La Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda está preparando un borrador de decreto que obligaría a las pensiones privadas a destinar una mayor parte de sus carteras a “actividades productivas”.
La decisión se enmarca en su estrategia de optimización del portafolio y fortalecimiento de su propuesta regional de servicios financieros para la región, de acuerdo con lo indicado por las directivas.
La diáspora mueve alrededor de US$10.600 millones anuales por consumo en la región. Sin embargo, existe una “degradación de habilidades” a la hora de conseguir empleo.
La presión bajista sobre los precios del petróleo a nivel global redefine el entorno externo de Colombia, en un escenario en el que el consenso del mercado anticipa cotizaciones más bajas en 2026 y una dinámica de oferta que supera al crecimiento de la demanda.
La agencia destacó que las calificaciones de Colombia se ven respaldadas por un historial de preservación de la estabilidad macroeconómica y financiera a pesar de varias crisis, en parte gracias a la independencia del banco central.
En noviembre, Brasil y México se mantuvieron dentro del rango de tolerancia, mientras que Argentina sufrió un alza interanual y no logra perforar el 2% mensual.
En 2026, el sistema financiero colombiano enfrentará tasas altas, morosidad persistente y márgenes estrechos, lo que obligará a bancos y fintech a mejorar su eficiencia operativa.
Entre las principales preocupaciones del sector destacan la viabilidad económica de electrificar flotas de transporte pesado y la confiabilidad del suministro en zonas remotas.
La medida se aplica a inmigrantes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, y a sus familiares directos, según informó el viernes el Departamento de Seguridad Nacional.
El miércoles se pidió la renuncia de unos 30 funcionarios de la Unidad de Regulación del Ministerio de Hacienda, según una persona con conocimiento directo de la decisión.
