La administración Trump ofreció US$4,7 millones a El Salvador para encarcelar a los migrantes venezolanos deportados, con restricciones sobre cómo se puede usar el dinero.
Un juez federal en San Francisco frenó los intentos de la Administración Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes de Venezuela y Haití.
Estados Unidos rechaza las declaraciones de funcionarios salvadoreños que sugieren que la administración Trump mantuvo la autoridad legal sobre los migrantes venezolanos que envió a una prisión salvadoreña.
Los nuevos aumentos migratorios en EE.UU. preocupan, pero para los venezolanos el verdadero problema es otro: una restricción que frena la aprobación de visas.
Ciudadanos de Nicaragua y Haití también figuran entre los impactados por la revocatoria del Programa de Libertad Condicional CHNV. La administración Trump incluso les pide autodeportarse.
El juez federal James Boasberg determinó que la administración Trump “claramente privó” a los venezolanos enviados al CECOT de sus derechos al debido proceso.
Al menos 350.000 ciudadanos venezolanos en Estados Unidos se vieron afectados por la revoctoria del TPS, un estatuto gracial al cual podían conseguir empleo y evitar ser deportados.
Tras el respaldo de la Corte Suprema a la administración de Donald Trump en torno al Estatus de Protección Temporal, los ciudadanos venezolanos tienen tres alternativas en busca de quedarse en el país.
El dictamen de una juez de Boston es otro revés legal para la administración Trump y su esfuerzo por descontinuar los programas de inmigración de la administración Biden.
La extensión de la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela comienza el 3 de abril de 2025 y permanecerá vigente por 18 meses.
La Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por el presidente Donald Trump para enviar a 238 ciudadanos venezolanos a El Salvador, continúa en el ojo del huracán.
