Bloomberg Línea — Venezuela avanza en una nueva regulación para las empresas de delivery que operan mediante aplicaciones, con un esquema que coloca a las plataformas digitales como responsables del servicio de reparto ante las autoridades y les impone nuevos requisitos para poder garantizar la seguridad vial y operar legalmente.
El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) estableció que las compañías propietarias de aplicaciones, páginas web y plataformas que afilian a conductores para prestar servicios de encomienda deberán contar con autorización del organismo, incluso cuando los repartidores utilicen vehículos propios o alquilados.
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La decisión puede impactar en el modelo operativo de plataformas como Ridery y otras empresas que han incorporado servicios de entrega a domicilio al ecosistema de movilidad y comercio digital venezolano.
La directora del INTT, Jessica Falcón, explicó durante una mesa de trabajo de la Comisión Permanente para la Seguridad Vial y la Reducción de la Siniestralidad en el Sector Motorizado que, aunque la ruta pueda ser acordada entre el conductor y el usuario, esta es previamente determinada por la aplicación.
Por ello, el organismo considera que el prestador del servicio es la empresa propietaria de la plataforma, y la que conforme al artículo 133 de la Ley de Transporte Terrestre, deberá contar con la autorización formal del Ministerio de Transporte para un nuevo esquema de regulación.
El criterio introduce una responsabilidad directa para las plataformas que operan mediante redes de conductores afiliados.
Un mercado de tarifas bajas
La regulación llega a un mercado en el que las aplicaciones de movilidad compiten agresivamente por precio y han convertido los viajes en moto en una alternativa de bajo costo para desplazarse por las principales ciudades venezolanas.
Una comparación publicada en febrero de 2026 para un trayecto de 1,2 kilómetros en Caracas encontró tarifas mínimas de US$0,31 en Yango, US$0,98 en Ridery y USUS$1,29 en Yummy para viajes en moto. En la modalidad de carro, los precios llegaban a US$4,20 en Ridery y US$4,25 en Yummy para ese recorrido.
En otro ejercicio realizado en 2025 para un recorrido de nueve kilómetros entre La Candelaria y Los Palos Grandes, Yango cobraba US$2,10 por el traslado en moto, frente a US$3,20 en Yummy y US$3,11 en Ridery. En carro, las tarifas eran de US$5,80, US$5,85 y US$5,57, respectivamente.
Los precios pueden variar según distancia, demanda, horario, promociones y disponibilidad de conductores, por lo que estas cifras sirven como referencia del nivel de competencia del mercado y no como tarifas oficiales vigentes.
La competencia se extiende además al delivery y al transporte de paquetes. Yummy, por ejemplo, concentra en su aplicación servicios de viajes, entregas de comida y envíos de paquetes mediante su servicio Mandaditos. La empresa afirma tener presencia en más de 20 ciudades del país.
Qué deberán cumplir las empresas
Las compañías deberán inscribirse en el Registro Nacional del INTT y contar con una escuela de conductores regulada por el organismo, encargada de emitir certificados de aptitud para la conducción comercial.
También deberán mantener vigentes pólizas de responsabilidad civil y seguros médicos, mientras que las motocicletas utilizadas para las entregas tendrán que someterse a revisiones técnicas periódicas realizadas por peritos autorizados por el instituto.
Estas inspecciones serán necesarias para tramitar la renovación anual del permiso de operación de las empresas.
La regulación también exige que los conductores reciban formación sobre las normas de tránsito y la Ley de Transporte Terrestre, además de conocimientos relacionados con la circulación por autopistas y vías urbanas y extraurbanas.
El INTT sostiene que estas medidas buscan reducir los accidentes en un sector donde el uso de motocicletas se ha expandido con el crecimiento de los servicios de reparto.
La plataforma como prestadora del servicio
Uno de los elementos centrales de la regulación es que el organismo no limita sus exigencias a los repartidores.
La normativa alcanza expresamente a las empresas propietarias de plataformas digitales, páginas web y aplicaciones móviles que incorporan conductores con vehículos propios o alquilados para prestar servicios de encomienda.
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Esto significa que la aplicación deja de ser vista únicamente como un intermediario tecnológico y pasa a quedar vinculada directamente con la prestación del servicio de reparto.
Para las empresas, el cambio puede traducirse en mayores obligaciones operativas y costos asociados con certificaciones, seguros, formación de conductores, inspecciones y permisos.
