Bloomberg — El gobierno venezolano aprobó una ley de amnistía muy esperada que podría liberar a cientos de presos políticos, después de agregar excepciones que dejarían a muchos de ellos a cargo de un sistema judicial en gran medida desconfiado y probablemente excluirían de beneficiarse a muchos líderes de la oposición.
La medida, aprobada por unanimidad y ahora a la espera de la firma de la presidenta interina Delcy Rodríguez, no aplica a quienes promovieron, apoyaron o participaron en “acciones de fuerza” contra el país y su pueblo por parte de gobiernos extranjeros. Estas son acusaciones que el régimen, durante las últimas casi tres décadas, ha lanzado contra líderes de la oposición para inhabilitarlos para ejercer cargos públicos o enviarlos a prisión.
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La ley también establece que quienes soliciten amnistía deben obtener autorización judicial, ya sea en persona o, si se encuentran en el extranjero, a través de un abogado. Esto significa que muchos tendrían que enfrentarse a los jueces que los acusaron o los enviaron a prisión en primer lugar, en un sistema judicial que los observadores democráticos han calificado de corrupto bajo un régimen de partido único.
Aunque el gobierno interino elogia la medida como histórica, ambas disposiciones hacen que la ley de amnistía diste mucho de la legislación de gran alcance que muchos esperaban. La oposición, por su parte, rechazó el requisito judicial, pero finalmente votó a favor.
“Quienes se beneficien de la amnistía no deberían tener que pasar por ningún procedimiento restrictivo, sino recibir un trato preferencial”, dijo la diputada opositora moderada Nora Bracho durante el debate.
Aun así, la oposición no cuenta con suficientes escaños en la asamblea para impulsar una votación en cualquier dirección. Finalmente, apoyaron la propuesta debido a su “compromiso con la libertad de los presos políticos y de quienes han sido perseguidos”, dijo Bracho.
Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, el gobierno interino de Venezuela ha declarado haber liberado a casi 900 personas en un gesto de paz. Sin embargo, los venezolanos se han mostrado cautelosos ante la posibilidad de que los cambios no sean duraderos y que el partido gobernante se centre más en la imagen para convencer a la administración Trump de su cooperación.
Organizaciones independientes han verificado aproximadamente la mitad del número de personas que, según las autoridades, han sido liberadas de prisión y han criticado las condiciones de su liberación. Muchas han declarado que siguen sujetas a arresto domiciliario y otras restricciones.
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La ley de amnistía no levanta automáticamente esas condiciones. Siguen vigentes las prohibiciones a ciertos miembros de la oposición de ocupar cargos públicos.
Aún no está claro si Estados Unidos aceptará los términos de la amnistía. El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La oposición logró algunas victorias: la propuesta original solo se aplicaba a los detenidos en torno a nueve eventos políticos, incluidas las elecciones presidenciales de 2024. La versión más reciente ahora se aplica a 12 eventos, incluido el levantamiento de 2019 durante el gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, en el que participaron militares.
Aunque no esté explícito en la ley, una comisión de legisladores “corregirá” lo que el presidente de la Asamblea Rodríguez reconoció como “errores en el mal uso de la ley antiodio”, atendiendo parcialmente otra demanda de familiares, disidentes y activistas.
La ley no se aplicará a quienes sean imputados por graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio doloso, tráfico ilícito de drogas y delitos contra el patrimonio público.
Los legisladores también agregaron un artículo final que dice que aquellos que se beneficien de la ley y cometan delitos después de que entre en vigor serán procesados.
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