevo sistema bicameral es asimétrico, porque el Senado tendrá más poder que la Cámara de Diputados, al punto que podrá elegir y destituir funcionarios importantes con menos miembros (60) de los que tenía el Congreso previo (130)”, dice Albán. “El Senado va a ser una figura que determine bastante si el país será más estable o, por el contrario, menos”.
Una particularidad es que el cambio de un Congreso unicameral a otro bicameral fue aprobado por el Legislativo en octubre de 2025, aun cuando más del 90% de la ciudadanía rechazó este ajuste en un referéndum nacional celebrado en 2018, reseña Carlin.
“El cambio a un Congreso bicameral no solamente irroga un gasto millonario al Estado, sino que además vamos a tener un Senado todopoderoso que va a elegir a las principales autoridades de los organismos autónomos del Estado”.
Eliana Carlin
Un Senado y, en general, un Congreso todopoderoso impedirían, por ejemplo, que una reforma institucional impulsada por el próximo presidente o una reforma al polémico artículo 113 de la Constitución.
En palabras de Albán: “Lo único es que contemos con presidente pro-institucional que sea muy popular y obligue al Congreso, con la presión de la gente, a aprobar esa reforma”.
