Bloomberg Linea — La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, activó una investigación bajo la Sección 301 contra 60 economías, incluidas 18 latinoamericanas, por la falta de aplicación efectiva de una prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzado.
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La medida anunciada esta semana responde a datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que alertan sobre la explotación en cadenas de suministro de productos críticos como algodón, aceite de palma y minerales, y abre la puerta a futuros aranceles si los países no corrigen sus normativas.
La USTR argumentó que la falta de controles en estos países constituye una práctica irrazonable que afecta negativamente el comercio estadounidense.
De América Latina y el Caribe están Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Fuera de la región, figuran China, India, Japón y Corea del Sur, así como la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Australia. También se investiga a naciones del sudeste asiático, incluyendo a Vietnam, Tailandia, Malasia, potencias energéticas de Medio Oriente, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Catar, además de países en África y Asia.
Según el comunicado, aunque la mayoría de estas naciones prohíben el trabajo forzado dentro de sus territorios, sus marcos legales no impiden que las empresas importen y vendan mercancías extranjeras fabricadas bajo esas condiciones.
“Durante demasiado tiempo, los trabajadores y empresas estadounidenses se han visto obligados a competir contra productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos artificial obtenida por la plaga del trabajo forzado”, dijo Greer, en una declaración.
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Posibles consecuencias
La USTR advirtió que, a pesar del consenso internacional contra estas prácticas, el uso del trabajo forzoso ha aumentado en los últimos años.
Según cifras de la OIT citadas en la investigación, 28 millones de personas estaban en situación de trabajo forzoso en 2021, un aumento de 2,7 millones respecto a 2016.
Este fenómeno generó ganancias anuales estimadas en US$63.900 millones en la economía privada global, con beneficios anuales por víctima de US$2.113 en el sector agrícola y US$4.994 en el sector industrial.
La USTR sostiene que los países que no regulan estas importaciones se convierten en destinos para mercancías denegadas en mercados con estándares más estrictos, perjudicando a los exportadores que compiten contra precios artificialmente bajos.
El documento detalla que el trabajo forzoso contamina toda la cadena de suministro en la que se da. Por ejemplo, la Lista TVPRA de 2024 del Departamento de Trabajo identificó 134 productos fabricados con trabajo forzoso en distintos países.
El listado incluye 34 productos derivados que se fabrican con insumos producidos mediante trabajo forzoso, como el algodón utilizado para producir prendas de vestir, textiles, hilo y lanas; minerales críticos utilizados para fabricar productos solares o piezas de automóvil; pescado utilizado para producir aceite de pescado y harina de pescado; y frutos de palma utilizados para producir aceite de palma o de semilla de palma, que se emplean en aceites de cocina y biocombustibles.
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La investigación determinará si la inacción de los países listados constituye un patrón persistente de conducta. El proceso contempla consultas con los gobiernos involucrados y un periodo de comentarios públicos hasta el 15 de abril de 2026.
El Comité de la Sección 301 celebrará audiencias públicas en Washington D.C. a partir del 28 de abril. Si la investigación concluye que estas prácticas son “injustificables, irrazonables o discriminatorias”, Estados Unidos podría imponer aranceles o restricciones de importación específicas a los productos de las economías investigadas.
