:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/LYRH257PKNCM7NNNGCRKAEFLWE.jpeg "Desde el año pasado cursaban tanto una acción de tutela como una acción popular para tratar de impedir la firma de los contratos.")
Bogotá — Un polémico contrato de conectividad rural genera polémica en Colombia y ha puesto al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC) contra las cuerdas, ante los pedidos de renuncia de la jefe de esa cartera por parte de varios sectores y en medio de las audiencias del caso.
Para esta inversión, considerada la más importante del Estado en los próximos 10 años en materia de conectividad rural, se dividió el contrato en dos regiones. La zona A fue adjudicada a Claro y la B a Centros Poblados, un proponente muy cuestionado ante su presunta falta de experticia en el despliegue de esta infraestructura.
La A está integrada por Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés, y la B la componen Amazonas, Arauca, Bolívar, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena Putumayo, Vichada, entre otros.
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Esta fue una de las licitaciones más importantes del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) en años e involucra una inversión total por cerca de $2,1 billones, según lo dio a conocer el MinTIC.
“Este es el proyecto de conectividad rural más ambicioso en la historia de Colombia”, dijo en su momento la ministra TIC, Karen Abudinen. Y si bien el plan apuntaba a que unas 10.000 comunidades rurales contaran con acceso a internet gratuito hasta el 2030, medios locales revelaron que para abril de este año el avance de los proyectos en la región B era de apenas 1,2 %, pese a que ya se le habían entregado millonarios anticipos al adjudicado equivalentes a más de $70.000 millones.
Y en el marco de la audiencia para revisar los presuntos incumplimientos, la apoderada del Banco Itaú denunció que la garantía bancaria presentada por el contrastista Unión Temporal Centros Poblados “no fue expedida por su entidad”, tal y como lo informó la propia ministra.
Al respecto, Itaú aclaró que “no contrata intermediarios para la expedición de garantías bancarias, pues la entidad atiende directamente a través de sus propias oficinas y funcionarios”.
“El banco hizo todas las verificaciones necesarias y al establecer la falsedad de los documentos informó a la Fiscalía General de la Nación, en el marco del proceso en el que el banco actúa como víctima de los autores y responsables de la falsedad de las garantías bancarias presentadas”, informó este miércoles.
Los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son falsos.
Itaú
En este sentido, el Ministerio procedió de “manera inmediata” a presentar la respectiva denuncia ante las autoridades colombianas “por esta irregularidad” con la documentación. “No vamos a permitir que los recursos destinados para conectar a los niños y niñas de este país se los roben inescrupulosos”, dijo Karen Abudinen.
Además, en julio el MinTIC dio a conocer el acta que declara la caducidad del contrato 1043 de 2020, de la Unión Temporal Centros Poblados. “El Ministerio ejerció su obligación de defender el interés público y el acceso a la conectividad y a la educación de los colombianos”, señaló.
En la audiencia de este miércoles, los abogados de Centros Poblados reclamaron el derecho a la presunción de inocencia y que la ministra “condene” a sus clientes al llamarlos supuestamente “ladrones e inescrupulosos” en redes sociales.
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Advertencias desde 2020
Lo delicado del asunto es que desde el año pasado cursaban tanto una acción de tutela (11001-33-42-049-2020-00350-00) como una acción popular (25000234100020200087400) para tratar de impedir la firma de los contratos, el desembolso de anticipos y/o la suspensión del proyecto de conectividad. Incluso desde entonces advertían que el polémico proponente presuntamente no había obtenido una póliza de seriedad, por lo que debió presentar una garantía bancaria.
“Dada su fragilidad financiera, es posible que no consiga la póliza de cumplimiento del contrato por más de $1 billón”, advertían algunas fuentes en su momento.
El contrato, adjudicado a finales de año, ha desatado polémica desde sus inicios dado que varias fuentes apuntan a que el FondoTIC “no escogió ni la mejor oferta, ni al mejor oferente”, ya que se desestimaron ofertas como la de China Great Wall Industry Corporation y la estadounidense UT RED IRIS, compuesta por Hughes SAS y BT LATAM, propiedad de Sencinet.
Según fuentes consultadas por este medio, estas ofertas fueron desestimadas presuntamente por formalidades como la falta de traducción de un sello, en el caso de la firma china, y un “problema” de registro en la Cámara de Comercio, en el de los estadounidenses, lo que habría llegado incluso a generar reclamos diplomáticos.
Sin embargo, lo que llegó a generar más polémica fue el supuesto rol de un abogado asesor del Ministerio que al parecer presentó más de 210 observaciones que llevaron a la descalificación de proponentes que supuestamente sí contaban con la tecnología satelital requerida y no debían subcontratar.
Bloomberg Línea trató de contactarse con la oficina de prensa de la ministra Abudinen pero aclararon que no se pronunciarán en medio de las audiencias que se adelantan al respecto.
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