La inflación esperada para cierre de 2026 sigue por encima del 6% pese al alza de un punto porcentual en las tasas. Analistas advierten que el mercado espera mayor evidencia antes de corregir de forma sostenida sus proyecciones.
Tras la suspensión provisional del decreto del salario mínimo 2026 por parte del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro convocó marchas. La decisión abre un nuevo pulso político y jurídico en torno al ajuste salarial y sus efectos económicos.
La decisión de suspender, provisionalmente, el aumento del salario mínimo no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia.
Tras la suspensión provisional del decreto que aumentó el salario mínimo en 23,7% para este año, el Consejo de Estado ordenó expedir uno nuevo. El Gobierno no descarta decretar un alza mayor.
A menos de un mes de las elecciones legislativas y partidistas, el Consejo de Estado le ordenó al Gobierno de Gustavo Petro expedir un decreto provisional fijando un nuevo salario mínimo bajo criterios específicos. De cómo se venda el mensaje dependerá quién lo capitalice en las elecciones.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que “estamos jodidos” porque el Consejo de Estado no deja que haya más plata en el bolsillo de los trabajadores y la Corte Constitucional no deja que se le impongan impuestos a los ricos.
El tribunal le ordenó al Gobierno Nacional expedir un nuevo decreto que tenga en consideración las variables de inflación y productividad, mientras toma una decisión de fondo.
El dato de inflación de enero mostró presiones asociadas al aumento del salario mínimo en varios rubros, especialmente en servicios intensivos en mano de obra, sin que el resultado agregado fuera peor de lo esperado.
Para ANIF, la metodología no tiene en cuenta diferencias en la canasta de costos a nivel regional y tampoco explica los bienes o
servicios que hacen parte del grupo de “otras necesidades” que incorpora en su estimación.
El fuerte incremento del salario mínimo para 2026 alteró de forma abrupta las perspectivas de inflación en Colombia, provocó un desanclaje significativo de las expectativas y reavivó el debate sobre la credibilidad del esquema de inflación objetivo.
Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria) reporta que el 90 % de los trabajadores de estas industrias reciben una remuneración cercana al salario mínimo, lo que genera un impacto directo a los operadores y al costo logístico.
El presidente Petro, su ministro de Hacienda y el codirector del banco central, César Giraldo, no encuentran relación entre salarios y precios, pero desde la industria financiera les muestran la cara oculta del alza.
Un decreto expedido a finales de 2025 modificó el mecanismo con el que se cubre el deslizamiento del salario mínimo en el cálculo de las rentas vitalicias.
En medio de una ola de aumentos de precios, la SIC advirtió que vigilará la fijación de precios en sectores como la construcción, los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos.
Alrededor del 60% de los trabajadores en Colombia son informales, sin acceso a seguros sociales contributivos, como el seguro de desempleo, las pensiones de vejez o las bajas remuneradas por enfermedad y maternidad.
El incremento del 23% que se realizó sobre el salario mínimo es clave a la hora de fijar el precio de la vivienda de interés social para este año en el país.
Tras varios meses estancado sobre 5,2%, el IPC cedió levemente al terminar el año, pero de cara al 2026 todas las proyecciones apuntan a un fuerte aumento de precios.
El desanclaje de las expectativas inflacionarias, junto con la alta probabilidad de incumplir la meta por sexto año consecutivo, llevaría al Banco de la República a subir la tasa de política monetaria.